MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Con
septiembre inicia la obligación presidencial de rendir un informe a la
ciudadanía de lo realizado por el gobierno federal en el último año,
así como nuestro deber como organizaciones de la sociedad civil de
hacer un balance entre lo que se informa a la opinión pública y lo que
ocurre en la vida real.
Como sabemos, los delitos en materia de trata de personas se han
convertido, con el paso del tiempo, en uno de los más redituables y con
mayor crecimiento en los últimos años, sólo después del tráfico de
armas, siendo mujeres, niñas y niños la materia prima explotada a favor
del crimen organizado.
En ese sentido, tenemos plenamente identificadas las causas
estructurales que dan origen a esta tragedia nacional: la desigualdad,
la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades en educación y
empleo, pero indudablemente, un sistema patriarcal que resulta el caldo
de cultivo ideal para la impunidad, la corrupción y un deficiente
sistema de justicia que refuerzan y operan a favor de los delitos en
materia de trata de personas.
El elemento básico que por sentido común debería existir para afrontar
debidamente el problema no existe en el gobierno de Enrique Peña Nieto:
México no cuenta con cifras o estadísticas sobre trata de personas que
registren grupos etarios, localización, incidencias, frecuencias o
modus operandi a nivel nacional, y mucho menos en el ámbito estatal.
En fechas recientes, el asesor regional de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Felipe de la Torre, dijo
que en México hay un problema estadístico porque no existen los
instrumentos de medición para la incidencia “del delito de trata de
personas” (delitos en materia de trata de personas), lo que provoca que
las cifras sean diversas, ambiguas y no se pueda definir un porcentaje.
Por otro lado, en la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) hemos tenido que trabajar
de la mano y en coordinación con el gobierno de la República en
diversas ocasiones, y si bien es cierto que entre las y los
funcionarios existe cierta disposición, la realidad es que no hay una
política pública dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la trata de
personas en el país.
Lo anterior resulta lógico si recordamos que el gobierno federal
procede del PRI, un partido político que monopolizó el poder por más de
70 años y que –luego de dos fallidas administraciones panistas– llegó
nuevamente a la Presidencia bajo una sombra indeleble de ilegalidad.
Esto significa que, más allá de un interés genuino por encabezar un
nuevo rumbo para el país bajo principios democráticos, los círculos del
poder, constituidos hoy en mafias, tienen en la mira objetivos
particulares (para personas particulares) que se encuentran muy lejos
del bienestar o el respeto a los Derechos Humanos de la población.
En segundo término, la experiencia de tres años bajo el gobierno de
Peña Nieto nos ha enseñado a identificar, sin temor a equivocarnos, que
el gobierno federal no trabaja bajo un enfoque de Derechos Humanos, y
muchos menos un enfoque de género. Que todo es simulación y discurso
hueco.
Por tercer año consecutivo México ha sido clasificado en el Informe
sobre Trata del Departamento de Estado de Naciones Unidas en Nivel 2,
Lista de Observación, o sea que no cumple con los estándares mínimos
para la prevención, protección y asistencia de las víctimas y
persecución de los delitos en materia de trata de personas.
Los resultados a la fecha hablan por Peña Nieto. En México, las
averiguaciones a nivel federal sobre el delito de trata de personas han
ido en aumento en los últimos años.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el número
de casos ha crecido de forma gradual desde 2009 cuando se iniciaron 22
averiguaciones sobre ese delito, y para 2014 aumentaron hasta 218.
Obviamente, se trata de muchos casos más.
Aunado a esa situación, de un total de 722 averiguaciones previas
abiertas por el delito de trata, sólo 127 fueron consignadas, en 222 la
PGR se declaró incompetente, en 80 no se ejerció acción penal, en 20 se
reservó la información, y en las 270 restantes no se emitió información.
Lo anterior, de acuerdo con la respuesta que se dio a una solicitud de información ingresada por el diario El Universal.
Y no obstante que en la Ciudad de México se asienta el poder federal
(Ejército, Marina, Policía Federal, etcétera), nos hemos encontrado
recientemente con que más de 6 mil 500 mujeres han desaparecido en los
últimos siete años en el Distrito Federal, según arrojaron las
respuestas a solicitudes de información ingresadas a la PGJDF por el
Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación
Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos (CAM).
Casi mil por año que no sabemos si aparecieron, si fueron víctimas de
trata o cualquiera de las formas de explotación, esclavitud o
servidumbre establecidas en la Ley General sobre la materia; si las
buscan o están esperando que las familias sean quienes las encuentren
para que luego se las presenten a declarar.
Incluso, siendo el DF el lugar del país donde mayor número de
sentencias se han emitido, no tenemos conocimiento de que se haya
encarcelado y menos sancionado a ninguno de los tratantes, proxenetas
dueños de los “tables” o inmensos burdeles que se disfrazan de bares,
restaurantes o picotas de esta ciudad. Ahí está el caso del PRI-DF.
Como los anteriores, podríamos mencionar más y más ejemplos de lo que a
la fecha no ha cumplido el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y seguramente con fanfarrias nos van a anunciar que ya cuentan con un
diagnóstico nacional, que está desactualizado porque se realizó en
2013, un protocolo que elaboró la CEAV-MX que de las necesidades de las
víctimas de trata no tienen ni la menor idea, y un modelo de atención a
víctimas que elaboró alguien que lo más que llegó a hacer fue repatriar
o reunificar a las víctimas con sus hijas e hijos.
En este Tercer Informe queremos saber, por ejemplo, ¿por qué únicamente
fueron asignados 5 millones de pesos a la Comisión Intersecretarial
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas, y para la Protección y Atención a las Víctimas de estos
delitos a la Secretaría de Gobernación y qué se hizo con ellos?
Queremos saber por qué el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE) le entregó seis inmuebles a las organizaciones de Rosa
María de la Garza de Orozco, conocida como Rosi Orozco, mientras otras
organizaciones que atienden víctimas no se han visto favorecidas con
ninguna instalación para la adecuada protección y asistencia a las
víctimas de estos delitos.
¿Por qué el partido del presidente intenta reformar la ley para
desaparecer los fondos de asistencia y protección de las víctimas, y se
quiere acotar la protección a las víctimas únicamente al periodo que
dura el proceso penal, cuando cualquier especialista sabe que el
periodo de recuperación depende de la gravedad del estrés
postraumático, sin contar el tiempo que tome reconstruir el proyecto de
vida?
Finalmente, tres años han pasado desde que se nos prometió un protocolo
de atención a víctimas de trata, y nada ha sucedido. ¿Esa es la
prioridad que las víctimas tienen para Peña Nieto, según él mismo
manifestó en redes sociales hace menos de un mes?
Ignoramos lo que este día se vaya a informar en materia de trata de
personas por parte del Ejecutivo federal. Lo que sí sabemos es que tres
años han pasado con un panorama oscuro y desalentador, no sólo para
quienes ya son víctimas de delitos en materia de trata, sino para los
millones de mujeres y niñas vulneradas por las políticas de gobierno
interesadas en todo, menos en ellas.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.-
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