Adolfo Gilly
La
denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una
decisión material y simbólica capital en la política de
desmantelamiento de los pilares constitucionales de la nación
emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37
por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en el Pacto por
México, el PAN y el PRD.
Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras
muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en
conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y
resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la
intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte
y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
* * *
La televisión, en tanto instrumento de Estado, está
cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de
lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete
brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de
#YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa
de su vida, su nación y sus derechos.
Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone
desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales
sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con
prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia
nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la
entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital
extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible
tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la
explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la
continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro
Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para
decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y
subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de
guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo
de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su
pueblo, y no al dinero.
* * *
La joya de la corona política que esta ofensiva se
propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de
México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de
1997.
La
Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de
los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada,
solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno
de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los
estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros
sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva
privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las
reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas
tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de
errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que
en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus
organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir
a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos
e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes,
sus historias, sus idiomas y sus vidas.
* * *
En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria
condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la
cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida,
adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá
del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir
las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder
con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los
pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos
y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada
contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo
el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus
gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la
independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en
todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los
derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México
pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario