Por: Redacción Revolución
(26 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Entró en la
habitación 123 a las 22 horas con seis minutos, lo sabe porque en la
mesa que estaba junto a una de las dos camas de la habitación había un
reloj y a su lado un folder, el supuesto motivo por el que fue
requerida su presencia.
Él la estaba esperando, le señaló en que cama debía sentarse, puesto
que una estaba ocupada por una fornitura, un chaleco antibalas y una
cartuchera, de las que utiliza la policía estatal acreditable.
Le informó que le había llegado un oficio de Ciudad Victoria, donde
le notificaban su cambio de plaza, el cual jamás le enseñó, simplemente
apuntó hacia el folder. Segundos después, sin esperarlo, él, Juan
Esteban Montiel Migliano, Capitán Segundo Piloto Aviador, la sujetó de
su cabellera y le dijo “tú ya sabes de lo que se trata, tú ya sabes
cómo se maneja esto” y le propinó dos cachetadas.
Después la aventó a la cama boca arriba, bajó su pantalón y su ropa
interior, en medio de la violencia física y sexual, Montiel Migliano
recibió una llamada y antes de contestar la amenazó. le dijo: “no vayas
a hablar, de nada te va servir gritar, si gritas o no haces lo que te
digo sé quién eres, dónde vives y quiénes son tu familia”, todo ello
mientras le mostraba un arma larga tipo escopeta que tenía cerca de él.
En su testimonio, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, ella
asegura que mientras él mantenía la llamada se subió encima de su
cuerpo, con una mano tapó su boca y con la otra sostenía el teléfono,
terminó la llamada e hizo otra en la misma posición, nuevamente
haciéndole a la víctima las mismas amenazas de minutos atrás, después
de colgar, finalmente cometió la violación sexual por espacio de 10
minutos.
Consumada la agresión sexual, Montiel Migliano se puso en pie y le
aventó la ropa que le había quitado encima del cuerpo, después le
ordenó que se vistiera y saliera lo más pronto posible del hotel “sin
decir nada a nadie”, lo último que le dijo fue: “camina lo más natural
que puedas”.
Al bajar a la planta baja observó de reojo a dos empleados en la
recepción y afuera del hotel a un militar, no pudo levantar la cara por
vergüenza, llegó hasta su vehículo y se fue a casa llorando por lo
sucedido, sin saber qué hacer, “pues nunca imaginé que mi superior
jerárquico me fuera agredir de esa manera” afirmó.
Ella trabajó durante 15 años como policía estatal, cargo del que
tuvo que separarse por miedo a lo que sucediera después de aquel
episodio. Aquella noche de lunes, una hora antes, se encontraba en su
domicilio cuando recibió una llamada de su superior jerárquico el
Capitán Juan Esteban Montiel Migliano, quien le solicitó presentarse lo
antes posible con él, para notificarle la recepción de un oficio muy
importante.
A lo que la víctima le preguntó si se encontraba en las oficinas de
seguridad pública, Migliano le respondió que no y le pidió que se
dirigiera al hotel donde se encontraba hospedado, después de darle la
dirección y el número de habitación, él instruyó que no hablara con
nadie y que al llegar subiera por el elevador y fuera al primer piso,
donde la estaría esperando.
Ella colgó e inmediatamente se dirigió al sitio, al llegar estacionó
su vehículo particular y se percató que no había personal militar que
resguardara el hotel, como regularmente se acostumbra, sin embargo no
le causó sospecha alguna, siguió las instrucciones y al abrirse las
puertas del elevador encontró al Capital esperándola, quien al verla
inmediatamente se llevó uno de los dedos hacia sus labios cerrados, en
señal de silencio y le pidió ingresar a una de las habitaciones.
“Impunidad, ese es uno de los principales porqué de estos hechos”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO el
licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos
Humanos de Nuevo Laredo. A su vez explica que cuando se denuncian este
tipo de agresiones, ninguna autoridad, ni la del fuero común y tampoco
la del fuero federal quieren intervenir.
La forma de evitarlo es alargando el proceso por medio de obstáculos
y responsabilizándose entre sí, al declarar la incompetencia el uno del
otro. En el caso del piloto existe una orden de aprehensión, sin
embargo sigue trabajando en Tamaulipas, “porque lo protegen, tanto la
autoridad federal, como la estatal. Él tramitó un amparo que le fue
negado y sin embargo, manteniendo esas dos situaciones en su contra,
sigue siendo integrante de la seguridad de Tamaulipas. Siendo militar
nadie va ejecutar dicha orden, porque es parte de las fuerzas federales
las cuales gozan de absoluta impunidad”, asegura Ramos Vázquez.
Lo conveniente, a decir por el defensor de Derechos Humanos, debió
ser su detención, y antes de eso debió ser calificado como un objetivo
e importante, además de prioritario, por castigar, sin embargo “se le
sigue protegiendo desde el gobierno de la República, él trabaja y opera
en este momento en Matamoros”.
En contraposición la víctima de agresión sexual no recibió ningún
tipo de indemnización al dejar su cargo, hoy sigue padeciendo todo tipo
de amenazas, incluidas las de muerte. Ramos Vázquez comenta que ha
preguntado al Secretario de Gobernación ¿Quién va proteger a la
víctima, qué autoridad lo hará? Nunca ha llegado respuesta, y argumenta
que al ser un agresor un militar, ninguna dependencia gubernamental se
preocupará por la víctima, por lo que permanece aterrorizada.
Distintos casos han demostrado que cuando las víctimas han padecido
las agresiones de fuerzas federales, tienen que mendingar justicia,
tiempo para ser escuchadas y permiso para exponer el miedo que padecen,
porque aunque cambiaron de ciudad, de vida y de hábitos, el agresor
puede terminar con su existencia y la de su familia.
La repetición de los delitos se ha dado en 10 ocasiones durante los
últimos dos años, sin embargo ocho denuncias no han llegado al
Ministerio Público por dos razones: miedo a los agresores y
desconfianza en las autoridades. Las víctimas no quieren sufrir
humillaciones, revictimización de la misma autoridad y además no habrá
garantías de justicia.
Por su parte los defensores de derechos humanos también padecen
persecución, “cada vez que presentamos o hacemos del conocimiento de la
opinión pública una denuncia en contra de integrantes de las Fuerzas
Armadas, recibimos represalias, amenazas y hostigamiento, hay riesgo
constante porque se realiza labor de acompañamiento de defensa de las
víctimas, no somos investigadores, hacemos ver que eso le compete las
autoridades, y debido a que presionamos para que se dé paso a la
justicia, somos blancos de ataques”, asegura Ramos.
El Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo,
puntualiza que “en México los que mandan son los militares, no es el
presidente de la República, tampoco el legislativo y mucho menos el
judicial, este tipo de actos son una señal que vivimos un escenario muy
parecido a una dictadura militar, en donde se agrede a quien sea sin
distinción, ellos atacan a defensores de derechos humanos, periodistas,
líderes sociales, sociedad civil, así es como se puede exhibir la
debilidad del poder ejecutivo ante las Fuerzas Armadas, las cuales
están fuera de control y por encima de la ley”.
La justicia para mujeres violadas por militares pareciera que no ha
llegado al país, mientras tanto las víctimas han dejado de tener una
vida sana, producto del trauma, el miedo y la intimidación, siendo la
sobreprotección a las fuerzas armadas el mayor obstáculo, que se
refleja en la nula acción legislativa que no se ha atrevido a ejercer
en contra de quien cometa actos graves en contra de los derechos
humanos.
Araceli Olivo, abogada del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”,
afirma que las violaciones sexuales cometidas por Fuerzas Armadas
suceden porque sencillamente en este país lo pueden hacer libremente.
Por eso las mujeres tienen miedo a denunciar, el Estado no genera
las condiciones para que sientan la confianza de poder hacerlo, al
contrario existen represalias desde todas las instancias también
padecen el miedo a ser ridiculizadas y estigmatizadas, además que
mantienen la vergüenza como si ellas tuvieran culpa alguna. Finalmente
el Estado nunca ha dado una respuesta efectiva para investigar y
sancionar, tampoco pretende incentivar a que se generen las quejas.
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