Entre aquellos a quienes les ha sucedido una desgracia, hay los que, por paradójico que parezca, tienen mejor suerte que otros, pues no es lo mismo que un ser querido muera de vejez o de enfermedad o de accidente aun si es joven, a que muera asesinado. Y dentro de eso, no es lo mismo morir inmediatamente que haber sido herido y vivir larga agonía o peor todavía, haber sido violado o torturado. Y hay todavía una triste categoría más, que es la de los desaparecidos, porque allí no hay la certeza de si está muerto, de modo que siempre queda un resquicio de esperanza. O de mayor desesperación, pues si está vivo es inevitable imaginar cuáles pueden ser las circunstancias de su vida.
En las semanas recientes, con el hallazgo de tantos cadáveres, ha sido impresionante lo que nos hemos enterado de cuántas personas buscan a parientes desaparecidos. Es obvio que esto no empezó apenas, pero nunca nos lo habían dicho.
Hay pocos relatos en los que se recogen las historias de las familias que cuentan su dolor y sus vía crucis para tratar de encontrar a sus seres queridos desaparecidos o muertos. Llama la atención que siempre son mujeres: una madre, una esposa, una hija, una hermana que hacen esa búsqueda y cuyo único deseo es encontrar a su ser querido y si además de esto se puede, conseguir que se haga justicia.
Los relatos son sobrecogedores por sí mismos, pero también por la actitud de las autoridades.
Algo impresionante es a lo que llegan algunos con tal de conservar la esperanza: “Que por lo menos haya sido secuestrado, porque nos cuentan que reclutan a muchas personas y las sueltan hasta que ellos deciden. Puede pasar un mes, dos, mucho tiempo, esperamos que este sea nuestro caso, la familia confía en que esté vivo”.
Esperanzas como esta se fortalecen cuando se encuentra a personas plagiadas vivas. Pero al mismo tiempo, esos casos alimentan la desesperanza, porque también hacen evidente el peligro en el que vivimos al confirmar la inseguridad en carreteras y medios de transporte y la incapacidad o falta de voluntad de autoridades y policías.
También es impresionante ver cómo las familias van de un lado a otro tratando de obtener información, alguna pista sobre el paradero de quien buscan. Se trasladan de ciudad en ciudad, incluso a la capital, y allí los remiten de una oficina a otra oficina, del Ministerio Público a la policía, de la PGR al Semefo. Tienen que hacer trámites, llenar papeleo, responder a preguntas, hacerse análisis de sangre. Y aun si están dispuestos a todo esto, no siempre les resulta: hay un relato de unos a los que no les aceptaron levantar la denuncia “porque ahorita sólo atendemos las de desaparecidos el año pasado y no de antes”.
¡Es el colmo!
Y todavía peor la tienen aquellos que ni siquiera son ciudadanos mexicanos y pretenden encontrar a su pariente. Es el caso de los centroamericanos. Así como nunca nos dijeron que estaban sucediendo los secuestros de autobuses (imposible pensar que nadie lo sabía) así no nos dicen nada sobre esos extranjeros. En días pasados recibí un correo electrónico de una lectora en Estados Unidos que me dice: “Todos los amigos centro y suramericanos con los que platico tienen un pariente perdido o saben de alguien que perdió un pariente. Y no sale en ningún medio. Los centroamericanos por más que piden ayuda a sus países o a las autoridades mexicanas, nadie les hace caso”.
¿Qué vamos a hacer con México? ¿Es que ya no se va a poder tomar un autobús o irse en el propio auto a trabajar o a pasear?
Da mucho coraje que mientras esto sucede, los senadores se construyen edificio nuevo, el IFE se gasta 300 millones en remodelar su edificio y los magistrados se regalan bonos. ¿Son estos los que nos representan, cuidan nuestra democracia, imparten justicia? ¿No debería ese dineral gastarse en cosas que de verdad le hacen falta a los ciudadanos, desde mejor vigilancia hasta capacitación y concientización de los burócratas y funcionarios?
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
cuatro presuntos pistoleros fueron detenidos el 3 de septiembre luego de un enfrentamiento con elementos de la Armada mexicana y posteriormente fueron detenidos otros tres presuntos delincuentes también involucrados. Sin embargo, el 10 de septiembre, el presidente Felipe Calderón anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre. Lo que, a pesar de que las cuentas no cuadran, parecía indicar que el asunto había quedado resuelto.
No obstante, meses después, en febrero de este año, salieron desplegados en los periódicos donde se ofrecían recompensas de ocho millones por la captura de Román Rincones El Coyote y Juvenal Burciaga El Alacrán, y cinco millones por José Guadalupe Reyes Rivera El Sasi. Es decir, los capturados y muertos en refriegas con el Ejército, al parecer, no eran los cabecillas de la masacre de San Fernando. Ahora resulta que El Coyote, jefe de la plaza de San Fernando, sigue libre y se le relaciona con la segunda masacre. Pero las últimas detenciones señalan a Martín Omar Estrada El Kilo, como el responsable de la plaza y de la segunda masacre.
Es complicado seguir por la prensa todos los vericuetos de la investigación. Pero lo que si podemos constatar es que a Los Zetas, después de la primera masacre, seguían tan campantes en el municipio de San Fernando, secuestrando pasajeros de los camiones y asesinando a mansalva.
Nos habíamos quedado con la idea de que el asunto de San Fernando estaba más o menos resuelto y había que pensar en otros horrores de la geografía nacional. Pero en realidad las acciones del gobierno federal fueron limitadas y deficientes y las del gobierno estatal nula. No así el accionar de Los Zetas que asesinaron al agente del Ministerio Público y al secretario de Seguridad del municipio de San Fernando, que se supone avanzaban en las pesquisas, o por lo menos, eso parece indicar el que hayan sido sacrificados.
La costumbre de encontrar culpables y no a los culpables es un cáncer que corroe al sistema de justicia mexicano desde hace décadas. Y tenemos todo el derecho a sospechar, preguntar y exigir información precisa sobre los procedimientos de la investigación y la procuración de justicia. Lo mismo que sucedía en tiempos del PRI, sucede ahora en tiempos del PAN.
De Acteal ya sabemos los resultados. El cochinero de la procuración de justicia fue tal, que hubo que liberar, 10 años después, a todos los presuntos culpables, indiciados y condenados. La ausencia total del debido proceso, el abuso en la procuración de justicia y la interferencia de intereses políticos que buscaban, lo antes posible, a unos culpables y no a los verdaderos culpables, llevó a uno de los fiascos más espectaculares de la justicia mexicana.
Los abogados de la escuela de derecho del CIDE, que retomaron el caso, desmontaron y demostraron con pelos y señales el cúmulo de arbitrariedades, abusos e inequidades de los ministerios públicos, jueces y abogados. Y ¿qué ha pasado con los responsables de semejante fiasco? Pues que siguen tan campantes en sus escritorios, procurando justicia.
Qué es lo que ha sucedido con los asesinos de los jóvenes en Morelos, vilmente asesinados sin que medie explicación alguna. Las declaraciones que dio el detenido José Luis Luquín son por demás extrañas y contradictoras. También la manera en que fue denunciado, por una llamada anónima, encontrado en una cajuela y luego detenido por el Ejército.
Por eso hay que preguntar, qué fue lo que pasó tras la primera masacre de San Fernando. Dónde están los culpables, los cómplices, los responsables de la investigación y los encargados de la procuración de justicia. No puede ser que ahora capturen a más de una docena de policías de San Fernando y que no hayan estado involucrados en la primera masacre.
El resultado de tanta desidia, ineficiencia y falta de capacidad operativa haya sido la segunda versión de la masacre. Es la impunidad la que genera la espiral de violencia. Si no les pasa nada a los asesinos después de masacrar vilmente a 72 inocentes, pues hay que esperar las consecuencias.
Cuando se detienen a seis camiones de autobuses de distintas compañías y se secuestran a los pasajeros y no pasa nada, hay que esperar consecuencias. Cuál ha sido el papel de las compañías que son responsables de llevar a los pasajeros a su destino. Donde están las denuncias, donde están las medidas tomadas por las autoridades.
Ahora nos enfrentamos con 177 cadáveres y los que falten por contar. Y los culpables no sólo son los feroces, cobardes y desalmados asesinos que presenta la televisión, muchos de ellos con caras de niños asustados. También son culpables los que se encargaron de la investigación y la procuración de justicia. Todos hablan de la masacre de San Fernando menos el novato gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien heredó la candidatura después del asesinato de su hermano. Su arribo reciente al poder no lo exime de la responsabilidad. Tampoco al PRI que suspira por la presidencia, cuando los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas se distinguen precisamente por su total incapacidad para combatir y controlar al crimen organizado. Son estados fallidos que demuestran de manera cotidiana, su incapacidad, complicidad y falta de voluntad política.
El gobierno de Calderón ya está siendo juzgado y abrumado por el peso de 35 mil cadáveres. Pero no es el único responsable. Ante la situación de emergencia que vive el país, estamos hasta la madre de ustedes, políticos
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Para Javier
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