Habiendo tantas carencias para millones de personas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia este despilfarro es intolerable.
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En
tan sólo dos años de gobierno Enrique Peña Nieto erogó 14 mil 663
millones de pesos en publicidad oficial, de acuerdo a los registros de
las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, es el mayor gasto que tengan registrado en este rubro
por sobre administraciones anteriores.
En su informe “Libertad de expresión en venta”, las
organizaciones detallan como los distintos gobiernos estatales y el
federal dispendian los recursos públicos sin ningún tipo de control
bajo el pretexto de informar sobre las labores de gobierno o para
difundir la oferta institucional, en todos los casos presentados
existen sobrejercicios del presupuesto, sin que medie ningún tipo de
racionalidad.
Teniendo en cuenta que 56 millones de personas se encuentran en la
pobreza, más de la mitad de la población en el país, no hay
justificación alguna para destinar tanto dinero público a la publicidad
oficial en términos de responsabilidad, así de acuerdo al informe, en
el municipio de Ciudad Juárez en el periodo enero-junio de 2014, el
47.7% de las compras del ayuntamiento se realizaron para publicidad
oficial, mientras para obras públicas se destinó sólo el 12.63%; en
seguridad pública 18.65%; en educación y cultura (1.67%) y en
desarrollo social (0.04%)[1].
Si sumamos los recursos de los estados y del gobierno federal
resulta que entre el 2013 y 2014 se destinaron más de 17 mil millones
de pesos, que es dinero nuestro, de los contribuyentes, pero resulta
que su distribución a particulares (los dueños de los medios) es
especialmente desigual.
A nivel fedral el 30% del total de esos recursos fueron para la
televisión abierta: De los 2 mil 114 millones de pesos gastados en
publicidad a través de televisión, Televisa y TV Azteca concentran el
83 por ciento. El 17% restante se distribuye entre 89 proveedores, que
individualmente no alcanzan más de 3% del total erogado en este tipo de
medio, pero esta cifra es mucho mayor, pues hay que tomar en cuenta
que la mayor parte de los canales en los estados son propiedad de estas
dos empresas, y hay gobernadores que destinan hasta el 60% del
presupuesto de publicidad oficial a la televisión como es el caso de
Puebla.
Habiendo tantas carencias para millones de personas para cubrir sus
necesidades básicas de subsistencia este despilfarro es intolerable,
mucho más cuando los gobernantes alegan falta de recursos para
justificar los escasos avances o incluso los retrocesos para
implementar políticas públicas tendientes a cumplir con los derechos
sociales y económicos de la población más vulnerable.
Mire usted, si esos 14 mil millones se destinaran al programa
Prospera, que en términos generales otorga a una familia con becarios
en primaria y secundaria un máximo de mil 825 pesos mensuales[2],
se beneficiarían cerca de 8 millones de familias pobres más, por eso el
aumento año con año de la publicidad oficial no solamente es inmoral
sino también falta a la responsabilidad de la administración pública
dispuesta en el artículo 134 de la constitución que señala que el gasto
debe hacerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez.
El despilfarro de nuestro dinero de manera opaca y discrecional por
parte de Peña Nieto y demás gobernadores y presidentes municipales,
viola la obligación que tiene el Estado mexicano para destinar esos
recursos al cumplimiento de derechos sociales como a la salud,
vivienda, educación, entre otros, en lugar de utilizarlos para estos
fines, esos miles de millones de pesos van a parar mayormente a las
arcas del duopolio televisivo que también acapara el mercado de la
publicidad comercial.
Se viene la discusión en el Congreso del presupuesto de ingresos y
egresos de la federación, se afilan recortes a la educación y a otros
sectores públicos por la crisis económica que actualmente vivimos, lo
racional sería recortar gastos ingentes como el de la publicidad
oficial y usar el dinero a sectores vitales para beneficiar a la gente.
La publicidad oficial al no tener controles puede ser una vía
indirecta para violar la libertad de expresión premiando o castigando a
los medios en función de su línea editorial, pero también da lugar a la
corrupción y a la distribución desigual de los recursos económicos de
la nación.
Año con año el Congreso y el Poder Ejecutivo evaden la regulación en
este rubro, la clase política sigue sin entender que su desprestigio no
se diluirá a base de spots y mareketing político, sino con acciones
concretas dirigidas hacia el bien común.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
[1]
Para más información sobre el informe presentado en 2014 por CIMAP ver
el link
http://www.cimapjuarez.org/index.php/blog-cimap/50-las-compras-publicas-en-ciudad-juarez-47-49-a-comunicacion-social
[2] https://hidalgo.quadratin.com.mx/sucesos/Aregional-detalla-montos-y-requisitos-de-Prospera/
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