Injustificable

Editorial La Jornada

El mediodía de ayer, en un tramo de la Autopista del Sol cercano a Chilpancingo, dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que participaban en un bloqueo carretero fueron asesinados a balazos por elementos policiales o parapoliciales, cuya adscripción no ha sido establecida. Lo que se sabe hasta ahora es que desde mediados de octubre ese plantel se encuentra acéfalo y que los cerca de 500 jóvenes inscritos en él no han tenido clases.

A finales del mes antepasado, el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ellos a incrementar la matrícula escolar, a disminuir los promedios de ingreso y a otorgar plazas de docentes a los egresados de la generación 2012. Como no cumplió, el pasado 13 de noviembre los estudiantes realizaron un primer bloqueo, que fue rápidamente disuelto por la Policía Federal (PF).

Hace una semana, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los estudiantes ocuparon momentáneamente varias radiodifusoras de la capital estatal. Ayer volvieron a bloquear la Autopista del Sol; contingentes de policías municipales, estatales y federales fueron enviados a desalojarlos.

Ni las autoridades de Guerrero ni las federales han sido capaces de informar de manera clara y puntual sobre lo ocurrido. Unas y otras incurren en contradicciones y desmienten que los disparos homicidas hayan procedido de sus respectivas fuerzas y prometen investigar lo sucedido.

Urge que así sea, que el esclarecimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y que se castigue conforme a derecho a los autores materiales e intelectuales de los homicidios. Pero más allá de esto, este injustificable acto represivo muestra hasta qué punto se ha erosionado el respeto a la vida humana en el país, cuán amenazados se encuentran disidentes, opositores, activistas y manifestantes, y hasta dónde han llegado las autoridades en su abandono de las formas correctas de gobernar.

Si el gobierno local hubiese atendido –o cuando menos escuchado– las demandas estudiantiles, las protestas no habrían tenido lugar. Por otra parte, se ha afirmado que los estudiantes pretendieron incendiar una gasolinera en el curso de su protesta y que impidieron el tránsito en la autopista en la que tuvo lugar la refriega, circunstancias que, ciertamente, habrían ameritado el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Pero ésta debe recurrir a los numerosos recursos de disuasión no letales con los que cuenta, desde los escudos y toletes hasta los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión. En cambio, el uso de armas de fuego contra jóvenes que exigen montos adicionales para su presupuesto y mejores condiciones para la educación, retrata en forma descarnada a un poder que ha perdido el rumbo.

El asunto resulta doblemente exasperante si se considera que ese poder, en todos sus niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la ilegalidad, y que el pregonado empeño contra la delincuencia organizada ha dado lugar a incontables atropellos contra la población.

Los gobernantes y la sociedad deben hacer conciencia sobre la intrínseca inmoralidad de un modelo que por un lado,genera profundos y extendidos descontentos sociales y que, acto seguido, pretende suprimirlos mediante el abuso de la fuerza. Ese camino desemboca, a la larga, en la desintegración nacional.

Ayotzinapa, otra vez

Luis Hernández Navarro

Angel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.

Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.

Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos.

El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año, se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad alumnos.

En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. La matrícula escolar es de cerca de 500 alumnos, todos de extracción humilde. Son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora.

El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: estamos rezagados en alfabetización, en educación prescolar, en primaria y en secundaria.

Las normas rurales son una de las pocas vías de movilidad social al alcance de los jóvenes en el mundo campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. La contradicción entre escasez de medios materiales y pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen las actitudes y posiciones políticas radicales. Las expectativas de ascenso social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede con sus escuelas no es un hecho ajeno a ellas.

Las normales rurales son una herencia de la escuela rural mexicana y del cardenismo. De las 36 instalaciones que funcionaron en el país hoy sólo sobreviven 16. Muchas de ellas fueron cerradas a raíz del movimiento estudiantil de 1968. Otras, como resultado de la huelga general que protagonizaron entre julio y agosto de 1969.

Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sus objetivos originales pueden resumirse en: proporcionar una educación democrática; participar en la vida económica de las escuelas, sobre todo en el manejo correcto de los dineros destinados a la alimentación; mejorar la salud, vestuario y alimentación; respetar, conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres, equipos de dormitorio, comedor y bienes destinados por el gobierno federal para uso de los alumnos; respetar el funcionamiento de las sociedades de alumnos, y, la selección del personal, especialmente de los catedráticos.

Gobernadores, autoridades educativas de todos los niveles y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto acabar con las normales rurales. Especialmente, Elba Esther Gordillo las detesta. El 5 de agosto de 2010, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, sentenció: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”.

Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la alumnocracia y el desorden, que, según él, privan en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque –dijo– son vándalos.

El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año, se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.

Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomaron la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. Esa es la democracia guerrerense, así es la democracia mexicana.