México, DF, 12 sep 12 (CIMAC).- Ante el intento de varios países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), personajes políticos, artistas y gente de la academia en la región se pronunciaron a favor del órgano integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
A través de un documento denominado “Declaración de Bogotá”, las y los firmantes refrendaron que el SIDH debe seguir contribuyendo a dar respuestas efectivas ante eventuales violaciones a los DH y cualquier intento por transgredir la democracia.
Entre quienes signaron la declaración están los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana y César Gaviria; el ex mandatario de Perú Alejandro Toledo; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; Silvia Pimentel, cofundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), y Raúl Vera López, obispo de Saltillo, México.
También firmaron los poetas Juan Gelman y Javier Sicilia, y la escritora nicaragüense Gioconda Belli, entre otras personalidades.
En el documento detallaron que desde hace más de un año, varios países miembros de la OEA buscan debilitar el SIDH, en particular a la CIDH, toda vez que algunos gobiernos han cuestionando las competencias, facultades, procedimientos, prácticas y decisiones de la Comisión, manifestando la intención de limitar su capacidad y disminuir sus atribuciones.
En junio pasado, Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunció que Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Brasil pretenden debilitar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para dificultar que víctimas de violaciones a sus DH exijan justicia ante ambas instancias, y evitar así eventuales condenas contra los Estados infractores.
Agregó que hay un “fuerte interés” de estos países y de otros miembros de la OEA, para que los casos que estén en análisis ante la CIDH se solucionen de manera amistosa y no lleguen ante la CoIDH.
Asimismo, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Brasil (con gobiernos autodenominados de “izquierda”) quieren endurecer los trámites a través de los cuales el SIDH otorga medidas de protección (que deben ser implementadas por cada Estado) para aquellas personas que se dicen en riesgo.
RIESGO DE RETROCESOS
Durante la última Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia, en junio pasado, los Estados miembros aprobaron las recomendaciones de un grupo de trabajo para el “supuesto” fortalecimiento del SIDH.
Ante ese debate que culminará dentro de seis meses en una reunión extraordinaria de la Asamblea General, en la “Declaración de Bogotá” las y los firmantes exigieron que la discusión sea transparente, democrática y participativa, de cara a la sociedad y los pueblos del continente, considerando especialmente la voz y experiencia de las víctimas a quienes el Sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento.
También demandaron que se perfeccionen los mecanismos de selección de integrantes de la CoIDH y la CIDH, y que se fortalezca el Sistema como un mecanismo eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales garantizando de hecho y legalmente su independencia y autonomía.
“Se requiere de una protección regional fuerte, decidida, acorde a los compromisos de las ciudadanías y los pueblos con la dignidad, la pluralidad, la seguridad, la igualdad, la participación y la democracia”, expresaron.
Agregaron que los logros del SIDH aún son insuficientes frente a las realidades del continente, ya que sigue siendo la región más inequitativa en cuanto a la distribución del ingreso y el goce de los derechos a la salud y prestaciones sociales; la persistencia de altas tasas de homicidios, y la vigencia del conflicto armado en Colombia que provoca una de las mayores cifras de desplazados internos.
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