"Lo que en realidad va a significar es que Estados Unidos se va a convertir en en especie de paraiso para dictadores. Cualquier jefe de estado de un país africano o de la europa del este, podrá acudir a Estados Unidos, sabiendo que va a ser protegido por la figura de la inmunidad soberana porque ya existe el negativo precedente del caso de Ernesto Zedillo, sostuvo el abogado mexicano constitucionalista Netzai Sandoval a Huff Post Voces.Sandoval, quien es también el redactor y promotor de la denuncia ciudadana contra el presidente de México Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad, asegura además que el tema de la inmunidad soberana es un instrumento que no debió reconocérsele a Ernesto Zedillo, pues "la inmunidad soberana es en realidad un instrumento que sirve en términos diplomáticos", explicó.
Una vez que el presidente ha abandonado ese puesto, dice el experto, "en realidad la figura de la inmunidad soberna ya no tiene sentido porque ya no se encuentra en el cargo de presidente de la República. Ernesto Zedillo hoy es un ciudadano más como cualquiera de nosotros", enfatiza.
El departamento de Estado de Estados Unidos sugirió a la medianoche del viernes a la corte del distrito de Connecticut otorgar inmunidad al expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León por la demanda que enfrenta por los sucesos relacionados con la matanza de Acteal, en Chiapas, en 1997.
A través de un comunicado, se informó que el gobierno de México realizó la solicitud de inmunidad al departamento de Estado estadounidense, a la cual éste accedió para mantener las buenas relaciones con México
El departamento de Estado determinó que los señalamientos de los demandantes no ofrecen una razón suficiente para cuestionar su inmunidad.
"Estamos profundamente en desacuerdo con la decisión del departamento de Estado de Estados Unidos", respondió en un comunicado la firma de abogados de las víctimas de Acteal, Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, P.A. con sede en Miami.
"Con base en testimonios y documentación sustancial que hemos recogido, estamos seguros de que los más altos niveles del gobierno Zedillo tuvieron conocimiento previo y participaron directamente en la conspiración que llevó a la masacre de Acteal y a su encubrimiento", precisaron en el documento."También estamos decepcionados de que la decisión del departamento de estado sobre la inmunidad se base en las comunicaciones entre el señor Zedillo, el gobierno mexicano actual y el gobierno de EE.UU., correspondencia que ha sido retenida a nosotros y al público", siguió la respuesta de los abogados Roger Kobert and Marc Pugliese.
"A pesar de que se han visto frustrados en nuestros esfuerzos para avanzar en este caso civil contra el señor Zedillo, esperamos sinceramente que nuestros esfuerzos hayan aumentado la conciencia pública de las injusticias subyacentes, y en alguna medida positiva contribuir a la justicia eventual de las víctimas de la masacre de Acteal y sus familias, cuya tragedia sigue siendo un gran crimen contra la humanidad ", termina la respuesta.
Los demandantes pedían resarcimiento por los asesinatos de sus familiares y por sus propias lesiones y querian que el tribunal de los EE.UU declarara a Zedillo responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre.
Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) mencionó por otra parte que existe ya una tendencia de abrir casos contra expresidentes latinoamericanos que radican en Estados Unidos y particularmente que se retiran para ser catedráticos en universidades estadounidenses.
"Terminan sus mandatos o los terminan temprano, pero cuando vienen a Estados Unidos a dar clases a universidades, inmediatamente lo que sucede es que diferentes grupos o cualquier individuo puede presentar una demanda contra un expresidente", dice.
Gamarra menciona también el caso del expresidente de Colombia Alvaro Uribe, luego de que el año pasado, el departamento de estado sugirió a un tribunal estadounidense, una inmunidad parcial a favor del exmandatario para testificar en el caso de presuntos nexos de la compañía minera Drummond con paramilitares.
La demanda fue interpuesta en 2009 por un grupo de 500 familiares de víctimas que acusan a Drummond de mantener vínculos con grupos como las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento colombiano del Cesar (norte), donde la compañía explotaba yacimientos de carbón, y quieren que Uribe testifique.
Uribe, quien es catedrático de la Universidad de Georgetown en Washington, fue notificado en esa institución para declarar como testigo el próximo 22 de noviembre.
Zedillo es catedrático en la Universidad de Yale y la prensa ha mencionado que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México también podría retirase como académico en alguna universidad en Estados Unidos.
Y aunque el gobierno mexicano ha negado las acusaciones en su contra en la Corte Internacional de La Haya
, los demandantes aseguran que por lo pronto no procederán contra el mandatario mexicano a traves de un juicio civil aunque en un futuro éste termine en Estados Unidos como académico.
"Nosotros esperemos a que resuelva la Corte de la Haya, pues los procesos son diferentes. En Estados Unidos el proceso que se seguía contra Ernesto Zedillo era un juicio civil y lo que se buscaba es una indemnización", precisa Sandoval.
"Lo que se intenta por nuestra parte en la corte penal internacional es en realidad un proceso de naturaleza penal, en donde los últimos responsables de los crímenes que se han cometido en México podrían terminar purgando penas hasta de cadena perpetua por los crímenes que se han cometido por crímenes de guerra y lesa humanidad", dice el jurista.Aclaró sin embargo que Calderón no puede argumentar inmunidad como en el caso de Zedillo. "En la corte penal internacional no procede este estatuto de inmunidad, pues el articulo 27 del Estatuto de Roma, le impide a la corte penal internacional otorgar una especie de inmunidad derivada del cargo oficial. Básicamente lo que establece es que ningún jefe de estado, ningún jefe de gobierno o alto funcionario puede alegar ese cargo público como un instrumento o como una calidad para impedir u obstruir una responsabilidad penal en su contra", concluye Sandoval en entrevista telefónica.
Jonathan M. Freiman, abogado del expresidente Ernesto Zedillo no respondió a nuestras llamadas para un comentario sobre la decisión del gobierno estadounidense.
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