Crónica de una impunidad anunciada

Rafael Landerreche*

De manera harto similar al falso suspenso que se creó alrededor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su sentencia sobre la elección de Peña Nieto, el asunto del juicio civil contra Zedillo promovido en su tierra de adopción por la masacre de Acteal culminó como era de esperarse: con la respuesta positiva del gobierno de Estados Unidos a la solicitud de inmunidad del gobierno de México. Dios los cría y ellos se juntan, dice la sabiduría popular o, para decirlo en la lengua que prefiere hablar Zedillo, “Birds of a feather fly together”: los pajarracos de plumaje similar se juntan para volar.

El plumaje no es otro que el de la impunidad para los crímenes de Estado. Zedillo solicita a Calderón que solicite a Obama que solicite al juez que le conceda inmunidad a Zedillo. Calderón accede, Obama accede y todos felices. Cada uno sabe que al hacerle el favor a Zedillo se lo está haciendo a sí mismo. Calderón sabe que el juicio sería un mal precedente para él. Obama sabe que juzgar a un ex mandatario extranjero en Estados Unidos abriría la puerta a la posibilidad de juzgar a un ex mandatario de Estados Unidos en el extranjero. Hoy por ti, mañana por mí, resume la conmovedora solidaridad intermafiosa de los detentadores del poder.

Hablando en estricto rigor jurídico, todavía falta el último eslabón de la cadena, el juez que lleva el caso en Connecticut. Pero la división de poderes que inventó el viejo liberalismo ha sido abolida de facto por el neoliberalismo. Así es que parecería ser un mero trámite burocrático que el juez conceda la tan solicitada inmunidad. Mientras tanto, el doctor Zedillo, director del Centro de Estudios para la Globalización de Yale, experto en desarrollo, receptor de premios internacionales por sus ejemplares contribuciones a la humanidad (sic), ha recuperado la beatífica sonrisa que se le había borrado sin necesidad de cirugía plástica. Ya no tendrá pesadillas por pensar que quizá tenga que pagar 50 millones de dólares en indemnizaciones, ya no sufrirá cada quincena por tener que pagarle los honorarios a sus abogados.

Recuperada la calma declara que la acusación en su contra además de falsa es una calumnia. Se supone que calumniar es imputar falsamente un delito, así es que sale sobrando el además, pero tengamos paciencia y comprensión con el galardonado doctor: nadie ha dicho que sus condecoraciones hayan sido por sus conocimientos del español. Sí lo han sido en cambio por sus ejemplares contribuciones a la humanidad y por su probada experiencia en cuestiones de desarrollo, como por ejemplo, mostrar que hay que reprimir a sangre y fuego a quien cuestione sus planes de desarrollo o demostrar cómo se le hace un servicio a la humanidad eliminando mujeres y niños indígenas que tienen la increíble ocurrencia de ponerse a rezar por una paz que no es la paz del imperio, del imperio que lo patrocinó en su presidencia, que lo financia en su exilio dorado y que ahora lo arropa en la impunidad reservada a sus fieles procónsules. ¿Qué tiene que ver un ensangrentado caserío llamado Acteal con las glorias que le rinden, con las suaves palabras que los ricos le susurran al oído, con sus reconocidas aportaciones a la humanidad, reconocidas, naturalmente, por quienes se sienten amos y señores de ella?

Existe un interesante precedente al caso del juicio contra Zedillo. En 2001 tres sindicalistas colombianos fueron asesinados por paramilitares al servicio de la empresa minera Drummond. Los familiares de las víctimas (de hecho, una mínima parte de cerca de 70 asesinados por la dupla empresa-paramilitares) llevaron el caso ante una corte de Washington y solicitaron que el ex presidente Álvaro Uribe fuera citado a declarar por lo que sabía de la vinculación entre los paramilitares y las compañías trasnacionales.

La Corte de Washington concedió inmunidad a Uribe por su carácter de ex mandatario y así lo eximió de la obligación de presentarse a declarar. Hasta ahí el caso no difiere mucho del de Zedillo, como tampoco difiere mucho éste de Uribe en cuanto a su cercanía con Estados Unidos y a su asociación con el paramilitarismo. Pero en aquel caso los abogados de las víctimas (que no actuaban en el anonimato) apelaron la decisión del juez; argumentaron que contra crímenes de guerra no podía haber inmunidad.

A este argumento el juez le sacó la vuelta diciendo que si Uribe hubiera sido acusado de crímenes de guerra, entonces sí tendría que presentarse ante la Corte, pero no si sólo se le citaba como testigo. Obviamente si los jueces actuaran tomando en cuenta la lógica y los precedentes esta sentencia significaría que a Zedillo no se le debía conceder la inmunidad. Pero hace mucho que a estos jueces no les importa un cacahuate ni la lógica ni la justicia sino sólo elaborar argumentos ad hoc para justificar a sus amos.

Existen otras enseñanzas en esta historia. Por ejemplo, que los paramilitares y su violencia no son fenómenos gratuitos y aislados, sino parte integrante del desarrollo, de ese desarrollo en el que es experto Zedillo y que consiste en abrir las puertas de un país de par en par a las trasnacionales y aplastar por la fuerza a todo aquel que se oponga en lo más mínimo a su avaricia sin límites.
Si embargo, por más palabras melifluas que se digan unos a otros los privilegiados de la Tierra, por más almohadones de terciopelo que se pongan para no oír y para no sentir la realidad, por más mentiras que digan sus medios de comunicación, no pueden ahogar indefinidamente el grito que surge tumultuosamente de los otros, de los condenados de la Tierra.

El clamor de la sangre derramada en Acteal no deja de escucharse y no dejará en paz a Zedillo aunque se esconda en el último rincón de Yale y se tape las orejas con todas las alabanzas que le tributan quienes son tan culpables como él de hacer de ejemplares contribuciones a la humanidad.
* Colaborador de un proyecto de educación en Chenalhó, municipio donde se ubica Acteal.