Pedro Miguel
Con
el primer cuadro del Distrito Federal repleto de opositores a sus
modificaciones legales devastadoras, el régimen formalmente encabezado
por Enrique Peña Nieto presentó el domingo pasado una más: la
hacendaria. La reforma laboral para el sector educativo tiene a decenas
de miles de maestros movilizados en todo el país, y a muchos de ellos
en campamento en el Zócalo capitalino.
Con toda la razón del mundo, por supuesto: para cualquier gremio
resulta inaceptable que le mutilen de un plumazo derechos históricos y
garantías laborales y, para colmo, que lo responsabilicen de un fracaso
que tiene sus causas reales en la política de desmantelamiento y
pillaje de lo público practicada por esa misma gente del poder que
ahora pretende quitarle la seguridad en el empleo y la jubilación.
Asimismo, los maestros conscientes del país luchan por preservar la
obligación del Estado de garantizar la enseñanza universal, una
obligación descaradamente afectada con la pretensión de transferir a
los padres de familia el deber de administrar (y de sufragar en parte)
las escuelas.
Por su parte, el empecinamiento en traspasar a la empresa privada el
único negocio rentable que le queda al Estado, que es el de la
industria petrolera, ha dado lugar a expresiones de protesta como la
marcha por el Paseo de la Reforma que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas el
pasado 31 de agosto y la concentración que organizó antier el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en diversas ciudades del
país, con epicentro en la avenida Juárez, y en la que Andrés Manuel
López Obrador definió la línea de resistencia al pretendido saqueo
peñista: la movilización popular pacífica, única forma de detener la
privatización de la industria petrolera, habida cuenta que el régimen
cuenta, para imponerla, con la mayoría absoluta que conforman en las
cámaras sus legisladores priístas, panistas y perredistas.
Con este telón de fondo de descontento social es probable que el
gobierno oligárquico haya juzgado prudente optar, a última hora, por
presentar una variante de su propuesta de reforma fiscal desprovista
del componente de IVA a alimentos y medicinas, una medida claramente
provocadora e incendiaria. También es posible que haya leído mal la
decisión del Morena de mover el sitio previsto de su concentración del
Zócalo a un costado de la Alameda, ante la imposibilidad física de
hacer coincidir en la plaza principal de la República a decenas de
miles de asistentes al acto con el campamento de los maestros afiliados
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Dos reformas distintas, dos descontentos diferentes, pudieron haber interpretado los estrategas del régimen, y concluido que las modificaciones legales del peñato tenían la capacidad de impulsar una fuerza centrífuga a los malestares sociales.
Lo
cierto es que la iniciativa de modificaciones legales en el tema
hacendario, en la versión que finalmente fue presentada, constituye un
tiro de escopeta contra diversos sectores de la sociedad, todos los
cuales tendrán ahora sobrados motivos para el descontento: las clases
medias, por la imposición del IVA en adquisición de vivienda y
colegiaturas; los empresarios, por la eliminación del régimen de
consolidación fiscal y el gravamen sobre operaciones bursátiles y
dividendos; la población en general, por el impuesto especial a
combustibles y el incremento al ISR.
Con esas medidas se pretende, por lo demás, recaudar 240 mil
millones de pesos que no necesariamente bastarían para tapar el hueco
de los miles de millones de dólares que perdería el Estado al
transferir parte de las ganancias petroleras a las corporaciones
energéticas privadas. ¿Qué hacer, entonces? Pues endeudar más al país:
financiar el desbalance, todo o en parte, mediante un déficit fiscal
progresivo.
En suma, la iniciativa hacendaria es la culminación de un paquete de
reformas que, en su vertiente política, busca sembrar en el país
inconformidades confrontadas, desorientar a la sociedad con la maraña
de menudencias legales y provocar un estado de ánimo de
sálvese quien pueda, a fin de atomizar los descontentos; enturbiar el río para maximizar la pesca –es decir, incrementar los márgenes de discrecionalidad y opacidad– de los operadores y logreros de la administración pública.
Tal vez se trate, sin embargo, de una táctica desesperada disfrazada
de audacia reformadora. Hace décadas que el régimen chapotea en sus
propias ineficiencias, contradicciones y corruptelas y sus renovaciones
sucesivas electorales, con o sin fraude, no han logrado más que
erosionar la legitimidad y la autoridad institucional. Y en una de
ésas, el conjunto de reformas del peñato consigue unificar al país,
pero en contra del régimen.
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