#ALDF
En
su paso por la Asamblea Legislativa del DF, la senadora Alejandra
Barrales destinó 250 millones de pesos para becar a más 39 mil
estudiantes, cuya existencia es ahora imposible de verificar al carecer
de un padrón
La ALDF no integró un padrón único de beneficiarios del programa de apoyos
para estudiantes de nivel bachillerato y universidad
Al otorgar una cantidad fija o estandarizada a cada becario, la ALDF
consideró irrelevante llevar un registro
El
programa de becas que creó Alejandra Barrales de cara al proceso
electoral del 2012 desde la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) fue tan
opaco, que no hay forma de verificar la existencia de los supuestos 39
mil 349 beneficiarios.
Así lo determinó la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría
General de ese órgano legislativo, tras realizar una revisión al
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los
Jóvenes del Distrito Federal (Fijov).
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012
que se dio a conocer el martes pasado -en el apartado de la ALDF- la V
Legislatura local no integró un padrón único de beneficiarios ni
garantizó una forma de verificar su existencia.
Se trata de un programa de apoyos económicos para estudiantes de
nivel bachillerato y superior que implementó la ahora senadora en su
intento por convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
A dicho proyecto se destinaron más de 250 millones de pesos entre
los años 2011 y 2012, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
nunca pudo justificar. Es más, esto generó un conflicto entre la V y VI
Legislatura.
Reporte Indigo publicó desde mediados del 2012 que no había claridad
en el uso de los recursos públicos que se enviaron al Fijov y que al
término de su gestión los anteriores legisladores se repartieron 100
millones de ese rubro, mismos que repusieron los actuales.
Eso, debido a que para sus intereses era necesario mantener el
programa, que a la postre desapareció por la disputa entre los grupos
de poder al interior de la bancada del Partido de la Revolución
Democrática.
El año pasado, la Comisión de Gobierno a cargo de Manuel Granados
dio a conocer detalles sobre la inexistencia de los beneficiarios, pues
al emplazarlos a acreditar su matrícula escolar, solo aparecieron 3 mil
de los 20 mil inscritos en escuelas privadas.
Y es que el Fideicomiso destinó recursos tanto a estudiantes de instituciones públicas y a 10 instituciones privadas.
Las conclusiones
De acuerdo con la auditoría F/09/13-ALDF presentada el martes
pasado, el Fijov contó con las listas de alumnos beneficiarios
proporcionadas por las instituciones educativas, pero la ALDF no
integró un padrón único de beneficiarios del programa de apoyos.
Esto, “denota deficiencias de control interno, ya que no dispuso de
la información que permitiera identificar y localizar a los alumnos
beneficiarios, así como confirmar que hubiesen obtenido una beca
escolar para concluir satisfactoriamente sus estudios en los niveles
medio superior y superior”.
El importe destinado para cada uno de los beneficiarios era de 15
mil y 17 mil pesos anuales para nivel bachillerato y educación
superior, respectivamente, según las reglas de operación.
Si se hubiera respaldado toda la información, se habría garantizado
el otorgamiento de los apoyos bajo los criterios de transparencia,
accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad, detallan
las conclusiones de la auditoria.
La auditoría practicada por la Contraloría General de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal al Fondo de Apoyo a la Educación y el
Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal corresponde al periodo
del 27 de abril al 31 de diciembre del 2012.
Ahí se solicitó la documentación correspondiente al número de
jóvenes incorporados, así como el importe pagado por cada uno de ellos,
en todos y cada uno de los programas financiados por el fideicomiso.
El resultado de esta indagatoria indica que la documentación
presentada por algunas de las instituciones educativas privadas e
incorporadas al Fijov estuvo incompleta.
“La población objetivo, en el arranque del programa, fueron jóvenes
con edades entre 15 y 19 años para bachillerato, y 19 a 26 años para
licenciatura. El Comité Técnico aprobó exceder el programa hasta los 29
años de edad”.
Los requisitos que debían entregar los interesados en obtener una
beca son: acta de nacimiento, comprobante de residencia en el DF,
credencial de elector; y para los mayores de edad, certificado de
secundaria o de bachillerato, según el caso. Todo en copia y original.
”Ahora bien, de igual forma se cuenta con los formatos de registro
en los que se hacía constar el nombre del solicitante, dirección, fecha
de nacimiento, clave CURP, teléfonos de contacto y las opciones
educativas (…) pero no se advierte que la ALDF hubiera conservado la
documentación personal de los alumnos, misma que por otra parte debía
mantenerse en posesión de la institución educativa para efectos y
trámites correspondientes”.
El argumento para no respaldar la información que demostrara la
existencia de los beneficiarios llegó mediante un oficio sin número, de
la Dirección General de Pagos de la ALDF.
Precisó que de acuerdo con las reglas de operación, los apoyos se
otorgaron mediante una cantidad fija o estandarizada, por lo que
resultaba irrelevante llevar un registro por cualquiera de los
conceptos referidos.
“El fideicomiso únicamente cubría un pago mensual para cubrir las
colegiaturas de los beneficiarios, incluyéndose dentro de este pago
estandarizado los costos relativos a la inscripción y expedición de
primera credencial”.
En el Informe de Cuenta Pública del 2012 de la ALDF, se reportó un
presupuesto total ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de 519 millones 426 mil pesos.
El 19.7 por ciento se aplicó en apoyos diversos, lo que importó 102
millones 563 mil pesos de la siguiente manera: al Fideicomiso Fondo de
Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del DF, 100
millones; el resto se utilizó en el sindicato de trabajadores de la
ALDF y el otorgamiento de premios
Otra de las irregularidades detectadas consisten en que no se tiene
evidencia de que durante la V Legislatura, en que fue creado el Fijov,
se hubiera llevado a cabo la designación de los titulares de áreas. Y
que en consecuencia, el Comité Técnico autorizó la contratación de
prestadores de servicios profesionales, que se encargaron de operar el
fideicomiso.
Los vicios de origen
Cuando se creó el Fideicomiso, diversos asambleístas se opusieron y
acusaron a Alejandra Barrales de utilizar ese dinero como plataforma
política, ya que la ALDF no tenía facultad para meterse en esa área ni
para garantizar su correcta aplicación.
Además, denunciaron que la ahora senadora realizó convenios con
instituciones “patito”, las cuales no ofrecían un nivel escolar
adecuado. El primero en alzar la voz fue el asambleísta Víctor Varela.
Luego las denuncias señalaban opacidad en su operación y beneficiarios.
Cuando terminó la legislatura los diputados locales se otorgaron un
bono de marcha por 2 millones de pesos, disfrazado en una serie de
acuerdos que poco o nada tenían que ver con sus actividades
legislativas.
Incluso, tomaron 100 millones del Fideicomiso para repartírselos. La
VI legislatura repuso ese dinero el 21 de diciembre del 2012, y así
tener una justificación para incrementar el presupuesto de la ALDF en
casi 200 millones de pesos.
A finales de año había un control absoluto de la corriente
bejaranista, al grado que tenían proyectado convertir el programa de
becas educativas en entrega de computadoras (promesa de campaña de
Dolores Padierna.)
Al final, se rompieron acuerdos y terminaron por ventilar el mal uso
del Fijov que le dio Alejandra Barrales. Luego lo desaparecieron.
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