CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno de Guerrero destinó de
septiembre a diciembre pasado más de 66 millones de pesos a empresas
privadas, algunas de ellas “fantasma”, para adquirir uniformes y
equipamiento de la Policía Preventiva Estatal (PPE).
No obstante, durante ese periodo y en lo que va de la administración
del gobernador Héctor Astudillo Flores, los elementos de la corporación
solo han recibido una dotación de dos uniformes y un par de calzado
durante el festejo del Día del Policía en enero de este año.
A través de procedimientos poco transparentes, el exgobernador
interino Rogelio Ortega Martínez y el actual mandatario Héctor Astudillo
Flores adjudicaron 24 contratos millonarios a tres empresas y un
particular, indican documentos oficiales consultados por Apro.
De acuerdo con la relación de “contratos y pedidos realizados” de la
dirección general de Adquisiciones y Servicios generales, dependiente de
la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), se indica que el
principal beneficiado durante el interinato de Rogelio Ortega fue el
empresario de origen colombiano Miguel Caballero, quien recibió 60
millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos.
En la administración de Ortega, que se caracterizó por los
señalamientos de corrupción y desvío de recursos, también destacan las
empresas Battery Network, con nueve contratos por casi tres millones de
pesos y Ala del Noroeste con un contrato por dos millones.
Mientras que el gobierno de Astudillo otorgó el 22 de diciembre
pasado un contrato de casi un millón de pesos a un particular
identificado sólo como Claudia Montserrat López Matías.
De esta forma, el gobierno estatal erogó en cuatro meses –de
septiembre a diciembre de 2015–, 66 millones 653 mil 640 pesos para
adquirir uniformes, calzado, chalecos blindados, equipo antimotín y
fornituras destinados a la PPE, indican los informes oficiales que las
autoridades tuvieron que hacerlos públicos vía acceso a la información.
Empresas dudosas
No obstante, las autoridades se niegan a difundir las actas
constitutivas y no informó sobre el procedimiento de adjudicación que
benefició a las empresas.
Durante una revisión de las empresas que recibieron más de 66
millones de pesos para uniformar y equipar a la policía estatal, destaca
el hecho de que el empresario Miguel Caballero denunció públicamente
que en Guerrero están plagiando el nombre de su marca para vender
productos de seguridad al gobierno estatal.
A través de su portal oficial, la empresa colombiana que se asume
como creadora de la industria fabricante de prendas blindadas y una de
las principales compañías productoras de chaleco táctico a nivel
mundial, informó que en Guerrero y específicamente en la ciudad de
Acapulco “han sido vendidos chalecos de otras marcas utilizando como
método de acercamiento y venta el nombre de esta empresa”.
Por su parte, en el caso de Battery Network, informes del gobierno
federal la clasifican como una empresa dedicada a la venta de aparatos
electrónicos y se encuentra afincada en el municipio de Tlalnepantla,
Estado de México.
De la empresa Ala del Noroeste no existe registro público alguno y de
Claudia Montserrat López Matías sólo se indica que ha vendido mangueras
al gobierno de Guerrero en noviembre de 2013 por lo que recibió un
contrato por casi 100 mil pesos.
En contraste con la importante inversión económica del gobierno en
empresas privadas y particulares, ayer los elementos de la
PPE realizaron un paro en esta capital para exigir beneficios laborales.
Entre las demandas de los uniformados destaca la exigencia de la
entrega de uniformes de buena calidad y equipamiento básico para
desempeñar sus funciones.
Consultados por Proceso, un grupo de policías que
pidió el anonimato, aseguró que durante la administración de Rogelio
Ortega no recibieron uniformes ni equipo alguno, y señalaron que en los
siete meses del gobierno de Astudillo sólo han recibido dos uniformes y
un par de calzado.
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