José Antonio Crespo
Tiene razón Felipe Calderón, al prender la alarma sobre la posible y actual injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. El dinero del narcotráfico seguramente ha estado presente en elecciones de distinto rango desde hace décadas. Lo novedoso sería el nivel de injerencia, el monto de las “aportaciones”, y desde luego, la violencia involucrada en las elecciones. No habíamos visto, por ejemplo, el asesinato de alcaldes o la muerte de un candidato a gobernador, como ocurrió en Tamaulipas, además de numerosos candidatos a diversos cargos y de distintos partidos, que se han visto orillados a declinar en sus aspiraciones a partir de amenazas perfectamente factibles de cumplirse. El panorama es bastante peor que algunos años atrás y exige, como lo solicita Calderón, la acción conjunta y pactada de todos los actores políticos.
Sin embargo, si Calderón de verdad quería conceder la mayor importancia a ese peligro (y abordarlo con una visión de Estado, como exige) no debió darle un cariz partidista al enfocarse en la reciente elección de Michoacán, donde su hermana perdió por un margen estrecho. Genera sospecha, como mucho se ha dicho, que el propio PAN no haya denunciado el hecho en esa entidad sino hasta conocer su derrota, con lo que le dio al tema un cariz inevitablemente electorero. Y aunque haya claros indicios de que hubo algún tipo de injerencia, no parece haber suficiente información como para concluir que resultó determinante en el resultado. Desde luego, en una interpretación amplia de la ley, como la que en su momento hizo en Tabasco 2000 y Colima 2003, el máximo Tribunal Electoral podría determinar la anulación del proceso. Pero en una lectura estrecha como la que hizo en la elección presidencial en 2006, no sería fácil probar el carácter determinante de las irregularidades detectadas. Dice Calderón que su preocupación no responde a ningún interés partidista, y que desea que el proceso electoral sea limpio y transparente, gane quien gane (posición que ojalá hubiera mostrado en 2006, pero más vale tarde que nunca).
Sin embargo, hay muchos elementos para pensar que a Calderón le preocupa más el posible triunfo del PRI, cuando insiste en señalar al PAN como el perjudicado de las maniobras criminales, y al PRI como su beneficiario. Eso, más allá de ser cierto, introduce la sospecha de partidizar el problema y de buscarle nuevamente un efecto electorero. Más aun cuando en días previos lanzaba el exhorto de votar por “demócratas que actúen cuando la intromisión de criminales en la determinación del voto libre de los ciudadanos es, simple y sencillamente, sea por acción u omisión, inadmisible” (21/nov/11). Más aun cuando de tiempo atrás conocemos la particular animadversión de Felipe hacia el eventual triunfo del PRI (que seguramente sería tomado como clara prueba de su fracaso gubernamental). De hecho, Calderón, al insistir en que lo ocurrido en Michoacán es determinante en los comicios, y advertir que eso mismo podría ocurrir a nivel nacional, implícitamente reconoce que el gobierno va perdiendo la guerra contra el crimen.
Ante la evidente partidización y uso electoral de tan grave problema, Calderón lo trivializa y desvía la atención que nacionalmente merece. Lo cual provocó la inevitable reacción del PRI. Hay quienes sospechan incluso que detrás de las declaraciones de Calderón se esconde algo más grave que la mera politización del problema con fines electorales; temen que esto sea el anuncio o preparación de un intento presidencial de suspender las elecciones, sea por vía institucional (a través de un acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, como el que se exploró en Michoacán, o la declaración de un estado de excepción nacional), o extrainstitucional (un atentado contra alguno de los candidatos). No creo que llegue a tanto, además de que cualquier acción en ese sentido parece destinada al fracaso. En todo caso, el problema real existe y ahí está, pese al torpe sesgo partidista y uso electoral que de él ha hecho Calderón.
cres5501@hotmail.com
Tiene razón Felipe Calderón, al prender la alarma sobre la posible y actual injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. El dinero del narcotráfico seguramente ha estado presente en elecciones de distinto rango desde hace décadas. Lo novedoso sería el nivel de injerencia, el monto de las “aportaciones”, y desde luego, la violencia involucrada en las elecciones. No habíamos visto, por ejemplo, el asesinato de alcaldes o la muerte de un candidato a gobernador, como ocurrió en Tamaulipas, además de numerosos candidatos a diversos cargos y de distintos partidos, que se han visto orillados a declinar en sus aspiraciones a partir de amenazas perfectamente factibles de cumplirse. El panorama es bastante peor que algunos años atrás y exige, como lo solicita Calderón, la acción conjunta y pactada de todos los actores políticos.
Sin embargo, si Calderón de verdad quería conceder la mayor importancia a ese peligro (y abordarlo con una visión de Estado, como exige) no debió darle un cariz partidista al enfocarse en la reciente elección de Michoacán, donde su hermana perdió por un margen estrecho. Genera sospecha, como mucho se ha dicho, que el propio PAN no haya denunciado el hecho en esa entidad sino hasta conocer su derrota, con lo que le dio al tema un cariz inevitablemente electorero. Y aunque haya claros indicios de que hubo algún tipo de injerencia, no parece haber suficiente información como para concluir que resultó determinante en el resultado. Desde luego, en una interpretación amplia de la ley, como la que en su momento hizo en Tabasco 2000 y Colima 2003, el máximo Tribunal Electoral podría determinar la anulación del proceso. Pero en una lectura estrecha como la que hizo en la elección presidencial en 2006, no sería fácil probar el carácter determinante de las irregularidades detectadas. Dice Calderón que su preocupación no responde a ningún interés partidista, y que desea que el proceso electoral sea limpio y transparente, gane quien gane (posición que ojalá hubiera mostrado en 2006, pero más vale tarde que nunca).
Sin embargo, hay muchos elementos para pensar que a Calderón le preocupa más el posible triunfo del PRI, cuando insiste en señalar al PAN como el perjudicado de las maniobras criminales, y al PRI como su beneficiario. Eso, más allá de ser cierto, introduce la sospecha de partidizar el problema y de buscarle nuevamente un efecto electorero. Más aun cuando en días previos lanzaba el exhorto de votar por “demócratas que actúen cuando la intromisión de criminales en la determinación del voto libre de los ciudadanos es, simple y sencillamente, sea por acción u omisión, inadmisible” (21/nov/11). Más aun cuando de tiempo atrás conocemos la particular animadversión de Felipe hacia el eventual triunfo del PRI (que seguramente sería tomado como clara prueba de su fracaso gubernamental). De hecho, Calderón, al insistir en que lo ocurrido en Michoacán es determinante en los comicios, y advertir que eso mismo podría ocurrir a nivel nacional, implícitamente reconoce que el gobierno va perdiendo la guerra contra el crimen.
Ante la evidente partidización y uso electoral de tan grave problema, Calderón lo trivializa y desvía la atención que nacionalmente merece. Lo cual provocó la inevitable reacción del PRI. Hay quienes sospechan incluso que detrás de las declaraciones de Calderón se esconde algo más grave que la mera politización del problema con fines electorales; temen que esto sea el anuncio o preparación de un intento presidencial de suspender las elecciones, sea por vía institucional (a través de un acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, como el que se exploró en Michoacán, o la declaración de un estado de excepción nacional), o extrainstitucional (un atentado contra alguno de los candidatos). No creo que llegue a tanto, además de que cualquier acción en ese sentido parece destinada al fracaso. En todo caso, el problema real existe y ahí está, pese al torpe sesgo partidista y uso electoral que de él ha hecho Calderón.
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Facebook: José Antonio Crespo Mendoza
Investigador del CIDE
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