Recorta gobierno 9 millones de euros a programas de atención
Por: Gloria López
Ayer
se conocía un nuevo caso: una mujer de 29 años fue agredida este martes
presuntamente por su pareja e ingresó muy grave en el Hospital La Fe de
Valencia.
Es el último dato de la violencia machista, en un año en el que, según
cifras oficiales y a falta de confirmar cerca de una decena de casos en
investigación, 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o
ex parejas.
Debiera ser una prioridad acabar con esta violencia que se ceba con las
mujeres por el hecho de serlo. Si así fuera, el Estado tendría que
disponer de los recursos necesarios para invertir en prevención y en
atención a las víctimas. Pero no es así, tal y como denuncian expertas
y organizaciones feministas en su análisis de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2016.
El dinero que destina el gobierno ha pasado en seis años de los 34.3
millones de euros de 2010 (pico de la financiación) a los 25.2 millones
que prevé gastar en 2016.
El Programa contra la Violencia de Género sube 6.32 por ciento respecto
a 2015 y 5.5 por ciento respecto al comienzo de la Legislatura en 2012,
pero baja 10.92 por ciento respecto a 2009.
En todo caso, es insuficiente para la financiación municipal de los
puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio
de Estambul, o para ofrecer las ayudas económicas previstas por la ley
a las víctimas.
“Con estos presupuestos es imposible garantizar el cumplimiento del
artículo 19 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que dice
que las víctimas tienen que recibir atención jurídica, psicológica,
económica y social”, asegura Begoña San José, integrante de la
Plataforma Impacto de Género Ya, que evalúa los PGE desde una
perspectiva de género.
La reforma de la Ley de Régimen Local ha eliminado las competencias
municipales en la materia y ha prohibido a los ayuntamientos realizar
aportaciones para la lucha contra la violencia de género y a los puntos
de encuentro –la reforma establece que las entidades locales solo
podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se
financian al 100 por ciento por las comunidades autónomas o el Estado–.
“De algún modo el gobierno tiene que sustituir la financiación”, apunta
la experta.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género empleará seis
millones de euros (en 2015 eran 5 y 6.5 en 2010) para convenios con
comunidades autónomas con el objetivo de financiar los servicios
sociales de atención (psicológica, judicial y social), emergencia,
apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima.
Algo gestionado en buena parte a través de los puntos de atención
municipales. Muchos de estos puntos han sido cerrados y en todo caso
cuentan con menos profesionales asignadas.
Desde la plataforma insisten en que “la reforma de la ley debería ser
compensada con un incremento de las transferencias a las comunidades,
pero el presupuesto solo ha aumentado en un millón de euros”. Para
financiar estos servicios demandan aumentar de 6 a 60 millones esta
dotación.
Sobre los Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de
padres maltratadores no pongan en riesgo a las y los hijos, además, las
organizaciones incluidas en la plataforma denuncian que en los PGE
“sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a
las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto
en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades
que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino
mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las
mujeres y la infancia”.
Recientemente la portavoz parlamentaria de Igualdad del opositor
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recordó que 25 menores de edad
han sido asesinados por sus padres en los últimos años durante el
régimen de visitas. Un caso ilustrativo es el de Ángela González
Carreño.
La prevención en el ámbito educativo también ha sufrido un recorte. De
hecho las organizaciones critican que no exista una partida específica
para tal materia, a pesar de que la Ley Integral “obliga a incluir la
igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar
formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad
en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”.
Begoña insiste en que esta situación “va en contra de las
recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre
Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, ratificado por
España en 2014.
Otro de los puntos fundamentales es el de las ayudas económicas que
deben recibir las víctimas de violencia de género. Por un lado, el
enfoque del gobierno tanto en la sensibilización como a la hora de
brindar apoyo a las víctimas siempre está vinculado a la denuncia, lo
cual no deja de ser limitado y en todo caso no resulta imprescindible
para optar a los recursos reconocidos por la ley.
Pero además, sólo 426 víctimas (0.33 por ciento de las denunciantes)
percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 euros por seis a 18
meses, en pago único. En el caso de la Comunidad de Madrid, por
ejemplo, sólo cinco mujeres reciben este subsidio.
La ley también prevé otro mecanismo de apoyo económico para las mujeres
que sufren violencia. Son contratos con bonificación de la cuota
empresarial a la seguridad social a quienes las empleen. Sólo se
contabilizan 900 contratos de este tipo (0.7 por ciento de las
denunciantes) en todo el Estado español.
El PSOE ha presentado varias enmiendas a las cuentas del Estado en las
que pide que la cantidad de 25 millones de euros presupuestada por el
gobierno, para la lucha contra la violencia de género se incremente
hasta llegar a 100 millones.
Las enmiendas se enmarcan en el “gran acuerdo social, político e
institucional contra la violencia de género” que el jueves reclamó el
líder socialista, Pedro Sánchez, y que se basa en un decálogo de
medidas urgentes, como ampliar la ley para que incluya la violencia
contra las mujeres ejercida fuera de la pareja, proteger a los y las
menores y dar formación específica a jueces, profesionales de la
abogacía, forenses y fuerzas de seguridad.
La Plataforma Impacto de Género Ya ha hecho llegar a los Grupos
Parlamentarios en el Congreso un manifiesto junto a diversas propuestas
de enmienda a los presupuestos. De momento han respondido los partidos
IU, CiU, y UPyD.
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.-
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