9/12/2013

SCJN obligará aplicación de protocolos contra feminicidio

NACIONAL
VIOLENCIA
   Destaca OCNF atracción del caso Mariana Lima

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Las autoridades mexiquenses están obligadas a investigar con la debida diligencia si el asesinato de una mujer corresponde o no a un feminicidio, pero datos y hechos recientes evidencian que las indagaciones no se realizan de manera adecuada en el Estado de México.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mariana Lima, joven de 29 años presuntamente asesinada por su pareja sentimental en junio de 2010, para determinar si se realizó una investigación adecuada del delito de feminicidio. Las autoridades cerraron el caso con el argumento de que ella “se suicidó”.

A decir de Rodolfo Domínguez, abogado litigante del caso e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la discusión de la SCJN es de vital importancia ya que determinará los lineamientos específicos que las autoridades ministeriales y periciales deben seguir para aplicar de manera efectiva los protocolos en la materia y que no han sido debidamente utilizados.

Y es que de acuerdo con el abogado, el presunto asesinato de Mariana no es un hecho aislado en la entidad mexiquense, pues muchos de los crímenes que se siguen registrando aunque tengan características de feminicidio no son investigados como tales.

El OCNF ha denunciado desde hace meses la falta de investigación en los casos de feminicidio en el Edomex. A través de una solicitud de transparencia, el Observatorio detectó que entre marzo de 2011 y diciembre de 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres, pero sólo 115 fueron investigados como feminicidio, aunque de los restantes, el 48 por ciento presentaba características de ese crimen y hasta junio de 2013 sólo se habían dictado 29 sentencias.

El OCNF acusó que las cifras reflejaban que la violencia de género en la entidad iba en incremento, y que a pesar de contar con un protocolo de investigación no se realizaban las indagaciones adecuadas para que los casos de feminicidio no quedaran impunes.

El delito de feminicidio está tipificado desde 2010 en la entidad. En abril de ese mismo año se publicó en el periódico oficial de la entidad el Protocolo de Actuación e Investigación del Homicidio desde la Perspectiva de Feminicidio, que definía cómo debían proceder los agentes ministeriales y policiales cuando se tratara de homicidios dolosos cometidos contra mujeres.

Tal protocolo no se aplicó para el supuesto asesinato de Mariana Lima –ocurrido ese mismo año–, por lo que a decir de Rodolfo Domínguez, el caso no se investigó con la debida diligencia.

El 28 de junio de 2010, la pareja sentimental de la joven, el agente judicial Julio César Hernández –de quien previamente había sufrido y se había denunciado violencia física, sexual y psicológica–, dijo que ella se había ahorcado, aunque el cuerpo se encontró acostado en la cama.

Al levantar el cuerpo, las autoridades realizaron una inspección de sólo 10 minutos, no resguardaron las evidencias y no acordonaron la zona. Sólo avalaron sin más la versión del judicial mexiquense. El presunto homicida nunca fue detenido.

PROTOCOLOS DE PAPEL

Para junio de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) publicó el nuevo Protocolo de Actuación de Feminicidio, que establece y define 27 pasos específicos para la investigación de este delito, entre ellos la determinación de técnicas criminalísticas que deberán ser aplicadas tanto en el lugar de la investigación como en las diligencias posteriores.

Mandata que se solicite la intervención de peritos especializados tanto en psicología, criminología y demás áreas que podrían estar involucradas.

Cabe mencionar que el documento afirma recoger los principios establecidos en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuando sentenció al Estado mexicano por su omisión y negligencia en el esclarecimiento de tres de los ocho casos de cuerpos encontrados en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en 2001.

Igualmente, el protocolo incluye los convenios y tratados internacionales signados por México, y que tienen como fin eliminar la discriminación y violencia hacia las mujeres.

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