Traición al Estado laico

Gabriela Rodríguez

Policías que matan estudiantes, más muertos y más violencia cada día, y cada vez más urgente la necesidad de lograr un cambio verdadero. Enfrentamos una guerra material y cultural, el peor momento del país que me ha tocado vivir.

Pero a los legisladores del PAN y del PRI lo único que les preocupa es la campaña electoral, y como al votar juntos suman las tres cuartas partes que exige toda reforma constitucional, esta semana quisieron ganarse al episcopado mexicano al cambiar el artículo 24 de la Constitución; pero el intento les falló, y ante las irregularidades del proceso ayer las y los legisladores de la izquierda tuvieron que tomar la tribuna. Esperamos que no vuelvan a presentar una reforma que atenta contra el Estado laico.

La reforma pretendida no es menor. Querían cambiar el concepto anterior de libertad de creencia por el de libertad de conciencia y religión, además de derogar el párrafo que sujeta la realización de los actos de culto público en los templos, lo cual tiene un gran riesgo: abre la puerta para difundir ideas religiosas en los espacios públicos, en las calles, en los medios, y –en la concepción del episcopado– la libertad de religión podría incluir a las escuelas públicas.

Increíble pero cierto, lo que los jerarcas eclesiales perdieron frente a Benito Juárez en 1857, frente al Constituyente de 1917 y en la Guerra Cristera, quieren recuperarlo en pleno siglo XXI. La gravedad de la reforma pretendida es el riesgo de quitar al Estado la hegemonía de la educación y echar atrás un proceso que permitió que las prácticas religiosas se circunscribieran a la vida privada, que los mexicanos fuésemos formados con base en los valores democráticos y constitucionales, en los conocimientos científicos y en las humanidades, una reglamentación que durante 150 años nos permitió modernizarnos y secularizarnos, ejercer los derechos humanos y ser libres.

Se trata de una iniciativa innecesaria y discriminatoria porque ya esta contemplada la libertad de creencias y de culto en la Constitución, pero ahora querían otorgar grandes privilegios a la jerarquía católica sin brindar ningún beneficio al resto. Se vulneraría la democracia porque discrimina a muchos católicos que no comulgan con las ideas de los obispos, a las minorías religiosas y a quienes no profesamos ninguna religión.

Las principales víctimas de la desregulación de las ideas religiosas serían las familias pobres: las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres y las minorías sexuales, las familias de hogares marginales, rurales e indígenas, así como quienes tienen menor capital cultural y cuentan con menos libros e información en casa. Porque la difusión del catolicismo en los espacios públicos no sólo promueve el amor al prójimo, sino que puede deformar el derecho a la información y atentar contra los derechos sexuales y reproductivos: cuando desprecia el erotismo y distorsiona el vínculo del amor y la sexualidad, cuando devalúa las capacidades de niñas, niños y adolescentes al negarles el derecho a la información y dejarlos más vulnerables al abuso sexual y la pederastia, cuando discrimina a solteros y solteras con vida sexual activa y a las minorías sexuales, al promover la virtud de la castidad y de la virginidad, al condenar los pecados de la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución y los actos homosexuales; y limita el acceso a la salud reproductiva y a la maternidad voluntaria, al proscribir el condón, los métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo.

Esta semana PRI y PAN perdieron una batalla contra el Estado laico pero ganaron otra: no lograron cambiar el artículo 24 para que los ministros religiosos llamaran a votar por sus siglas, pero triunfaron al traer al Papa y así poder manipular a las masas en plena campaña electoral.

Las elites políticas deberían tomar en cuenta la opinión de las nuevas generaciones, quienes actualmente representan la mayoría de los votantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 60.9 están en desacuerdo en que la Iglesia participe activamente en la política, 49.4 por ciento considera que la Iglesia no tiene una respuesta adecuada para los problemas sociales concretos del país, 66.2 por ciento de los jóvenes y 54.20 de ellas utilizaron un anticonceptivo en su primera relación sexual, y en cuanto a sus creencias 83 por ciento son católicos, 7.8 son cristianos, y actualmente 7.9 no tienen ninguna religión, lo cual aumentó 4.9 puntos porcentuales en cinco años.

La historia nos enseña que brindar mayor libertad de acción a las elites religiosas no garantiza una convivencia pacífica ni armoniosa sino todo lo contrario. Para evitar enrarecer más el ambiente electoral o calentar los ánimos en un caldo de cultivo tan violento como el que prevalece en nuestro territorio, habría que fortalecer la laicidad del Estado, denunciar lo peligroso de vulnerarla y además solicitar al Vaticano que posponga la visita del Papa para 2013. Aunque parece que la violencia no es un asunto que les quite el sueño ni a los candidatos ni a los legisladores de la derecha.

grodriguez@afluntes.org @Gabrielarodr108

Golpe al Estado laico

Editorial La Jornada

En una accidentada sesión, la Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría y con el respaldo de las bancadas de PRI y PAN, una reforma constitucional que permite la realización de actos de culto en espacios públicos sin dar aviso a la autoridad correspondiente, lo que incluye la difusión de ceremonias religiosas en medios masivos de comunicación e incluso abre la posibilidad de que las organizaciones clericales sean concesionarias de radio y televisión.

La reforma se sustenta en aseveraciones tan falaces como que no permitir la realización pública de ceremonias religiosas es un atentado a la libertad de creencia e implica que el Estado mexicano sea anticlerical por definición. El señalamiento es improcedente porque en ningún punto de la legislación en vigor se establece que las autoridades tengan capacidad de proscribir o perseguir a ningún credo: por el contrario, el artículo 24 de la Constitución ordena: El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna, en tanto que el 130, si bien consagra el principio institucional de la separación entre las iglesias y el Estado, ordena al segundo no intervenir en la vida interna de las primeras.

En todo caso, lo que parece estar detrás de la aprobación legislativa de ayer –además de las presiones ejercidas por la jerarquía católica del país y de un inocultable oportunismo electorero de PRI y PAN– es una grave falta de discernimiento de los legisladores que avalaron la citada enmienda, al sostener que, en aras de la libertad de culto, el espacio público no debe ser regulado en su laicidad: debe recordarse que la esfera pública, en tanto escenario de la interacción social cotidiana, está sometida por definición a la regulación del Estado; éste, a su vez, debe fijar las condiciones de su uso colectivo e individual del espacio público, a efecto de garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, y ello incluye, desde luego, mantenerlo al margen de cualquier sesgo confesional. No existe, pues, afán anticlerical alguno en la reivindicación de que las instituciones estatales acoten la realización de los actos religiosos a los templos, sino el reconocimiento de la necesidad de preservar un ámbito neutral para todas las personas, independientemente de su credo.

Por otra parte, resulta preocupante que los promotores de la citada reforma equiparen las limitaciones a la difusión de actividades religiosas en medios masivos con una censura previa, y que se pretenda, con base en ello, dar concesiones de radio y televisión a las organizaciones religiosas. La argumentación contrasta con el trato discriminatorio que la propia autoridad ha dado en ese ámbito a entidades federativas, municipios, universidades, comunidades, gremios y otras formas de organización social, algunas de las cuales tienen mayor trascendencia legal y social que cualquier instancia religiosa, incluida la Iglesia católica, y que tendrían que verse beneficiadas, antes que éstas, de una eventual liberalización de las concesiones de medios electrónicos. En cambio, un efecto posible de la reforma avalada ayer es la colocación de frecuencias televisivas y radiofónicas en manos de las instituciones religiosas que cuenten con más recursos económicos, y ello podría agravar el desequilibrio que persiste en favor esas organizaciones e incrementar el poder de facto que ejercen sobre la sociedad y las instituciones.

Por lo demás, es cuestionable la aseveración de que con estas modificaciones en el texto constitucional se reconoce el derecho implícito en la tutela de los padres sobre los hijos para enseñarles la religión que profesan, cuando las leyes vigentes permiten que las familias eduquen a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, ya sea en los propios templos o en colegios privados. En cambio, la votación legislativa de ayer sienta un precedente nefasto y un riesgo considerable para la vigencia de otros preceptos, como el carácter laico de la educación pública asentado en el artículo tercero de la Carta Magna.

En suma, la aprobación de la reforma referida no derivará en una sociedad más libre, como afirman sus impulsores: por el contrario, y dada la correlación de fuerza existentes entre las autoridades políticas y los poderes fácticos –incluida la Iglesia católica– cabe suponer que esto se traduciría, si hallara convalidación en el Senado, en una sociedad más intolerante, en un poder político más atado de manos ante el clero, en una multiplicación de la capacidad de chantaje de las jerarquías eclesiásticas y en un debilitamiento del carácter laico del Estado.