CIDH Morelos/CEPRID
La vida y la libertad de las mujeres están en el centro de la violencia feminicida.
Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de decidir. Los derechos se conquistan mediante la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo. El feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer.
Y pudo haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho. Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como feminicidios.
Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todoas y todos somos "iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano.
En lo que se refiere a los feminicidios, la violencia institucional y la impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.
En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres.
Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado, el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.
En Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado. Sin embargo y contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la hemos solicitado, nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.
Así vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones para prevenir y garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.
Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres.
Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1733
Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de decidir. Los derechos se conquistan mediante la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo. El feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer.
Y pudo haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho. Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como feminicidios.
Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todoas y todos somos "iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano.
En lo que se refiere a los feminicidios, la violencia institucional y la impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.
En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres.
Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado, el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.
En Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado. Sin embargo y contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la hemos solicitado, nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.
Así vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones para prevenir y garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.
Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres.
Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1733
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