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El presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El martes primero de septiembre, mientras en México se
trataba de reeditar el ritual del “día del Presidente” en la Cámara de
Diputados integrada por partidos ensimismados en sus intereses
particulares, no muy lejos, en el país vecino, Guatemala, sus diputados
daban una lección histórica al desaforar al presidente Otto Pérez
Molina para llevarlo a juicio por delitos de corrupción.
El congreso guatemalteco decidió por unanimidad retirar el fuero al
presidente Pérez a quien se le acusa de encabezar diversos actos de
corrupción con empresarios que pagaron millonarios sobornos para evadir
impuestos en un caso conocido como “La Línea”.
Los diputados de Guatemala no pidieron la dimisión del presidente
(quien finalmente decidió renunciar este jueves), sino llevarlo a
juicio ante la Suprema Corte de Justicia para que enfrente los cargos
que se le imputan desde el mes de abril cuando se reveló que encabezaba
“La Línea” una organización de evasión fiscal que operaba Juan Carlos
Monzón, secretario particular de la exvicepresidenta Roxana Baldetti
quien, junto con el presidente Pérez, daban las órdenes para poner a
funcionarios claves en la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT) y ahí corromper al sistema fiscal.
Los empresarios que buscaban ayuda lo hacían vía telefónica marcando
un número exclusivo donde los enviados del presidente y la
vicepresidenta los atendía a cambio de sobornos. De ahí que a la
agrupación criminal institucionalizada se le conocía como “La Línea”.
El gobierno de Otto Pérez tiene otras acusaciones de corrupción,
entre ellas la sobrefacturación de 15 millones de dólares en la compra
de medicamentos por el Seguro Social. Gracias a la presión social y al
papel de los legisladores, el presidente de Guatemala será enjuiciado
por corrupto y podría ir a la cárcel.
En México el presidente Enrique Peña Nieto y varios integrantes de
su gabinete están involucrados en claros casos de corrupción que han
sido literalmente lavados por el secretario de la Función Pública,
Virgilio Andrade, quien declaró que no había conflicto de intereses en
la compra de propiedades de Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera y
del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al constructor favorito del
gobierno, el Grupo Higa, a quien le había otorgado una de las obras más
costosas de esta administración, la línea del tren de México a
Querétaro.
Además de estos casos de corrupción, que son los más evidentes pero
no los únicos, el gobierno de Peña enfrenta actos de impunidad, de
ejecuciones extrajudiciales y de violaciones de derechos humanos en los
casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Ostula, Apatzingán y Calera, los cuales
son conocidos en todo el mundo como muestra de su incapacidad para
hacer frente a la situación de violencia, al crimen organizado y a la
simbiosis de este último con el poder político.
El presidente Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete cumplen
los requisitos para que sean sujetos de un juicio político y judicial,
pero ni la Cámara de Diputados, el Senado, la Suprema Corte de Justicia
o la PGR son capaces de investigarlos y llevarlos a los tribunales.
Hace tiempo, cuando las cosas iban mal, el refrán popular era que
íbamos de “Guatemala a Guatepeor”. Hoy en Guatemala se ha dado un
ejemplo histórico al llevar a juicio a su presidente gracias a la
presión de la sociedad, mientras que en México reina la impunidad, la
corrupción y la injusticia.
En los hechos hoy somos el “Guatepeor” con una economía estancada,
desempleo y pobreza galopante, la violencia en una espiral
incontrolable, el crimen organizado hecho gobierno y un gobierno
corrompido y lejano a los reclamos sociales.
Twitter: @GilOlmos
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