MÉXICO, 23 ago (IPS) - Los operadores de la radio comunitaria Jenpoj (Vientos de fuego), en el sureño estado mexicano de Oaxaca, han tenido que enfrentarse al despojo, a los incontables trámites para obtener una licencia y a la escasez de fondos públicos para esos medios de comunicación.
"Sigue habiendo un rezago y violación a la libertad de expresión. Nos equiparan con un medio universitario o comercial", señaló a IPS Sócrates Vásquez, de Jenpoj, que transmite desde la comunidad mixe Santa María Tlahuitoltepec en un espacio radioeléctrico de 1.000 vatios.
Para contar los avatares del sector, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) en México entregó este lunes un informe a los relatores sobre la Libertad de Expresión Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Catalina Botero, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ambos iniciaron el 9 de este mes una visita oficial para constatar las condiciones en que se desenvuelven los periodistas en México, donde este año ya han sido asesinados al menos ocho profesionales y se han perpetrado siete ataques a medios de comunicación.
"Las radios comunitarias se enfrentan a la ausencia del reconocimiento a esa radiodifusión, a la ausencia de derechos y a la penalización de la radiodifusión no autorizada", explicó a IPS Aleida Calleja, vicepresidente de la Amarc, en un aparte de la presentación del documento de 17 páginas de extensión.
En México apenas funcionan 21 estaciones comunitarias, 17 de las cuales están afiliadas a Amarc. Pero no existe un dato preciso de las radios que transmiten sin ningún tipo de permiso, actividad catalogada de violación grave a la Ley General de Bienes Nacionales y penada hasta con 14 años de cárcel.
La Secretaría (ministerio) de Gobernación y la autónoma Comisión Federal de Telecomunicaciones son las encargadas de revisar los expedientes de aplicación para una licencia y emitirla. En febrero, ambas instancias concedieron seis permisos.
Las leyes federales de Radio y Televisión, de 1960, y de Telecomunicaciones, de 1995, establecen que las frecuencias comunitarias no pueden contratar publicidad para financiarse, pero están obligadas a cumplir con la inclusión de tiempo aire para los espacios gubernamentales y de los partidos políticos.
Uno de los temas críticos para este tipo de medios es la contratación de publicidad oficial. "Es un modelo discriminatorio que viola la libertad de expresión", denunció ante IPS Luís Cano, abogado del despacho Litiga, Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Cano representa legalmente a las estaciones La Voladora, del estado de México, vecino a la capital, y Radio Nhandiá, en Oaxaca, que presentaron un recurso de amparo en contra de la Secretaría de Salud Pública por negarse a conceder anuncios gubernamentales.
Especialmente en los poblados apartados, las estaciones comunitarias son un recurso para difundir información de utilidad para la población. Radio Jenpoj recibe ayuda financiera del municipio y donaciones de los habitantes para organizar rifas y así agenciarse de dinero para operar.
"La situación que guarda la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones agrava las condiciones para la subsistencia digna de las radios comunitarias en el país", cita el informe de Amarc titulado "Situación del derecho a la libertad de expresión en México: pluralidad y diversidad con énfasis en la radiodifusión comunitaria".
"Ha predominado la idea de que las radios comunitarias tienen que ser pocas, pobres y de poca potencia, rechazo eso. Un pueblo tiene derecho a estar informado desde todos los puntos de vista", expresó La Rue, quien concluyó este lunes junto a Botero su periplo mexicano con una reunión con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
En su informe presentado en junio pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, La Rue recomendó a todos los países legislar a favor de la radiodifusión comunitaria. En ese sentido, Argentina, Uruguay y Colombia son la punta de lanza en el segmento, con México, Guatemala y Honduras entre los más atrasados.
El gobierno usa el argumento de que el crimen organizado usa las estaciones comunitarios con fines propagandísticos y, por eso, demora y niega los permisos, según las organizaciones no gubernamentales. En México hay 1.487 estaciones radiales, de las cuales 13 pertenecen a grupos ciudadanos sin afán de lucro.
Actualmente, hay procesos penales por transmitir sin licencia en contra de la indígena Rosa Cruz, de Radio Huékaka, del noroccidental estado de Michoacán, de otra estación en la localidad de Paso del Macho, en el sudoriental territorio de Veracruz, y de la frecuencia Tierra y Libertad, en el norteño estado de Nuevo León.
Radio Jenpoj vivió una experiencia similar. Luego de presentar una solicitud de permiso en 1999, comenzó a transmitir en 2001. Pero soldados les confiscaron el equipo al año siguiente por operar sin el aval, en un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA. Finalmente, en 2004 recibieron una autorización por siete años.
Las radios comunitarias conocen el sabor amargo de la agresión. En 2006, fueron atacadas las oficinas de las radios La Voladora y Calenda, de Oaxaca. En abril de 2008 son asesinadas en la zona indígena triqui del territorio oaxaqueño las locutoras Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, un doble crimen que aún sigue impune.
"Los principales actores de las agresiones son las autoridades estatales o municipales, que no quieren liberar la información", acusó Calleja, cuya asociación agrupa a unos 3.000 miembros de 110 países.
La revolución tecnológica arrastra una amenaza más para las radios comunitarias, la cual está relacionada con el paso de la señal analógica a la digital. El apagón tecnológico para las primeras está previsto que ocurra en México en 2021.
"Queremos que haya un subsidio para el cambio tecnológico, pues sin él no podremos subsistir", advirtió Vásquez. (FIN/2010)
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