Por Emilio Godoy
MÉXICO, 3 sep (IPS) - Las impugnaciones, denuncias y polémicas que se reiteran en cada una de
las elecciones nacionales en México evidencian la necesidad de instaurar
controles más estrictos en las urnas y en el financiamiento de las
campañas, advierten expertos y activistas de la sociedad civil.
La situación amerita "reformas vinculadas con los tiempos de
contralor, los topes de gastos de campaña y el fortalecimiento de la
Fiscalía Especializada para la Atención de los
Delitos Electorales, cuya ineficacia es proverbial", dijo a IPS el
periodista y escritor Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) certificó el viernes 31 de agosto, por unanimidad de sus siete miembros, la legalidad de los comicios del 1 de julio y el cómputo final, y entregó la constancia de presidente electo a Enrique Peña, del opositor Compromiso por México, conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde.
Pero el Trife, cuyo fallo es inapelable, no debatió el fondo de la solicitud de nulidad de las elecciones interpuesta por el izquierdista Movimiento Progresista. Esta coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano adujo en el reclamo que los comicios violaron la Constitución por "no haber sido libres ni limpios".
Además, los magistrados no despejaron las dudas sobre las sospechas de compra de votos por parte del PRI ni sobre el quebrantamiento de los límites de gastos en la campaña de Peña, un abogado de 46 años de edad que asumirá el cargo el 1 de diciembre por un mandato de seis años.
Jesús Cantú coincidió con Huchim en la necesidad de cambios en el mecanismo electoral. "El fallo del Trife deja muy claro que faltó tiempo para obtener más evidencias e información", indicó este experto que fue consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), el ente autónomo encargado de organizar los comicios en este país.
"Hay que revisar esos tiempos, extender el plazo de presentación de controversias, recortar el tiempo de reporte de gastos y así llegar a la calificación de las elecciones", planteó a IPS el también director de la maestría en análisis político y medios de información del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Entre las votaciones y la asunción presidencial transcurren cinco meses, un lapso demasiado prolongado en comparación con otros países.
Paralelamente, los partidos políticos deben entregar sus reportes de gastos de campaña en octubre, en tanto que el IFE concluirá su labor de fiscalización de esos fondos solo en enero, cuando el nuevo presidente ya haya asumido.
Andrés López Obrador, quien quedó en segundo lugar como candidato del Movimiento Progresista, no ha aceptado la resolución del Trife y convocó a una manifestación para el próximo domingo 9 como inicio de una cadena de medidas de resistencia civil pacífica.
Otros actores sociales también han expresado su desconfianza sobre la resolución del máximo tribunal electoral, que certificó la ventaja de más de tres millones de sufragios obtenidos por Peña sobre López Obrador.
"Se necesita una renovación profunda del sistema político y democrático y la revisión de cómo concebimos la democracia", sostuvo Mariana Fabela, integrante del movimiento estudiantil #YoSoy132.
"Necesitamos frenar a los dirigentes partidarios y económicos, que han querido secuestrar la política, y regresar esta a las calles. La política no es de ellos", criticó ante la consulta de IPS.
Este colectivo de estudiantes de universidades públicas y privadas, surgido en mayo, también rechazó la resolución del Trife, porque este no abordó las denuncias de irregularidades como propaganda anómala, compra y coacción del voto y quema de boletas que la agrupación documentó en relación con los comicios de julio.
El movimiento #Yo Soy 132 se ha definido apartidista, pacífico, antineoliberal y en contra del líder del PRI, la tradicional agrupación política que gobernó México por siete décadas consecutivas hasta 2000, cuando Vicente Fox, del conservador y aún gobernante Partido Acción Nacional (PAN) le impuso la primera derrota electoral de su historia.
Durante la campaña electoral de marzo a fines de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales entabló más de 3.000 investigaciones penales sobre el proceso, de las cuales ya envió 1.100 a los tribunales mexicanos.
Desde 1996, el Código Penal tipifica la compra del sufragio y la coacción electoral.
La demanda del Movimiento Progresista pone en evidencia "la poca legitimidad que tiene una elección realizada en las mencionadas condiciones y aumentará el rechazo a Peña", señaló Huchim.
Sobre el PRI pesaba un límite de gasto electoral de unos 25 millones de dólares, aportados por el IFE, que fue rebasado según la agrupación izquierdista. La pena mayor por esa conducta es el pago de una multa.
El sistema electoral de esta nación latinoamericana, con 112 millones de habitantes, ha avanzado desde la década pasada a golpes de corrector. Por eso necesita una sacudida de arriba abajo, al decir de los especialistas.
El Congreso legislativo aprobó en 2007 una reforma electoral, en la cual se vetó a particulares comprar espacios publicitarios radiales y televisivos. El proyecto fue presentado luego de la intromisión irregular del entonces presidente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial, la mayor agrupación patronal del país, en la campaña de 2006, no penalizada por el Trife.
"Si vamos a emparchar otra vez el sistema, no va a ser suficiente. Vamos a seguir pateando hacia adelante los problemas, dejando este remedo de democracia", apuntó Cantú.
"Se requiere de una nueva tipificación de delitos penales. Otra gran vía es la rendición de cuentas. El grave problema que tenemos es la desviación de recursos públicos hacia procesos electorales. Se podrá detener con un buen sistema integral de rendición de cuentas", sugirió el académico.
#Yo Soy 132 diseña un plan de acción para enfrentar la asunción de Peña como presidente de México, por considerarla una imposición desde los poderes político y económico, que incluirá mítines, marchas de protesta y campañas de concienciación hasta el 1 de diciembre.
"Impulsamos formas directas de participación política de la ciudadanía para presionar con el fin de emprender una reforma política", destacó Fabela, una estudiante del doctorado en filosofía de la ciencia en la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) certificó el viernes 31 de agosto, por unanimidad de sus siete miembros, la legalidad de los comicios del 1 de julio y el cómputo final, y entregó la constancia de presidente electo a Enrique Peña, del opositor Compromiso por México, conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde.
Pero el Trife, cuyo fallo es inapelable, no debatió el fondo de la solicitud de nulidad de las elecciones interpuesta por el izquierdista Movimiento Progresista. Esta coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano adujo en el reclamo que los comicios violaron la Constitución por "no haber sido libres ni limpios".
Además, los magistrados no despejaron las dudas sobre las sospechas de compra de votos por parte del PRI ni sobre el quebrantamiento de los límites de gastos en la campaña de Peña, un abogado de 46 años de edad que asumirá el cargo el 1 de diciembre por un mandato de seis años.
Jesús Cantú coincidió con Huchim en la necesidad de cambios en el mecanismo electoral. "El fallo del Trife deja muy claro que faltó tiempo para obtener más evidencias e información", indicó este experto que fue consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), el ente autónomo encargado de organizar los comicios en este país.
"Hay que revisar esos tiempos, extender el plazo de presentación de controversias, recortar el tiempo de reporte de gastos y así llegar a la calificación de las elecciones", planteó a IPS el también director de la maestría en análisis político y medios de información del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Entre las votaciones y la asunción presidencial transcurren cinco meses, un lapso demasiado prolongado en comparación con otros países.
Paralelamente, los partidos políticos deben entregar sus reportes de gastos de campaña en octubre, en tanto que el IFE concluirá su labor de fiscalización de esos fondos solo en enero, cuando el nuevo presidente ya haya asumido.
Andrés López Obrador, quien quedó en segundo lugar como candidato del Movimiento Progresista, no ha aceptado la resolución del Trife y convocó a una manifestación para el próximo domingo 9 como inicio de una cadena de medidas de resistencia civil pacífica.
Otros actores sociales también han expresado su desconfianza sobre la resolución del máximo tribunal electoral, que certificó la ventaja de más de tres millones de sufragios obtenidos por Peña sobre López Obrador.
"Se necesita una renovación profunda del sistema político y democrático y la revisión de cómo concebimos la democracia", sostuvo Mariana Fabela, integrante del movimiento estudiantil #YoSoy132.
"Necesitamos frenar a los dirigentes partidarios y económicos, que han querido secuestrar la política, y regresar esta a las calles. La política no es de ellos", criticó ante la consulta de IPS.
Este colectivo de estudiantes de universidades públicas y privadas, surgido en mayo, también rechazó la resolución del Trife, porque este no abordó las denuncias de irregularidades como propaganda anómala, compra y coacción del voto y quema de boletas que la agrupación documentó en relación con los comicios de julio.
El movimiento #Yo Soy 132 se ha definido apartidista, pacífico, antineoliberal y en contra del líder del PRI, la tradicional agrupación política que gobernó México por siete décadas consecutivas hasta 2000, cuando Vicente Fox, del conservador y aún gobernante Partido Acción Nacional (PAN) le impuso la primera derrota electoral de su historia.
Durante la campaña electoral de marzo a fines de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales entabló más de 3.000 investigaciones penales sobre el proceso, de las cuales ya envió 1.100 a los tribunales mexicanos.
Desde 1996, el Código Penal tipifica la compra del sufragio y la coacción electoral.
La demanda del Movimiento Progresista pone en evidencia "la poca legitimidad que tiene una elección realizada en las mencionadas condiciones y aumentará el rechazo a Peña", señaló Huchim.
Sobre el PRI pesaba un límite de gasto electoral de unos 25 millones de dólares, aportados por el IFE, que fue rebasado según la agrupación izquierdista. La pena mayor por esa conducta es el pago de una multa.
El sistema electoral de esta nación latinoamericana, con 112 millones de habitantes, ha avanzado desde la década pasada a golpes de corrector. Por eso necesita una sacudida de arriba abajo, al decir de los especialistas.
El Congreso legislativo aprobó en 2007 una reforma electoral, en la cual se vetó a particulares comprar espacios publicitarios radiales y televisivos. El proyecto fue presentado luego de la intromisión irregular del entonces presidente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial, la mayor agrupación patronal del país, en la campaña de 2006, no penalizada por el Trife.
"Si vamos a emparchar otra vez el sistema, no va a ser suficiente. Vamos a seguir pateando hacia adelante los problemas, dejando este remedo de democracia", apuntó Cantú.
"Se requiere de una nueva tipificación de delitos penales. Otra gran vía es la rendición de cuentas. El grave problema que tenemos es la desviación de recursos públicos hacia procesos electorales. Se podrá detener con un buen sistema integral de rendición de cuentas", sugirió el académico.
#Yo Soy 132 diseña un plan de acción para enfrentar la asunción de Peña como presidente de México, por considerarla una imposición desde los poderes político y económico, que incluirá mítines, marchas de protesta y campañas de concienciación hasta el 1 de diciembre.
"Impulsamos formas directas de participación política de la ciudadanía para presionar con el fin de emprender una reforma política", destacó Fabela, una estudiante del doctorado en filosofía de la ciencia en la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
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