La reforma energética y los derechos de los pueblos

Miguel Concha

La jornada

Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo son pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en una zona determinada del país en la época de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Una condición fundamental para ser sujetos de los derechos indígenas es que los pueblos y sus integrantes tengan plena conciencia de su identidad. En este artículo abordaré dos derechos que considero básicos para que los pueblos vivan en libertad el conjunto de derechos que les han sido reconocidos: el derecho a la libre determinación y el derecho al territorio. El primero reconoce a los pueblos indígenas su libertad para decidir los caminos que les permitan continuar con su proyecto histórico de vida. El segundo les reconoce la importancia especial que reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan y utilizan de alguna u otra manera, en particular los aspectos colectivos de esa relación.

Si hablamos de territorio, estamos tocando las relaciones que los pueblos han tejido y continúan tejiendo en ese espacio vital en el que desarrollan una vida cultural, espiritual, social, económica y política que les da identidad. Sin embargo, ahora la reforma energética vuelve legal la imposición de megaproyectos en territorios indígenas y campesinos, aunque la comunidad no los quiera. Antes de la reforma su estrategia era la de intimidar y amenazar para atemorizar a los pobladores y obligarles a ceder derechos de servidumbre sobre sus tierras, ignorando su voluntad y la de las asambleas comunitarias o del pueblo, instituciones políticas que tienen plena vigencia en las comunidades indígenas. Este tipo de acciones del Estado no están lejos de la realidad que viven algunos pueblos de Tlaxcala, que se mantienen en resistencia frente a la imposición del Gasoducto Morelos, pues esta obra no representa beneficio para la población. Por el contrario, lo que se pretende con este tipo de infraestructura es potencializar al sector industrial, que necesita una gran cantidad de energía para poder llevar a cabo sus operaciones.

La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos, el cual consta de una planta termoeléctrica de ciclo combinado, que funciona a base de gas natural (gasoducto) y de vapor (acueducto) para producir energía eléctrica que servirá para la instalación de nuevas ciudades industriales a lo largo del ducto, por medio de ramales que distribuyan la energía. Impacta en 29 municipios de tres estados, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

A pesar de conocer el impacto real de esta obra, la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos federal, estatal, municipal y comunitario actúan con artimañas y en complicidad para facilitar y agilizar la construcción, ignorando así la voluntad de las asambleas comunitarias que han dicho No al paso del gasoducto, ni por sus territorios ni por otro lugar.

Los comités comunitarios de las comunidades de San Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, San Damián Texoloc y La Trinidad Tenexyecac, en Tlaxcala, dan claras muestras de una lucha emprendida en la defensa de la voluntad de sus asambleas. Sin embargo, la decisión tomada comunitariamente está siendo atropellada por el Estado mexicano en su conjunto y por las empresas privadas trasnacionales Elecnor, Enagas y Bonatti.

Aprobada la reforma energética, la servidumbre legal de hidrocarburos constituye la vía para despojar a los pueblos de su libertad para decidir qué proyectos se realizan en sus territorios, y para que les impongan otras formas de relacionarse con el agua, la tierra, la agricultura, sus tradiciones, sus ritos, fiestas, convivencia y el trabajo colectivo.

La servidumbre legal de hidrocarburos –según dicta la nueva Ley de Hidrocarburos– se impondrá a la voluntad de los pueblos. Por lo que si su decisión es no ceder sus territorios para que se instalen pozos petroleros o de gas natural, gasoductos, oleoductos, hidroeléctricas o parques eólicos, de cualquier manera el proyecto energético se llevará a cabo. Para ello se asedia incluso a las comunidades desde diferentes puntos de sus territorios con la maquinaria invasora de las compañías, para hacer irreversibles las obras, sin importar los litigios judiciales en curso o los derechos conculcados.

Ninguno de estos proyectos energéticos, impulsados por gobiernos y empresas, están destinados a resolver necesidades propias de las comunidades, sino a extender una urbanización e industrialización que desplaza sus proyectos culturales de vida, y que ya muestra las consecuencias devastadoras para sus territorios y pobladores.

No obstante, las comunidades siguen en pie, exigiendo que se respeten los acuerdos generados en las asambleas de la comunidad, pues se pretende atravesar los ductos por zonas densamente pobladas, como San Vicente Xiloxoxitla, en el municipio de Nativitas; San Jorge Tezoquipan, en Panotla, y la Trinidad Tenexyecac, en el municipio de Ixtacuixtla. En la Trinidad Tenexyecac los pobladores se dedican a la alfarería y para cocer el barro utilizan hornos que generan temperaturas de 950 hasta 1050 grados centígrados; los ductos pasan a escasos metros, colocando a sus habitantes en alto riesgo. Pasan, asimismo, a 100 metros de la Telesecundaria Emiliano Zapata. Además, en San Vicente Xiloxoxitla se dedican a la elaboración de tacos de canasta, por lo que gran parte del día se mantienen hornillas encendidas.

Todo esto representa un gran riesgo para las comunidades, a quienes con la entrada de la maquinaria y de la fuerza pública se les quiere cambiar su tranquilidad y sobre todo su cultura y su modo de vida. Por eso están en resistencia y no desistirán frente a estos proyectos.