Desinformémonos
El gobierno de
Barack Obama, que va de salida, ha sido un gran promotor de la
mal-llamada guerra contra las drogas en México, que ha cobrado unas
150,000 vidas mexicanas, además de por lo menos 27,000 personas
desaparecidas, de quienes hasta la fecha sus familias no saben si están
vivas o muertas. En su presupuesto 2017 presentado al Congreso solicita
otros $133.5 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, o Plan
México, que ha sido desde el 2008 el vehículo principal para respaldar
la guerra de Calderón asumida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y
para ampliar la presencia intervencionista del gobierno estadunidense en
el país.
Con la estrategia “compartida” de los dos gobiernos a
punto de entrar en su décimo año, es urgente hacer un balance público de
los impactos. Estamos cumpliendo una década de expansión de EEUU en
nuestro país en nombre del combate al narcotráfico, con un saldo
terrible de muerte, corrupción, militarización, violación de derechos
humanos, y de la construcción de un enorme andamio para el espionaje que
convierte al país en un estado policiaco con mayor capacidad de
represión.
El monto que pide el Departamento del Estado para
seguir con su desastrosa política en México es engañoso, como todo en
esta guerra. Año tras año, se ha ido pasando los gastos al Departamento
de Defensa. El cambio refleja el creciente papel del Pentágono en la
relación bilateral, y busca ocultar el destino del financiamiento ya que
Defensa es el ministerio menos transparente en el gobierno
estadunidense. Mientras la Iniciativa Mérida (IM) oficialmente ya no
incluye el financiamiento a las fuerzas armadas mexicanas, los programas
de entrenamiento y equipamiento crecen, con la aplicación de técnicas
ensayadas en la ocupación de Irak y, según fuentes internas, discusiones
secretas en torno a la creación de escuadrones de la muerte al estilo
de las dictaduras.
Si bien el monto de la ayuda estadunidense
representa una pequeña fracción del inflado presupuesto de seguridad, el
respaldo político y el despliegue de agentes de EEUU en el territorio
tiene gran impacto. La agencia anti-drogas DEA tiene más personal en
México que en cualquier otra parte del mundo, y esta presencia se
complementa, o a veces se complica, con la presencia de cientos de
agentes del FBI, de la CIA, etc. Por esta razón, a pesar de tener
resultados tan negativos, el gobierno de EEUU insiste en que las
relaciones EEUU-México están mejor que nunca, eufemismo para decir que
jamás en la historia contemporánea había habido tanta intervención en
los asuntos de México, un hecho que pone en riesgo seriamente nuestra
soberanía.
Las condiciones de derechos humanos —insertadas en la
Iniciativa Mérida para asegurar su aprobación y abrir contratos a las
ONG que se dedican a maquillar las intenciones militaristas del gobierno
de EEUU— ya prácticamente no existen. Su fracaso ha sido rotundo. En la
última década han cambiado las condiciones, pero ahora incluyen:
1) investigar y llevar a la justicia violaciones de derechos humanos en
cortes civiles;
2) la prohibición de la tortura y el uso de confesiones
bajo tortura;
3) transferencia de detenidos por las fuerzas armadas y
policía a las autoridades civiles;
4) buscar las víctimas de
desaparición forzada y llevar a la justicia las personas responsables de
este crimen.
La lista es una burla para quienes conocemos el
funcionamiento de los cuerpos de seguridad en México. Las fuerzas
armadas, apoyadas por la estrategia de EEUU en el despliegue ilegal para
tareas de seguridad pública, con frecuencia optan por ejecutar
extrajudicialmente a los sospechosos en vez de entregarlos a un sistema
de justicia que no funciona. La tortura es una práctica común como se
vio, otra vez, con la documentación por parte del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de los 17 casos de tortura
a detenidos en el caso Ayotzinapa. Las miles de desapariciones forzadas
en el país quedan en absoluta impunidad, mientras el estado hostiga a
los denunciantes en un proceso constante de re-victimización. Y lo más
importante es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la
autoridad moral o legal para condicionar a México. Si se concentrara en
asegurar que su ayuda extranjera no contribuyera a la violación de los
derechos humanos, la IM tendrá que ser —no suspendida— sino terminada de
inmediato.
Sin embargo, a pesar de que la suspensión de unos
pocos millones de dólares en ayuda estadunidense ocupa los encabezados,
la estrategia de guerra contra el pueblo sigue intacta. La nueva
embajadora en México, Roberta Jacobson, es una de los principales
arquitectos de la Iniciativa Mérida. De los dos probables candidatos a
la presidencia, Hillary Clinton como secretaria de estado amplió
“indefinidamente” la IM cuando se vencieron los 3 años designados por
George W. Bush e indudablemente volvería a ampliarla con el apoyo de las
poderosas empresas de defensa y seguridad que lucran con la guerra
contra las drogas. Donald Trump pudiera parar la cooperación
estadunidense con la guerra contra el narcotráfico, pero para lanzar una
guerra unilateral contra México —con la construcción del muro, la
deportación masiva de migrantes y políticas racistas y xenofóbicas que
desestabilizarían toda la región.
Es una guerra contra el pueblo
porque allí está la gran mentira de la guerra contra las drogas que
sustentan los dos gobiernos. El gasto de recursos públicos, el costo en
vidas humanas y la erosión del estado de derecho, que son las
consecuencias de la guerra, no han llevado a ningún avance en detener el
flujo de drogas prohibidas al mercado de EEUU, que, gracias a la
prohibición, sigue generando ganancias de aproximadamente $100 mil
millones de dólares al año para el crimen organizado. El tráfico de
heroína ha crecido muchísimo, con un aumento en las incautaciones de
500% entre 2013 y 2014. La hipótesis del quinto autobús del GIEI que
sugiere que los ataques a los normalistas podrían estar relacionados con
la protección de un cargamento de goma o de dólares pone en relieve que
el negocio de la droga es compartido —no combatido— por ambos estados.
La
Iniciativa Mérida y la guerra de Peña Nieto no combaten la droga
prohibida. Militarizan el país para tener en posición un aparato de
control social y de represión en un momento crítico, de múltiples crisis
que se abocan inevitablemente en resistencias populares y protestas
sociales. Es a propósito una guerra sin salida, sin victoria o derrota,
una guerra perpetua.
Se trata de una alianza oculta contra el
pueblo —contra el pueblo que busca sus familiares desaparecidos y exige
justicia. Contra el pueblo que defiende sus tierras y recursos
naturales. Contra el pueblo que se organiza con dignidad para enfrentar
la violencia, el crimen y el despojo.
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