La deshonra de los legisladores

Zona de Reflexión

Por Lucía Lagunes Huerta*

México, DF, 10 sep 12 (CIMAC).- Recientemente varias legisladoras panistas y priistas reclamaron enérgicamente la destitución del diputado perredista Rubén Escamilla, ex delegado de Tláhuac, quien, aprovechando su cargo público, exigió favores sexuales a una empleada.

Sin duda, un funcionario público que carece de honorabilidad y comete un delito no puede ser la voz de una población. Por esas mismas razones, es que tendría que ser destituido como senador del PRI Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua, quien no protegió la vida de las mujeres en Ciudad Juárez.

Igualmente, tendría que dejar su cargo como embajador de México en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, militante panista llevado a la diplomacia por designio de Felipe Calderón y ratificado por el Senado de la República.

Más allá de los partidos en los cuales militan, los tres funcionarios públicos cuentan con elementos que los unen: son hombres que han tenido poder y que lo han usado en contra de las mujeres.

Los tres personajes han contado con la complicidad de sus instituciones partidarias no sólo para encubrirlos, sino para alimentar su carrera política a través de colocarlos en lugares públicos, menospreciando las faltas cometidas.

Esta terna de reyes, es sin duda la deshonra de los políticos, quienes sin sonrojo los aceptan como colegas respetables dentro de sus nuevas funciones. Mantenerlos en sus lugares contradice el discurso de muchos sobre la honorabilidad de quienes ingresan a la política, sobre la no corrupción, etcétera.

Si las estructuras partidarias, corrientes, grupos o pago de favores aceptan colocar como candidatos a semejantes personajes es porque no tienen sustento sus dichos, ni coherencia su política.

Patricio Martínez fue gobernador de Chihuahua entre 1998 y 2004, designó como procurador a Jesús Solís Silva, quien ya tenía denuncias por tortura y violación a los Derechos Humanos.

El ex gobernador Martínez enfrentó en 2001 el hallazgo en Campo Algodonero de los restos de ocho mujeres asesinadas, caso que fue litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitió que el Estado mexicano recibiera en 2009 la sentencia emblemática por ello.

En dicho proceso y como parte de la sentencia, la Corte concluyó que las y los funcionarios del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez actuaron con actitudes de discriminación, al culpabilizar a las víctimas, ya sea por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres.

Asimismo, añadió la CoIDH, las autoridades minimizaron el problema, justificaron la no intervención a través de estereotipos sexistas de las mujeres víctimas, con los que se excusaba la no intervención por su presunta falta de moralidad, o por ser sólo (sic) “muchachas corrientes” y carecieron de interés y vocación para atender y remediar una problemática social grave en un claro menosprecio sexista.

Ante la falta de sanción hacia los funcionarios responsables, la propia Corte señala que ésta deja en la indefensión a las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los Derechos Humanos.

E incluso afirmó que si se permite que estas personas permanezcan en sus cargos u ocupen posiciones de autoridad se genera impunidad, y se crean las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.

Así que no sólo deshonran a los políticos y a las instituciones que los acogen, sino que sus colegas y las instituciones que los reciben se vuelven cómplices del incumplimiento de un mandato internacional que aceptamos como nación.

Once años atrás de la sentencia de Campo Algodonero, la CNDH, a través de su recomendación 44/98, ya había declarado que la investigación que se realizaba bajo el mandato del panista Francisco Barrio Terrazas tenía una clara tendencia discriminatoria y sexista.

Apegados a la recomendación de la CoIDH, la terna de reyes tendría que ser destituida para regresar la honorabilidad a las instituciones, y hacer del Estado de Derecho una práctica cotidiana no sólo en la ciudadanía sino en quienes deciden hacer del servicio público una forma de vida.

Twitter: @lagunes28

*Directora general de CIMAC.

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