"Nadie cree en la versión oficial de la supuesta 'verdad histórica' de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página", sostienen.
Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro
Un comité de padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa dio
a conocer un “contrainforme” sobre los 3 años del gobierno de Enrique
Peña Nieto, en el que incluyen los hechos ocurridos el pasado 26 de
septiembre -cuando desaparecieron a sus hijos-, la compra de la casa
blanca, y la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
Este es el texto leído este martes, por padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Monumento a la Revolución:
Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa impuesto por
los poderes fácticos nativos y extranjeros, llegó a la presidencia
altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las
tarjetas Soriana, el acarreo de los votantes y la manipulación
mediática. A tres años de su mal gobierno se han aprobado 11 reformas
estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la
de telecomunicaciones y la energética, sancionadas al vapor por las
Cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos
locales, siguiendo instrucciones de las trasnacionales y en contubernio
con los gobiernos y con el sistema oficial de partidos a su servicio,
que no representan los intereses de las mayorías, sino que defienden y
velan por los intereses del gran capital neoliberal.
Estas contrarreformas en nada benefician al pueblo
y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer
la producción de otras mercancías y extender sus mercados para obtener
mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la
mano de obra asalariada, elevan el saqueo de recursos naturales
(petróleo, gas, minerales, agua, etc.), destruyen los ecosistemas,
acrecientan el despojo territorial con las consecuencias de mayor
deterioro social y cultural, un alto número de excluidos y desplazados,
aumento y pérdida de la soberanía e incremento del desempleo, al tiempo
que facilitan la entrega de diversos bienes, espacios y servicios a las
mafias, cárteles y grupos delincuenciales de carácter nacional e
internacional, producto de la enorme corrupción institucionalizada y la
descomposición gubernamental, que echa mano de la militarización y la
paramilitarización y la contención de la protesta y los movimientos
sociales, así como la criminalización y medidas de excepción, como las
reformas para el supuesto “uso legítimo de la fuerza”.
Aunado a lo anterior, en el presente año Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo,
donde los mexicanos hemos visto que pasa de todo y peor: ejecuciones
extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y
desapariciones forzadas, donde el ataque contra los estudiantes de la
normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos.
Lo anterior, junto con la corrupción abierta y descarada como la que dio lugar al escándalo de la “Casa Blanca” y a la fuga de “El Chapo”
son responsabilidad del peñato, son los signos característicos de su
gobierno, a los que podemos agregar, entre otros muchos más, los
multihomicidios de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la
colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Sí, la impunidad incubada por
décadas adquirió carta de naturalización en el último año de Peña Nieto.
En cuanto al aspecto laboral, se ha despojado a la clase obrera de
derechos básicos para dejarla aún más en la indefensión y la
precariedad, legalizando por otra parte las empresas que subemplean a
los trabajadores, fragmentando la jornada laboral para permitir
contratos por hora o “a prueba”, haciendo de la mayoría de sindicatos
instrumentos al servicio del capital.
Respecto al sector de los campesinos, si antes se había eliminado su
derecho a la tierra, ahora se acomete la apropiación de sus territorios
mediante el pillaje, orillándolos a migrar a otras tierras y a
emplearse en labores que rayan en la semiesclavitud, como es el caso de
los jornaleros de San Quintín, que se dio a conocer hasta que ellos
mismos pudieron elevar sus formas de lucha y de protesta.
También es conocido que en Chiapas existe un área intensiva en
biodiversidad que incluye la Reserva de Biósfera de Montes Azules,
donde prevalecen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de
uso estratégico, todo lo que da un sentido práctico rentable y una
enorme ambición para su apropiación territorial y geopolítica por parte
de los dueños del poder y del dinero.
Desde la usurpación primordial de tierras y la configuración del régimen colonial y el dominio español,
el despojo de tierras, aguas, minerales y bosques, el genocidio
indígena, la discriminación, racismo, semi esclavitud y otras formas de
descomposición social son los usos y costumbres del poderoso,
los que desataron primero la independencia y luego la guerra
revolucionaria, y casi un siglo después son el mismo motivo de la
rebelión indígena y el alzamiento de los campesinos y ciudadanos por la
defensa de sus bienes.
Tal es el caso de decenas de pueblos a lo largo y ancho de la república, como San Francisco Xochicuautla, comunidad indígena
Ñañú que se mantiene en lucha contra los decretos expropiatorios para
abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una empresa filial del grupo Higa, el mismo de la Casa Blanca de la “primera dama”, así como el pueblo de San Salvador Atenco,
que no cesa en la lucha por la defensa de su territorio a pesar de que
fue brutalmente reprimido por Peña Nieto cuando fungía como gobernador
del Estado de México, o como en la Ciudad de México, donde los pueblos
originarios y distintos barrios dan la pelea en contra de los mega
proyectos que privatizan y despojan tierras, bienes y espacios que son
de todos, sólo por mencionar algunos ejemplos.
En cuanto a la contrarreforma energética, apenas es el inicio del
proceso de privatización y las consecuencias ya se dejan sentir en
todos los ámbitos de la economía nacional y, sobre todo, en los hombros
del pueblo trabajador: Hay incremento en el precio promedio de la
energía eléctrica y la gasolina no baja a pesar de
que los precios del petróleo se han reducido en 2 tercios a nivel
internacional, lo que golpea a la economía familiar con la caída del
peso frente al dólar que dará lugar a una espiral inflacionaria.
En materia de telecomunicaciones, el resultado neto de la
contrarreforma es el fortalecimiento de Televisa y TV Azteca como
grandes poderes de facto en el país, además del surgimiento de la
trasnacional A. T. T. como uno de los principales operadores en el
sector.
Por lo que se refiere al magisterio democrático, este continúa su
lucha dando ejemplo con enormes movilizaciones en todo el país desde el
2013 a la fecha, cuestionando la mal llamada Reforma Educativa,
pugnando por echarla abajo y contrarrestar la evaluación punitiva que
pretende más el despido de los profesores que la defensa de la
educación pública, critica, científica y popular.
El impacto sobre las políticas públicas con la contrarreforma
educativa culmina acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los
poderes fácticos nacionales e internacionales, que se configuraron
durante los últimos cuatro sexenios y en donde por primera vez el
discurso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, del Banco Mundial, y de organizaciones como Mexicanos
Primero, se ha introducido en los artículos 3º y 73 de nuestra
Constitución Política. Por su contenido, representa la agresión más
grave a la educación pública y a los derechos laborales y sindicales de
los trabajadores de la educación en los últimos cien años.
En este contexto, las luchas y movilizaciones contra el despojo de
recursos y las mal llamadas reformas estructurales, adquieren un
carácter regional que cobra relevancia en Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, así como el territorio conocido como Cuenca de Burgos,
que comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el Norte de Veracruz,
donde se acumula la cuarta reserva de gas a nivel mundial, y donde, no
por casualidad, hay un mayor número de desapariciones forzadas y
asesinatos. De tal manera, quienes habitan territorios donde existen
biodiversidad, agua, bosques, minerales, códigos genéticos y otros
recursos, se consideran como enemigos por el capital corporativo que ve
como mercancías estos bienes de nuestras culturas ancestrales.
Estos estados ocupan un lugar central en la política servil del
gobierno de Peña Nieto y otros neoliberales. De ahí la supuesta guerra
contra el crimen organizado que da pie a la militarización en dichas zonas estratégicas, así como a la persecución, el encarcelamiento y la política opresora y represiva
que retoma la guerra sucia contra todo el pueblo y busca doblegar y
eliminar la resistencia de los sectores movilizados para restructurar
el territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos de los
millonarios.
Así, la eliminación de disidentes o insurrectos que desde hace años
se emplea contra las comunidades indígenas y campesinas, multiplica por
todo el país el número de víctimas, que se intentan convertir sólo en
una estadística para ocultar los ríos de sangre, violencia y muerte,
como es el caso de los 22 jóvenes ejecutados por el ejército mexicano
en Tlatlaya, Estado de México.
Otro es el caso de 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero,
en prisión desde agosto de 2013, acusados de secuestro, portación de
armas, delincuencia organizada y otros delitos fabricados, y que
permanecen en exigencia de su libertad, así como el caso del líder de
la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, encarcelado en
diciembre del 2014 en Puebla, estado que tiene el mayor número de
presos políticos del país, con un total de 241 personas recluidas por
sus ideas; y también el caso del líder de la tribu Yaqui apenas
liberado el 27 de agosto por las autoridades de Sonora, que lo
aprendieron casi un año por oponerse a un acueducto, así como decenas
de presos políticos más de este sexenio.
Y el caso más indignante, que demuestra con más claridad la
impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos
sociales, pero que también dio lugar al nacimiento de una nueva
conciencia social, es el Crimen de Estado perpetrado contra los
normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del
27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de ese
municipio gobernado por el PRD atacaron a un grupo de
estudiantes de esta escuela mientras realizaban una colecta, hecho que
involucró los delitos de tortura y ejecución extrajudicial contra 6
personas y la desaparición forzada de 43 más.
Sin dudar de la responsabilidad principal del Estado Mexicano, el
exgobernador de Guerrero y el 27 batallón de infantería del ejército
tienen muchas cosas que decir por sus acciones de comisión y omisión.
El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta
“verdad histórica” de la PGR que intenta convencernos de que la narco
delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a
la página.
No, de ninguna manera, los padres y madres de los 43 continuarán su lucha hasta encontrarlos.
A tres años del gobierno de Peña Nieto, se puede afirmar que en México hay una política de estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales,
que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por
intervención del imperio norteamericano. Existen cientos de ejemplos de
asesinatos y desapariciones.
Según Amnistía Internacional, desde 2007 han sido sujeto de desaparición forzada más de 25 mil personas en México,
la mitad durante el gobierno de Peña Nieto y 5 mil de ellos menores de
edad, en lo que las estadísticas del estado han dado en llamar “daños
colaterales” que se extienden por todo el país. Esta es una expresión
de las agresiones más salvajes al movimiento social y al pueblo en
general, donde la represión indiscriminada mediante acciones de
terrorismo de estado, el desproporcionado uso de la fuerza y la
crueldad sin límites, intenta sembrar el miedo como parte de las
operaciones de “inteligencia estratégica”.
La inconformidad social crece y cada día se manifiesta más; a casi
un año del crimen de lesa humanidad y la desaparición forzada de 43
normalistas, el movimiento de Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso
y ha tenido enormes movilizaciones a lo largo y ancho de la república
mexicana y a nivel internacional. Los padres han recorrido varias ciudades de Estados Unidos,
así como países de Europa y Sudamérica, donde diversas organizaciones
sociales, sindicales, estudiantiles y en pro de los derechos humanos,
así como ciudadanos y líderes de opinión se han solidarizado
recibiéndolos en sus propias trincheras.
Por la verdad y la justicia han marchado más de un millón de
personas como las que lo hicieron el pasado 20 de noviembre. Hoy los
padres, sus representantes legales y organismos defensores de derechos
humanos, así como los normalistas, se mantienen firmes por la
presentación con vida de los 43 jóvenes y justicia para los caídos, por
la defensa de las normales rurales del país. Recientemente, en la
décimo quinta acción global del 26 de agosto, nuevas aportaciones
científicas y evidencias aportadas por los forenses argentinos y por
los expertos independientes de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, sepultaron la supuesta “verdad histórica” del ex
titular de la Procuraduría General de la República, que intentó dar
carpetazo a la investigación y dejar atrás el crimen de Ayotzinapa como
si fuera un simple secuestro. ¡Jamás!, el movimiento se mantiene en pie
de lucha hasta encontrarlos y seguirá siendo expresión de la
indignación que busca memoria, verdad y justicia.
Por el lado del movimiento social que arropa la solidaridad con
Ayotzinapa, se avanza en la redefinición de las tareas políticas que
posibiliten dar respuesta a las demandas más sentidas del pueblo, en
primer lugar reivindicando los 9 puntos programáticos de la Convención
Nacional Popular, que son los siguientes:
1.- Presentación con vida de los 43 estudiantes y de todos los detenidos-desaparecidos del país.
2.- Castigo a los culpables y justicia para los agraviados.
3.- Libertad a todos los presos y procesados políticos del país.
4.- Fuera Peña Nieto y toda la estructura del Estado, y por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.
5.- Abrogación de las reformas estructurales.
6.- Por la justicia y los derechos humanos, contra los crímenes de
Estado:desaparición forzada, tortura y ejecución extra judicial.
7.- Cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre
el tema de la tortura y del grupo de trabajo de la CIDH sobre el tema
de las desapariciones forzadas.
8.- Por la soberanía nacional y la autonomía política, económica y
social y por la defensa del territorio, el agua y todos los recursos
naturales.
9.- La Convención Nacional Popular hace suyas las demandas legítimas
del pueblo y abraza todas sus luchas reivindicativas hacia la unidad
del Movimiento.
Se trata de que estos ejes se conviertan en la línea política que de
orientación a las demandas cotidianas de los sectores movilizados, que
propicien la creación de estructuras organizativas, que le den
permanencia y concreción, que definan plataformas comunes con tareas
presentes y futuras y de coyuntura, y que guíen los pasos necesarios
para la construcción de una nueva sociedad alternativa a la actual de
despojo, guerra y miseria, en vías de la conformación de un poder
autogestivo donde la gente se convierta en el actor principal de su
propia historia, frente a la descomposición institucional, la
inoperancia de las formas de control corporativo tradicional y la
ineficacia del modelo económico.
Hoy más que nunca, requerimos de la unidad política, orgánica y
programática nacional de quienes nos oponemos a las políticas
neoliberales. La construcción de un poder autónomo y democrático es la
vía para terminar con el dominio del capital corporativo y para la
transformación social que establezca un nuevo orden donde prevalezca la
justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Esa unidad se
catalizará con referentes como la Convención Nacional Popular y
la iniciativa del Frente único que propone la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Como decían hace cien años, la chispa que incendie la pradera
arrasará al capital corporativo y se expandirá en beneficio de la
humanidad.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por Verdad y Justicia!
¡Abajo las reformas neoliberales!
¡Presos políticos, libertad!
¡Ni una lucha aislada más!
¡Fuera Peña Nieto!
¡Hasta la victoria siempre, venceremos!
Atentamente:
Comité de Padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.
Asamblea Nacional Popular / Convención Nacional Popular.
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