Se
trata de una gran incongruencia, como afirma la ONG, demostrativa de que Felipe Calderón está poniendo sus barbas a remojo ante la
posibilidad de que se presente una demanda contra él
Llama
la atención el celo con el que la cancillería mexicana salió en defensa
de la soberanía, cuando la actual administración demostró no sólo un
absoluto desinterés por el tema, sino un entreguismo total que hizo
añicos la soberanía nacional. En realidad, lo que hizo el embajador
Arturo Sarukhán fue salir en defensa de Ernesto Zedillo, no de los
intereses patrios, con el fin expreso de sentar un precedente que
comprometa al gobierno estadounidense en la defensa de Felipe Calderón,
cuando comience a tomar fuerza la exigencia de juicio en el tribunal
internacional de La Haya.
Es preciso asentar que no hay en el mundo un mandatario tan comprometido con la comisión de más de cien mil homicidios por parte de las fuerzas del Estado como lo está Calderón, muertes que sería imposible achacar sólo al crimen organizado, a los ajustes de cuentas entre los cárteles, cuando cientos de miles de ciudadanos han sido víctimas de los abusos de las tropas y de elementos de la Policía Federal, cuyos familiares han tenido que desplazarse de sus viviendas y andar buscando refugios para estar a salvo.
No se debe pasar por alto que antes del actual sexenio los cárteles coexistían pacíficamente para no entorpecer su negocio principal, el narcotráfico. Ponerlos a pelear fue una estrategia ordenada seguramente desde Washington, como lo han confirmado los acontecimientos y lo han señalado de manera reiterada especialistas en el tema de la violencia y del narcotráfico, como Edgardo Buscaglia. Los resultados han sido espectaculares en términos de ganancias para los fabricantes y vendedores de armas, y terriblemente dantescos para la sociedad mexicana. Y por supuesto se consiguió el objetivo fundamental: mantener al alza el mercado de drogas ilícitas.
Es curioso que no se ponga en riesgo la soberanía con la abierta intromisión de agentes estadounidenses en México, ni cuando los agentes fronterizos matan a indefensos ciudadanos mexicanos. Tampoco cuando empresas extranjeras se burlan de las leyes nacionales para obtener mayores ganancias, a costa de los bienes del país, como sucede con las mineras canadienses. Entonces la cancillería voltea la mirada y se olvida de sus funciones, como lo prueban los hechos. Por eso es inaceptable que ahora trate de engañarnos con el cuento de su repentino interés por la soberanía nacional.
Ahora sí, Sarukhán argumenta que “se vulneraría la soberanía nacional”, y que hasta “se afectaría la relación bilateral” si el gobierno estadounidense no concede inmunidad al ex presidente, responsable de la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Que lo fue no porque haya jalado los gatillos, sino porque era el jefe de las instituciones nacionales, en un Estado presidencialista donde nada se mueve sin que lo autorice el primer mandatario, sobre todo en lo relacionado con asuntos que inciden en la gobernabilidad y en el curso de la economía.
La concesión de inmunidad a Zedillo demostraría que el gobierno estadounidense participó en el diseño y la aplicación de la estrategia de guerra de baja intensidad aplicada en aquellos años en Chiapas, como señala el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López, quien también se pregunta: “¿Por qué los convenios internacionales de derechos humanos pueden vulnerar la soberanía, pero los de libre comercio no?”. La Secretaría de Relaciones Exteriores debería dar una respuesta creíble a tal interrogante.
Se trata de una “gran incongruencia”, como afirma la ONG, demostrativa de “que Felipe Calderón está poniendo sus barbas a remojo ante la posibilidad de que se presente una demanda contra él”. De hecho ya existe, en el tribunal internacional de La Haya, sólo falta que se den las condiciones que permitan emprender el juicio respectivo.
Calderón habrá de dejar al país en una situación dantesca, de la que apenas estamos viendo la superficie, no los trasfondos plagados de horrores inenarrables. Aún no se alcanzan a comprender los alcances del drama que significa la existencia de miles de huérfanos, producto de la “guerra” desatada por el michoacano. Se trata de un problema extraordinario que tendrá repercusiones sociales de todo tipo. Esos niños huérfanos, seguramente crecerán en medio de dramáticos escenarios que los marcarán de por vida.
Pero eso, para Calderón no tiene la menor importancia. Lo relevante para él es que Zedillo no sea molestado, sentar ese precedente con el ánimo de que sea tomado en cuenta llegado el caso, su propio caso. De nada le habrán de servir los más de 20 mil millones de pesos que gastó en cuidar su imagen televisiva, porque las consecuencias de su “guerra” habrán de seguirse manifestando durante mucho tiempo. El ciudadano común está cada vez más convencido de que la violencia extrema que estamos viviendo es obra de Calderón, no del crimen organizado.
Es preciso asentar que no hay en el mundo un mandatario tan comprometido con la comisión de más de cien mil homicidios por parte de las fuerzas del Estado como lo está Calderón, muertes que sería imposible achacar sólo al crimen organizado, a los ajustes de cuentas entre los cárteles, cuando cientos de miles de ciudadanos han sido víctimas de los abusos de las tropas y de elementos de la Policía Federal, cuyos familiares han tenido que desplazarse de sus viviendas y andar buscando refugios para estar a salvo.
No se debe pasar por alto que antes del actual sexenio los cárteles coexistían pacíficamente para no entorpecer su negocio principal, el narcotráfico. Ponerlos a pelear fue una estrategia ordenada seguramente desde Washington, como lo han confirmado los acontecimientos y lo han señalado de manera reiterada especialistas en el tema de la violencia y del narcotráfico, como Edgardo Buscaglia. Los resultados han sido espectaculares en términos de ganancias para los fabricantes y vendedores de armas, y terriblemente dantescos para la sociedad mexicana. Y por supuesto se consiguió el objetivo fundamental: mantener al alza el mercado de drogas ilícitas.
Es curioso que no se ponga en riesgo la soberanía con la abierta intromisión de agentes estadounidenses en México, ni cuando los agentes fronterizos matan a indefensos ciudadanos mexicanos. Tampoco cuando empresas extranjeras se burlan de las leyes nacionales para obtener mayores ganancias, a costa de los bienes del país, como sucede con las mineras canadienses. Entonces la cancillería voltea la mirada y se olvida de sus funciones, como lo prueban los hechos. Por eso es inaceptable que ahora trate de engañarnos con el cuento de su repentino interés por la soberanía nacional.
Ahora sí, Sarukhán argumenta que “se vulneraría la soberanía nacional”, y que hasta “se afectaría la relación bilateral” si el gobierno estadounidense no concede inmunidad al ex presidente, responsable de la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Que lo fue no porque haya jalado los gatillos, sino porque era el jefe de las instituciones nacionales, en un Estado presidencialista donde nada se mueve sin que lo autorice el primer mandatario, sobre todo en lo relacionado con asuntos que inciden en la gobernabilidad y en el curso de la economía.
La concesión de inmunidad a Zedillo demostraría que el gobierno estadounidense participó en el diseño y la aplicación de la estrategia de guerra de baja intensidad aplicada en aquellos años en Chiapas, como señala el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López, quien también se pregunta: “¿Por qué los convenios internacionales de derechos humanos pueden vulnerar la soberanía, pero los de libre comercio no?”. La Secretaría de Relaciones Exteriores debería dar una respuesta creíble a tal interrogante.
Se trata de una “gran incongruencia”, como afirma la ONG, demostrativa de “que Felipe Calderón está poniendo sus barbas a remojo ante la posibilidad de que se presente una demanda contra él”. De hecho ya existe, en el tribunal internacional de La Haya, sólo falta que se den las condiciones que permitan emprender el juicio respectivo.
Calderón habrá de dejar al país en una situación dantesca, de la que apenas estamos viendo la superficie, no los trasfondos plagados de horrores inenarrables. Aún no se alcanzan a comprender los alcances del drama que significa la existencia de miles de huérfanos, producto de la “guerra” desatada por el michoacano. Se trata de un problema extraordinario que tendrá repercusiones sociales de todo tipo. Esos niños huérfanos, seguramente crecerán en medio de dramáticos escenarios que los marcarán de por vida.
Pero eso, para Calderón no tiene la menor importancia. Lo relevante para él es que Zedillo no sea molestado, sentar ese precedente con el ánimo de que sea tomado en cuenta llegado el caso, su propio caso. De nada le habrán de servir los más de 20 mil millones de pesos que gastó en cuidar su imagen televisiva, porque las consecuencias de su “guerra” habrán de seguirse manifestando durante mucho tiempo. El ciudadano común está cada vez más convencido de que la violencia extrema que estamos viviendo es obra de Calderón, no del crimen organizado.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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