Piden legalizar tránsito de migrantes hacia Estados Unidos

LA OTRA RUTA MIGRATORIA

Activistas critican incapacidad del Estado mexicano para frenar abusos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 11 sep 12 (CIMAC).- Louis Arbour, ex Alta Comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los DH criticó la incapacidad del Estado mexicano para frenar los abusos contra las personas migrantes cometidos por organizaciones criminales, por lo que consideró una opción, legalizar el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.

Durante la mesa redonda “Migración y Seguridad”, que se realizó ayer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Arbour indicó que mientras no se mejore la política migratoria en México, el Estado debe facilitar el tránsito legal de las personas migrantes que cruzan nuestro  país rumbo a Estados Unidos con la finalidad de proteger sus derechos humanos.

En el foro, celebrado con motivo del 50 aniversario de la Fundación Ford, la también presidenta de International Crisis Group, apuntó que regular el tránsito y estancia de las y los migrantes reduciría su temor a denunciar los abusos que padecen, al tiempo que les permitiría acceder a DH como la salud, educación y empleo.

Al término de la mesa redonda, convocada también por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración dijo a Cimacnoticias que las migrantes, quienes representan entre el 15 y 30 por ciento de las 150 mil personas que cada año ingresan a México rumbo a Estados Unidos son más vulnerables cuando la política migratoria es restrictiva.

Ejemplificó que en el país, la mayoría de las migrantes, sobre todo originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, viajan en carreteras, donde el 80 por ciento de las personas no documentadas son detenidas.

Ellas, además de correr el riesgo de ser deportadas por agentes migratorios, con el cambio de ruta están expuestas a ser secuestradas, víctimas de explotación sexual y homicidio.

En este escenario, dijo, es importante facilitar el trámite de estancia legal para que puedan viajar de forma regular, así, “ellas pueden subir a autobuses, en vez de pagar un arreglo ilícito con un pollero, o utilizar ese recurso para tomar un avión y viajar con documentos oficiales”.

“Si México quiere tomar en serio la protección de estas personas, (el gobierno entrante) debe entender que las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad, que se necesita un sistema de protección que incluya la persecución del delito y la reparación del daño.

Kuhner al igual que el resto de las y los especialistas que participaron en la mesa redonda concluyeron que la política migratoria debe diseñarse y aplicarse de manera conjunta con los países involucrados de Centroamérica, México y EU.

Louise Arbour urgió a mejorar la política migratoria entre las naciones involucradas, incluyendo a Estados Unidos (EU), que ha justificado el cierre de su frontera sur y el aumento de operativos policíacos con el argumento de garantizar la seguridad nacional.

Adam Isacson, director del Programa de Política de Seguridad Regional de la Oficina de Washington sobre América Latina, indicó que a pesar de que no hay evidencia de que la frontera sur represente una amenaza para el vecino país, su política es cada vez más restrictiva.

Isacson ejemplificó que desde 2005 se duplicó el tamaño de la policía fronteriza, también incrementaron los operativos, que incluyen el uso de aviones no tripulados. El despliegue ha permitido identificar que sólo 1 por ciento del flujo migratorio viene de Medio Oriente, pero ninguno ha sido detenido por terrorismo.

El endurecimiento de política migratoria también se debe al temor de que la ola de violencia que sufre México llegue a EU, pero el miedo tampoco está sustentado, ya que en 2010 las ciudades fronterizas tuvieron una tasa de 3.6 homicidios por cada cien mil habitantes, menor que su promedio nacional situado en 4.8.

En contraste, las ciudades mexicanas de esta frontera reportan una tasa de 96 homicidios por el mismo número de habitantes.

La seguridad nacional como justificación del uso de la fuerza pública también fue asumida por el gobierno mexicano, siguiendo los pasos de EU, trayendo como consecuencia el cambio de ruta de las y los migrantes irregulares, quienes quedaron a disposición de las organizaciones criminales.