La
falta de información oficial del número de migrantes víctimas de
tortura, ejecuciones o desaparición forzada impide que el Estado
mexicano sea juzgado antes organismos internacionales por los casos que
ocurren en el país.
Lo anterior lo advirtió Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, durante el Foro Migraciones que organiza el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que integran diversas organizaciones expertas en la materia, en esta capital.
Durante el evento, el experto en temas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales –catalogadas como graves violaciones a Derechos Humanos (DH) porque las perpetran agentes del Estado– señaló que en México ocurren estas vejaciones; sin embargo destacó que, como en la mayoría de los casos, en el caso de las y los migrantes no se castigan estos delitos.
Esto se debe a que es casi imposible comprobar que las víctimas padecieron esas violaciones, que en la mayoría de casos participaron agentes del Estado, explicó.
Kenny agregó que los principales obstáculos que enfrenta la sociedad para comprobar que el Estado comete graves violaciones a DH es la dificultad para tener cifras sobre la ocurrencia de estos hechos, conocer testimonios de sobrevivientes y consultar expedientes que deberían ser públicos, pero que, a discreción del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), no lo son.
El activista resaltó que en el caso de las personas migrantes sin documentos la situación empeora, ya que no hay un registro oficial que compruebe su estancia en el país, sus denuncias son más limitadas, y las familias tienen que enfrentar muchos gastos para lograr justicia en este país.
Al respecto de estas dificultades, el experto recordó “la masacre de los 72” en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde 80 por ciento de los cuerpos encontrados presentaron señales de tortura y hay fuertes indicios de la participación de policías municipales (siete actualmente están detenidos).
Además de que según el testimonio de un sobreviviente, se constata la crueldad con la que sucedieron los hechos.
Estas pruebas y un solo caso, dijo Kenny, son suficientes para acusar a México de cometer graves violaciones a DH, y no sólo porque está comprobada la participación directa de policías municipales, sino también porque el Estado conocía la peligrosidad de la zona y no previno la masacre. “Su omisión y consentimiento lo inculpan”, advirtió.
Por esto, agregó, otro de los grandes obstáculos es la impunidad y la negligencia para atender a las víctimas de desaparición, de las cuales al menos 149 casos están relacionados con detenciones ilegales, de acuerdo con organizaciones civiles.
Prueba de esto es que Honduras tiene un registro de 541 de sus connacionales desaparecidos en México, El Salvador tiene mil 584 y la Procuraduría General de la República (PGR) sólo tiene contabilizados dos casos de dos mujeres extranjeras desaparecidas en el país.
También recordó que, de acuerdo con lo que documentan grupos civiles, seis de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual, nueve de cada 10 víctimas de secuestro son amenazados de muerte, y cientos de personas desaparecen en el país.
En contraste, las cifras oficiales no muestran datos al respecto, no se abren líneas de investigación para determinar la responsabilidad de las autoridades, se bloquean expedientes y se culpabiliza a las familias de las personas migrantes de lo que ocurrió con sus víctimas.
Un órgano fundamental para determinar que una desaparición, un asesinato o un acto de tortura son violaciones graves a DH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), apuntó Samuel Kenny.
No obstante, la CNDH clasifica muy pocos hechos y sólo ha emitido una recomendación por grave violación a DH. En el caso de la masacre de 72 migrantes, por ejemplo, lo único que mencionó (y no por escrito) fue que las autoridades no custodiaron debidamente los cuerpos.
Al respecto de los supuestos avances que el Segundo Informe de Gobierno enumeró en materia migratoria, el experto criticó que el Ejecutivo no haya explicado qué está haciendo para investigar las desapariciones de las personas migrantes, y la participación de agentes del Estado en la materia.
También recriminó que sólo en un párrafo se hayan sintetizado el número de víctimas atendidas, el cual no se acerca ni un poco al número de cadáveres que se han encontrado.
El activista detalló que las violaciones sexuales están en el debate de los órganos internacionales de DH, ya que la frecuencia y la crueldad con la que ocurren en contra de las mujeres, sobre todo en contextos de violencia, demuestran que es un acto sistemático y generalizado.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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