México, DF, 13 sep 12 (CIMAC).- La pobreza, la vulnerabilidad y la normalización de la violencia de todo tipo contra las mujeres y niñas indígenas en el estado de San Luis Potosí (SLP), las coloca en gran riesgo de ser víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, afirmó Teresa Galicia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo) de la entidad.
Al presentar el estudio “Hallazgos del diagnóstico de trata de personas en comunidades indígenas de San Luis Potosí”, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Galicia señaló que la violencia contra las mujeres y niñas indígenas es percibida por los hombres de las comunidades como algo normal o que ellas mismas provocan, justificando así el consumo de trata sexual.
La funcionaria explicó que 51 de los 58 municipios de SLP se encuentran en marginación. En ellos habitan 256 mil 468 personas que viven en pobreza extrema, 51.2 por ciento son mujeres.
Los datos de la investigación realizada en 2011 arrojan que 90 por ciento de mujeres entre 15 y 19 años sufrieron violencia en la vía pública; 92 por ciento intimidaciones, y 42 por ciento violencia sexual.
Lo que constata, a decir de Teresa Galicia, que las mujeres y las niñas de las comunidades indígenas viven en condiciones de extrema violencia en sus comunidades, donde son consideradas como propiedad de los hombres, y un ejemplo de ello es el incesto como práctica cotidiana y permitida en las familias.
La secretaria técnica del Coespo agregó que esa violencia está íntimamente ligada con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, toda vez que debido al machismo los hombres no se asumen como motivo y parte de este problema, a pesar de que recurren a los servicios de prostitución.
“Eso aumenta la vulnerabilidad de la población ante el delito de trata, porque se evade, se niega el papel que juegan los actores de manera directa e indirecta… se niegan los derechos de las víctimas porque normalmente la justificación es que están ahí porque les gusta o porque han encontrado una manera fácil de generar economía, pero no se ve como un problema para la población”, abundó.
DELITO “INVISIBLE”
De acuerdo con los sondeos realizados, se encontró que la población no ve como un delito que las jóvenes sean reclutadas por los tratantes. “‘Ellas se apantallan, por eso se van con ellos, porque las seducen’, es el sentir generalizado –detalló Galicia–, pareciera que es importante que (las mujeres) vayan con alguien que las dirija, ya que ellas no son capaces de defenderse a sí mismas”.
Dijo que la violencia sumada a la pobreza y la falta de oportunidades de educación o de empleo, son elementos que llevan a niñas, adolescentes y mujeres a huir de sus casas en procesos de migración interna en los que los riesgos de ser víctimas de trata se incrementan.
Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), apuntó que en el estudio presentado los hombres señalan su preocupación e indignación por la trata de personas, pero difícilmente la vinculan con prácticas en las que ellos participan.
Los varones de las comunidades indígenas califican a las mujeres como personas fáciles y de moral cuestionada, por lo que trasladan la culpa a las víctimas de trata, añadió.
El ombudsman capitalino observó que en la creación de políticas publicas integrales el Estado mexicano debería estar obligado a asumir que frente a cada persona que ejerce la prostitución, hay un problema de trata sexual.
González Placencia dijo que según investigaciones internacionales en México hay 47 bandas dedicadas a la trata con fines de explotación sexual y laboral, y que las entidades con mayor riesgo son el DF, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
Abundó que de acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios, 800 mil adultos y 20 mil menores de edad son víctimas del delito, el cual está vinculado con las desapariciones de mujeres y niñas, y el feminicidio.
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