Gerardo Fernández Casanova
(especial para ARGENPRESS.info)
El PRI gestiona otra consulta popular para eliminar 100 de los 200
diputados plurinominales y los 32 senadores de primera minoría. En caso
de darse la consulta el resultado será, sin lugar a dudas,
abrumadoramente afirmativo. Igual sería el resultado si la consulta
fuese en el sentido de eliminar a la totalidad de los diputados y los
senadores, no sólo los plurinominales. ¡Que se vayan todos! Si algo
está desprestigiado en este país es el poder legislativo, parte por
mérito ganado a pulso por su ignominiosa actuación y por los excesos de
los emolumentos de sus miembros, y parte por la muy escasa cultura
política que no ha conocido en la historia, salvo muy breves momentos,
la razón de ser y el funcionamiento de la división de poderes.
La propuesta del PRI se argumenta en que tal reducción permitiría:
a)
hacer más operativo el congreso y
b) ofrecer un importante ahorro de
recursos.
En ningún momento se aborda el tema de la calidad de
representación que sería el ingrediente fundamental para decidir del
número de diputados y senadores. En cuanto al ahorro de recursos se
soslaya lo verdaderamente grave que es el costo directo de cada uno de
los legisladores, que incluye un salario excesivo, más un presupuesto
cuantioso para actividades de gestoría en los distritos y, además, el
pago de personal auxiliar y de “asesoría”. Creo que la propuesta se
presenta carente de una argumentación sólida que amerite una consulta
popular.
La pregunta es qué pretende el PRI con esta promoción. Yo creo que es
un escopetazo con varios propósitos, uno de ellos es el de ayudar a la
Suprema Corte para negar la autorización de la consulta relativa a la
reforma energética a base de también negar la priísta, ambas
forzadamente sustentadas en que la ley establece que no procede la
consulta en tratándose de asuntos electorales o de ingresos fiscales.
Es una especie de gambito para la izquierda: si presionas para que se
autorice tu consulta energética yo presiono por la de reducción de los
plurinominales cuyo efecto sería mortal tanto para el PRD como para
MORENA y no se diga para la chiquillada. La corte se vería forzada a
resolver ambas consultas en el mismo sentido, sea afirmativo o negativo.
En el caso de autorizarse las dos consultas el PRI lleva todas las de
ganar en ambas, esto es: SI a la reducción de plurinominales y NO a la
marcha atrás de la reforma energética, ya no sólo por la gran capacidad
manipuladora mediática, sino por el beneplácito popular por la
reducción, lo que influiría en la otra respuesta. La izquierda
difícilmente podría manifestarse en contra de la reducción, sería un
suicidio. En este esquema tramposo la menos mala suerte para el país
sería la negativa de la corte para ambas consultas.
Sin embargo algo positivo puede buscarse en la iniciativa del PRI: la
posibilidad de debatir sobre el espinoso cuan necesario tema de la
representatividad en una democracia que se define como representativa.
La realidad actual es clara en cuanto que la población –supuestamente
el sujeto a representar- considera no ser representada; en el caso de
los legisladores de mayoría, porque siempre habrá una franja,
frecuentemente mayor al 50%, de quienes votaron en contra; mientras que
en el caso de los plurinominales supone que nadie votó por ellos. En
adición a lo anterior se registran graves confusiones en la materia,
por ejemplo: la ley dice que los senadores representan a los estados de
la federación, pero son electos por votación directa, al igual que los
diputados, cuando original y debidamente eran designados por los
congresos estatales; igual sucede con los diputados que, de acuerdo a
la ley, una vez electos por un determinado distrito son representantes
de la nación y no del distrito por el cual fueron votados, pero en la
práctica se les encajona en el distrito donde además deben realizar
tareas cuya ejecución corresponde a los ayuntamientos o a otras
instancias de servicio público.
Yo ya he expresado en estas páginas mi propuesta en el sentido de
eliminar el senado y reemplazarlo por un órgano similar a la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) debidamente
institucionalizado por la ley y sin funciones legislativas. También he
propuesto perfeccionar la representatividad de los diputados mediante
su elección por listas que presenten los partidos y la designación en
número proporcional al total de votos recibidos por cada partido.
Sería muy saludable para el desempeño político general que se abra a
debate el tema y se propicie una mayor ilustración a la sociedad sobre
el significado de la división de poderes y de las condiciones de la
representación. Es asunto que debe interesar a todos, particularmente a
los partidos y a la academia, en aras de romper el estancamiento
político que nos agobia.
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