Desde las trincheras de Ayotzinapa
Delito de lesa humanidad, señala Alto Comisionado
El crimen del 26 de septiembre no fue un hecho aislado,
existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, denunciaron padres de los 43
Los 43 transformaron a Tlachinollan: Abel Barrera
Foto Víctor Camacho. Blanche Petrich
Periódico La Jornada, Tlapa, Gro.
La organización de derechos humanos Tlachinollan presentó aquí su 21
informe de labores dedicado a la tragedia de Iguala-Ayotzinapa, que
cambió la vida de las 43 familias de los muchachos desaparecidos y los
tres caídos, pero que también transformó la naturaleza de esta
institución.
Dejamos de ser solamente una oficina de abogados y acompañantes para integrarnos de lleno a la lucha de este movimiento ejemplar, dijo Abel Barrera, fundador y dirigente.
Todos somos Ayotzinapa, el grito de solidaridad Foto Víctor Camacho
La exigencia de justicia y verdad de estas familias incansables, que
perdieron a los hijos que querían ser maestros de campesinos pobres,
es ya el ejemplo más nítido de lucha desde abajo que enfrenta a un poder impune, dijo Barrera; un movimiento que
ha desnudado la realidad de este país, donde pactan gobernantes, militares, partidos y empresarios con la delincuencia organizada.
En su 21 aniversario, Tlachinollan tituló su reporte Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo.
En este documento se recoge el pensamiento de María Araceli Ramos,
originaria de San Juan de las Flores (Costa Grande) y madre de Cutberto
Ortiz Cabañas, uno de los 43.
Mientras los gobernantes, partidos políticos y empresarios se ponen nerviosos, porque se avecina el 26 de septiembre, me sigo preguntando: ¿por qué yo he tenido que padecer la desaparición forzada de mi padre en los años 70 y ahora la de mi hijo?
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cumplió 21 años y a la conmemoración en Tlapa, Guerrero, asistieron familiares de los 43 normalistas desaparecidos de
AyotzinapaFoto Víctor Camacho
El informe, un libro que recoge la historia del normalismo rural, la
actuación de los cacicazgos políticos en Guerrero y su colusión con el
crimen organizado y sus pactos con los gobiernos en turno, agrupa la
voz de los padres de los desaparecidos y muertos del 26 de septiembre
de 2014 y una narración sencilla y lógica de los hechos, con detalles y
pasajes, algunos de ellos inéditos.
En los hechos presentados, aclaran,
no se busca dar respuestas a lo sucedido ni generar tesis sobre lo mismo.
Pero sí se llega a algunas conclusiones:
Queda claro que los crímenes del 26 de septiembre no fueron un hecho aislado, por el contrario, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales y en específico a Ayotzinapa, asienta el reporte.
También sostiene que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa
permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, ayuda a ubicar con mayor precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial. Y brinda la ocasión de desatar una vez más la digna lucha que desde hace casi un año emprendieron.
El informe de Tlachinollan enlista las deficiencias de la pesquiza : falta de certeza científica en la
verdadoficial, la PGR no aclara cómo se explica su teoría del asesinato de Julio César Mondragón (el joven que fue mutilado), no ha iniciado un solo juicio penal por delito de desaparición forzada, no se ha indagado la responsabilidad del Ejército y no se han investigando los circuitos de corrupción y connivencia con el narcotráfico de la clase política guerrerense.
La Montaña, de pie con los 43
En la caótica comunidad de Tlapa, un conglomerado urbano
sin orden ni planeación, donde han sentado base los comerciantes y
negociantes que intercambian con las comunidades indígenas de La
Montaña –más de 600 pueblos nahuas, mixtecos y tlapanecos regados en 19
escarpados municipios, entre ellos varios de los estadísticamente más
pobres del país– la importancia política del centro Tlachinollan y el
liderazgo de Abel Barrera se hicieron sentir ayer en la plaza pública.
Aunque impregnado por el sentido dramático del caso Ayot-zinapa, sin
duda el más duro y de mayor calado que ha llegado a manos de estos
defensores de derechos humanos, Tlachinollan celebró ayer su 21
aniversario. Y eso significó fiesta, bandas de músicos que llegaron de
distintos pueblos y, por supuesto, comida. De Acatepec, un pueblo
montañés muy pobre, que quedó aún mas pobre cuando fue arrasado hace
dos años por los huracanes Ingrid y Manuel, llegaron
las mujeres con leños, tinas, sacos de maíz y comales. Cocinaron toda
la noche para alimentar a los miles que llegaron ayer, consejos de
ancianos, comisionados ejidales y autoridades locales de la región.
Solidaridad con los que se han solidarizado con ellos por dos décadas.
La lucha de las familias ayuda a ubicar con precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial, explica informe de TlachinollanFoto Víctor Camacho
Y
todos cerrando filas en torno al grupo siempre compacto, indivisible,
de los padres, madres y hermanos de los estudiantes normalistas.
La jornada empezó con una misa que brindó el párroco Juan Molina, de
Xochitepec, Acatepec. Tejedor de redes comunitarias, Molina repartió
velas entre los centenares de congregados para representar la
indoblegable fuerza de los padres en su lucha por encontrar a sus
hijos. “Desde el gobierno –acusó– hay un gran esfuerzo por hacer que
nos cansemos, que nuestro corazón se desanime y dejemos la lucha por la
justicia. No nos vamos a cansar”.
México preocupa a ONU-DH
Acudieron a Tlapa diversas organizaciones, entre ellas
el Centro Pro de Derechos Humanos, Serapaz, Amnistía Internacional y el
representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Jesús Peña, quien, con motivo del Día Internacional
de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra hoy, recordó
que este delito de lesa humanidad
anteriormente fue producto de dictaduras militares, pero hoy es perpetrado en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como medio de represión a opositores.
Sobre México, agregó, al Alto Comisionado le preocupa el acoso
persistente a defensores, familiares, testigos y abogados involucrados
en labores de búsqueda y denuncia.
Luego del acto central del informe hubo marcha y mitin en la plaza
central, frente a un palacio municipal que todavía muestra las pintas
que recuerdan el asesinato de Antonio Vivar, pedagogo del Movimiento
Popular Guerrerense, el pasado 7 de junio, en la noche de las
elecciones. Ahí estuvo su hermano, quien se expresó así:
A Antonio lo mataron por haber despertado demasiado a la lucha.
Hicieron presencia los campesinos del Consejo de Comunidades
Damnificadas, que desde hace seis meses esperan que el gobierno federal
les entregue una dotación de maíz comprometida para la siembra.
El gobierno tiene una deuda pendiente, recordó, y su incumplimiento enfrenta con mayor miseria a 16 mil personas.
Finalmente Abel Barrera volvió a tomar la palabra. Para subrayar el
salto cualitativo que ha dado su organización como integrante de un
movimiento en lucha, el antropólogo, generalmente apacible y reflexivo,
sacó a flote un discurso apasionado:
Dirigiéndose a los familiares de Ayotzinapa, les dijo:
Ahora ustedes son nuestros maestros y maestras de derechos humanos. Son nuestra esperanza, la trinchera de lucha que va a cambiar a México.
Y les prometió:
Vamos a pelear con ustedes, no nos rajamos. Peña Nieto nos pidió pasar página. ¡Ni madres! No nos rajamos. Vamos a enfrentar este poder impune, a estos procuradores y procuradoras que no quieren ver que este pueblo se está organizando. Y estos pueblos de La Montaña que hoy ven aquí representados ya se pusieron de pie para buscar, a su lado, a sus hijos.
Cruenta búsqueda
El centro Tlachinollan fue la primera organización que
llegó, la madrugada del 27 de septiembre, a la Normal Rural de
Ayotzinapa para ayudar a contar a los estudiantes que faltaban. Y desde
entonces permanece ahí, representado por el abogado Vidulfo Rosales.
Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda, dice el informe.
Para Barrera, el caso de Iguala –que suma centenares de
desaparecidos recientes más, además de los 43 jóvenes– no es un caso
aislado, sino producto de una historia de impunidad. Desde la guerra sucia de los años 60, en el estado se cuentan más de 6 mil desapariciones forzadas.
Desde el caso de Rosendo Radilla, de los años 70, que nunca se aclaró a pesar de que existe una orden de la Corte Interamericana, hay continuidad en una línea de crimen de Estado que no se ha cerrado.
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