Andanada de la derecha reprime derechos reproductivos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 13 dic 11 (CIMAC).- Las principales barreras en México y América Latina para reducir la muerte materna (MM) son el severo déficit en infraestructura médica, la falta de información sobre las obligaciones del Estado para garantizar la salud de las mujeres, y la criminalización del aborto.
Lo anterior fue expuesto por Luz Patricia Mejía, relatora sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el foro “La Protección de la salud materna desde una perspectiva de Derechos Humanos: avances y desafíos”.
En el encuentro, convocado por la Coalición por la Salud de las Mujeres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y agencias de Naciones Unidas, Mejía indicó que las mujeres de la región desconocen cuáles son sus derechos, las obligaciones del Estado, y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
A ello se suma que existe un movimiento activo que silencia esta información. Puso como ejemplo la criminalización del aborto en 17 constituciones estatales en México, al estipularse la “protección de la vida desde el momento de la fecundación-concepción”.
El desconocimiento y la falta de infraestructura en servicios públicos de salud se agravan en el caso de las mujeres indígenas, adolescentes y afrodescendientes. Ellas además son víctimas de discriminación por parte del personal de salud, pues en la mayoría de los casos no hay personas que hablen su idioma.
La violación a los derechos de estas mujeres no comienza con el rechazo o el maltrato en un hospital, sino que inicia cuando se les niega el acceso a la educación, salud y un empleo remunerado.
La consecuencia de la falta de información entre las mujeres de la región es que ellas no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida y su salud. Las mexicanas y latinoamericanas “no saben sus derechos, obligaciones del Estado, aun cuando los saben no existen mecanismos o estructuras para que se les haga justicia”.
En México –país considerado el “máximo exponente” de la violencia en contra de las mujeres–, es preciso establecer “una política pública clara para proteger a las mujeres de manera directa con salud y educación”, dijo Luz Patricia Mejía.
En entrevista, Regina Tamés, directora de GIRE, refirió que en salud reproductiva hay avances como la tipificación de la violencia obstétrica en el Código Penal de Veracruz, pero los rezagos todavía son mayúsculos, tales como la criminalización de las mujeres por abortar.
GIRE ha identificado casos en los que prestadores de servicios médicos niegan la atención a quienes llegan con abortos incompletos “hasta que ellas les confiesen lo que hicieron”.
“No pueden priorizar intereses personales por encima de la salud de las mujeres, en vez de personal médico se comportan como fiscales o auxiliares de las policías”, denunció Tamés. Hasta ahora GIRE ha documentado 11 casos de este tipo en Puebla, Yucatán, Chihuahua y Morelos.
El aborto, dijo, debe verse como un problema de salud materna y no como un delito, pues la criminalización es un obstáculo para reducir la MM.
Francisco Javier Posadas, director del área de Salud Materna de la Secretaría de Salud (Ss), detalló el rezago en la reducción de la mortalidad de mexicanas por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
El funcionario indicó que en 2010 hubo un avance importante al registrarse menos de mil MM, sin embargo, México está lejos de alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, para reducir en 75 por ciento estas defunciones.
“La mala noticia es que hay un desfase de 18 puntos porcentuales: deberíamos llevar una disminución de 60 por ciento, pero sólo llevamos 42 por ciento en los últimos 20 años”, lamentó Posadas.
Añadió que hasta hace cuatro semanas la razón de MM (RMM) era de 46.9 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Y la meta a alcanzar para 2012 es de 32.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos.
El director de área de Salud Materna reconoció que sigue pendiente la calidad de los servicios, y que este es un obstáculo para la reducción de la MM. “Antes se morían y les cobraban, ahora se mueren y ya no les cobran; hace falta avanzar para que no mueran”, urgió.
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