en suplantar por una nueva estrategia la Iniciativa Mérida, el plan conjunto de México y Estados Unidos implementado
Mientras Felipe Calderón y el presidente electo de Guatemala, general Otto Pérez Molina, sostienen que sus naciones son “presas del fenómeno de la inseguridad”, y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, denuncia que el Poder Judicial experimenta “en carne propia” la emergencia del país, la posibilidad de una mayor intervención de inteligencia y acciones policiaco-militares de Estados Unidos en México tras el fracaso de la estrategia seguida por el inquilino de Los Pinos en su guerra contra los cárteles del narcotráfico esta cada vez más cercana al determinar legisladores estadounidenses que el narcotráfico “es una insurgencia terrorista”. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores, aprobó este jueves la elaboración de un plan de “contrainsurgencia” para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas.
Una Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada fue aprobada por los integrantes de dicho subcomité que están de acuerdo en suplantar por una nueva estrategia la “Iniciativa Mérida”, el plan conjunto de México y Estados Unidos implementado desde hace cinco años contra las organizaciones criminales mexicana dedicadas al narcotráfico, dado que, sostienen, ésta “no podrá detener la amenaza terrorista que enfrentamos de los narcotraficantes”. Así, bajo la nueva iniciativa los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional deberán elaborar un plan contrainsurgente definiendo a los organismos criminales en México, sus líderes, objetivos, evolución y áreas de influencia. También evaluarán las capacidades de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas de México, así como de instituciones gubernamentales estatales y locales, y organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa de Ley HR34021 aprobada por los seis miembros del subocomité con la oposición de legisladores demócratas, pide concretar un plan para combatir las operaciones, redes financieras y de lavado de dinero de los cárteles, y un plan coordinado con el gobierno mexicano para hacer segura la frontera común con tecnología e infraestructura. También demanda que “dentro de México, en coordinación con el gobierno mexicana,” se desarrolle un plan multi-agencia para desarrollar fuertes instituciones del estado de derecho, mejorar la seguridad de personas y negocios, y aumentar la coordinación entre policías y militares. Los recursos necesarios para desarrollar e implementar la estrategia contrainsurgente provendrán de la Iniciativa Mérida.
Las objeciones de legisladores demócratas sobre dicho plan no fueron escuchadas en el subcomité de referencia. De nada sirvieron las impugnaciones de Eliot Engels, el demócrata de más alto rango en el comité, en el sentido de que los estadounidenses no deben dictar “ni forzar políticas”, sino trabajar con sus socios. También advirtió que esa legislación “hará pedazo la Iniciativa Mérida y apunta a una dirección distinta” en los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado. Engels hizo notar que los narcotraficantes no tienen nombre político, no quieren derrocar al gobierno para tomar el control, “y por ello no estoy de acuerdo cuando se habla de una insurgencia terrorista”.
No obstante, prevaleció el criterio de Connie Marck, republicano por California y autor principal de la iniciativa co-patrocinada por apenas seis republicanos, quien justificó la acción al insistir que el narcotráfico “es una insurgencia terrorista”. Además, justificó la suplantación de la “Iniciativa Mérida” por esta estrategia al señalar que el plan conjunto de México y Estados Unidos “no podrá detener la amenaza terrorista que enfrentamos” de los narcotraficantes.
Ante ese panorama, Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), por fin hizo escuchar su voz en este asunto al advertir que México no aceptará por parte de Estados Unidos ningún esquema de cooperación que éste por encima de la soberanía nacional, y rechazar que existan evidencias de los vínculos entre cárteles y terroristas, ni integrantes de grupos extremistas que hayan cruzado a territorio estadounidense por nuestro país.
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