México, DF, 12 sep 12 (CIMAC).- Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el nuevo gobierno federal debe empezar por incluir los métodos anticonceptivos como insumos estratégicos en salud (como las vacunas), debido a su impacto en la calidad de vida de las personas, sobre todo de las adolescentes cuya tasa de embarazos no deseados es “preocupante”
Otra vía por donde se debe avanzar es la asignación de presupuestos etiquetados de género irreductibles, señaló Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Durante la presentación de “Razones Fundar”, propuestas encaminadas a mejorar durante el siguiente sexenio, destacó que tras la reforma constitucional de Derechos Humanos, la asignación presupuestal por primera vez deberá tener en el centro el respeto al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos.
Indicó que es preciso discutir la eficacia del Seguro Popular (SP) porque los recursos que se le asignan no se traducen en servicios suficientes y de calidad para la atención de las usuarias.
Díaz señaló que para garantizar estos derechos, el gobierno entrante debe comenzar por centralizar la compra de métodos anticonceptivos para evitar el desabasto en los estados y adquirirlos como insumos estratégicos, ya que éstos, al igual que las vacunas, impactan en las condiciones de salud de la población.
Muestra de ello es que únicamente con el uso de anticonceptivos la muerte materna (MM) se reduce de 30 a 35 por ciento, al prevenir embarazos no deseados en menores de 20 años de edad, mayores de 35 años y en quienes tienen más de cuatro hijos, ya que estos grupos tienen 2.5 veces más riesgo de fallecer por causas ligadas al embarazo, parto y puerperio.
Aunado al acceso a métodos de control natal, se requiere fortalecer los presupuestos etiquetados de género dirigidos a romper las barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Así, con base en la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, realizada en 2011, las y los diputados de la Legislatura 62 están obligados a asignar más recursos a los aprobados el año pasado, para abatir la desigualdad de género y reducir problemas graves de salud pública, como la MM.
La investigadora señaló que otra propuesta para avanzar en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es mejorar la calidad de los servicios, ya que persisten serias deficiencias como la falta de personal, a pesar de que cada año aumenta el presupuesto del SP.
Según el informe del SP, de enero a junio de 2012 más de 70 por ciento de sus egresos hospitalarios se debieron a eventos ginecobstétricos, atendidos de manera deficiente ya que falta infraestructura y personal calificado, sobre todo en las regiones del país más marginadas.
Para mejorar la situación, es necesaria una discusión pública y nacional acerca de la eficacia del SP. La investigadora de Fundar consideró que “el modelo de asignar en grandes bolsas (al SP) no está resolviendo la demanda de servicios de salud, no hay una correspondencia entre lo que se le asigna y la calidad de la atención”.
Daniela Díaz indicó que es un “momento pertinente” para poner el tema en el debate, previo a la definición del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud, a través de los foros de consulta, que se realizan para delinear la planeación sexenal.
Uno de los ejes de la discusión debe ser una mayor transparencia y rendición de cuentas del SP, que actualmente se presenta como un total nacional, y debe ser desglosado en las 32 entidades federativas que reciben financiamiento en salud.
La investigadora concluyó que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es fundamental para poder medir los resultados, identificar las limitaciones y poder “dar pasos adelante” en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mexicanas.
Las propuestas de Fundar en salud, transparencia y acceso a la información, sistema de justicia y Derechos Humanos, del Poder Legislativo y en transparencia fiscal y presupuestaria, serán entregadas en breve al equipo de transición de Enrique Peña y al Legislativo.
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