Aunque en el sexenio pasado hubo más de 70 mil muertos, oficialmente las víctimas no existen. Una solicitud de información hecha por Reporte Indigo reveló que el padrón federal apenas está en proceso de creación por lo que no se han puesto en marcha ni la entrega de indemnizaciones, ni los apoyos económicos a los familiares
La Unidad de Enlace de la CEAV declaró la información solicitada como
inexistente porque hasta la fecha no se ha generado
38 militares había condenado la justicia militar por violaciones de derechos humanos, hasta octubre de 2012
8,150 denuncias
por abusos cometidos por miembros del Ejército recibió la CNDH entre
diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013
El sexenio más sangriento en la historia de México no dejó víctimas… oficialmente.
Hubo sí en el sexenio del expresidente Felipe Calderón 70 mil
muertos, más de 20 mil desaparecidos, miles de familias destrozadas…
pero hasta el momento ninguna víctima reconocida y atendida por el
Estado mexicano.
Ninguna.
A más de dos años y medio de que el Congreso Federal aprobó la Ley
General de Víctimas, dos de los mecanismos clave de esta nueva
normatividad de apoyo y atención a las víctimas del delito en México no
se han podido implementar.
Ni el Registro Nacional de Víctimas ni el Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral, contemplados en la nueva legislación federal
están operando.
Un retraso al que el exmandatario panista contribuyó en el 2012,
cuando en el ocaso de su sexenio vetó la entrada en vigor de la Ley
General de Víctimas, a través de una controversia constitucional que
interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta legislación fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012,
pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el nuevo presidente
priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la
controversia que había presentado Calderón.
La promulgación de la Ley fue bien recibida por representantes de
organismos sociales y defensores de derechos humanos independientes en
México.
Se trataba de un instrumento legal de avanzada, que tenía como
objetivo velar por la protección de las víctimas y proporcionar apoyos
económicos a las víctimas.
Se creó entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
responsable de la operación del Registro Nacional de Víctimas y del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Pero en 20 meses, este organismo descentralizado no ha conseguido
poner en funcionamiento el padrón federal y comenzar así con la entrega
de indemnizaciones y apoyos económicos a víctimas de los derechos
humanos.
La información es inexistente
Reporte Indigo presentó a través del IFAI solicitudes de información
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la intención
de conocer la operación, tanto del Registro Nacional de Víctimas como
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En la primera petición informativa se planteaba saber el padrón de
víctimas registrado por entidad federativa –sin incluir datos
personales- y su evolución desde que entró en vigor la Ley General de
Víctimas.
Sobre el Registro Nacional de Víctimas, la CEAV, responsable por ley
de generar esta información, contestó que la base de datos estaba en
proceso de creación y que por lo tanto, la información solicitada era
inexistente.
“Sobre el particular, le informo que el Registro Nacional de
Víctimas actualmente se encuentra en proceso de creación…”, contestó el
titular de la Unidad de Enlace de la Comisión, Gustavo Baltazar
Guerrero.
“En virtud de lo anterior, la información solicitada es inexistente”.
Una respuesta similar dio la CEAV cuando se le requirió información
sobre los recursos entregados a víctimas del delito a través del Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
La Unidad de Enlace de la CEAV respondió que el Fondo se encuentra
en fase de implementación y que se están desarrollando los instrumentos
normativos como el reglamento de la Ley General de Víctimas para poder
entregar estos recursos.
“…y por tanto persona alguna con calidad de víctima ha accedido
todavía a los recursos del Fondo que contempla la LGV…”, respondió el
organismo.
En ambas peticiones, la Unidad de Enlace de la CEAV declaró la
información solicitada como inexistente porque hasta la fecha no se ha
generado.
Y aclaró en su respuesta a este medio: “…de conformidad con el
criterio No. 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, no es necesario que el Comité de
Información declare formalmente la inexistencia, toda vez que existen
suficientes elementos de convicción que permiten suponer la
‘inexistencia de la información’ debido a que ésta no se ha generado a
la fecha”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atribuyó el retraso a
la falta de aprobación del reglamento de la Ley General de Víctimas,
que según los transitorios del decreto publicado en enero de 2013, tuvo
que estar listo hace un año.
Este reglamento, que tendrá que publicarse en el Diario Oficial de
la Federación, incluirá las reglas que regularán al fondo y validará el
formato de inscripción para ingresar al Registro de Víctimas, requisito
para conseguir los apoyos económicos federales.
Un anteproyecto de reglamento se encuentra en revisión desde mayo de
este año en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y no existe un
plazo para su liberación.
El Registro Nacional de Víctimas incluirá la descripción del daño
sufrido, identificación del registro e información sobre las medidas de
protección y los servicios de ayuda.
Una ayuda que aún no llega
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es el otro mecanismo que presenta retrasos.
De esta bolsa, el Gobierno Federal entregará las indemnizaciones a
las víctimas del delito y de los derechos humanos inscritas en el
Registro Nacional de Víctimas.
Pero la CEAV deberá primero constituir un fideicomiso de
administración de los recursos y publicar las reglas de operación en el
Diario Oficial de la Federación.
La CEAV sustituyó con Peña Nieto a la Procuraduría Social de
Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), que creó en su sexenio
el exmandatario estatal Felipe Calderón.
El organismo descentralizado está presidido por el comisionado
Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien entre polémicas sustituyó este
año en el cargo a Olga Noriega.
La comisionada tiene impugnado su proceso de destitución en el Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de amparo.
La CEAV está integrada por 7 comisionados, que tomaron protesta hace un año en el Senado.
Las respuestas a las solicitudes de información que presentó Reporte
Indigo estuvieron a cargo de la oficina del comisionado Julio A.
Hernández Barros, encargado de las tareas que lleva a cabo la CEAV
relativas a la creación del Registro Nacional de Víctimas.
En su respuesta la CEAV acepta el retraso en la creación del
Registro Nacional de Víctimas, pero informa que se ha solicitado a los
31 gobiernos estatales, comisiones estatales de derecho humanos “datos
sustantivos” sobre el tema de registro de víctimas delito y violaciones
a derechos humanos.
Esto como parte de los acuerdos interinstitucionales de coordinación entre diversas instancias de gobierno.
En sus respuestas la CEAV alegó “inexistencia de la información” a
pesar de que es un organismo facultado por ley para brindar ayuda y
asistencia a las víctimas del delito.
De acuerdo a organismos ciudadanos consultados por este periódico,
la CEAV canaliza apoyos económicos a familiares de víctimas recursos
para gastos de hospedaje, alimentación y transporte.
También se concluye con la respuesta de la CEAC que el organismo no
ha incluido en el Registro Nacional de Víctimas los “registros
existentes” de la extinta Províctima que operó con Calderón.
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‘Se rindieron’ por Carolina Hernández
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