En su Segundo Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal ignoró a las mujeres connacionales que residen en Estados Unidos y también a las migrantes que transitan en nuestro país.
Este 1 de septiembre el Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión su Segundo Informe de actividades que contiene los “logros” alcanzados durante su segundo año de gestiones, y que derivaron del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
A pesar de que en el documento se asegura que la perspectiva de género es transversal en todos sus apartados, en el caso de la política migratoria –la cual está contenida en el último capítulo que lleva por nombre “México con responsabilidad global”–, no aborda la dura situación de las mujeres migrantes.
El PND señala “el compromiso del gobierno de promover y dar seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de género; de armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en Derechos Humanos de las mujeres; de evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades expulsoras de migrantes, y de implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro”.
No obstante, ninguno de esos ejes se materializó en “avances” durante este segundo año de gobierno. Por el contrario, las organizaciones civiles especializadas en el tema denuncian que las mujeres son las más vulnerables en el fenómeno migratorio.
Además, al menos seis de cada 10 migrantes son agredidas sexualmente durante su paso por México, son las víctimas más frecuentes de trata de personas, no reciben atención perinatal cuando la necesitan, las autoridades y la Ley de Migración obstaculizan su acceso a la justicia, y se enfrentan a los riesgos habituales que experimenta también la migración masculina.
El Segundo Informe asegura que de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se otorgó asistencia y protección consular a las y los mexicanos en el extranjero, y se impulsaron acciones para mejorar las condiciones de las personas migrantes a través del ejercicio y disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.
No obstante, el ciudadano Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció en meses recientes que las mexicanas repatriadas (proceso que aumentó este año) con hijas e hijos de nacionalidad estadounidense afrontan obstáculos para la reunificación familiar, y carecen de apoyo consular.
De acuerdo con el documento, se activaron programas para la integración social y salvaguarda de los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes en el país.
En contraste, en lo que va de 2014 se han publicado al menos dos informes (uno de la organización civil Sin Fronteras y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que revelan las múltiples violaciones a DH que sufren las y los migrantes en México, especialmente las mujeres.
El Ejecutivo presume que los supuestos avances se consolidaron con el Programa Especial de Migración (PEM), el cual aún no entra en vigor porque ni siquiera tiene presupuesto asignado.
Fuera de ese enunciado, todo el Informe de Gobierno no aborda ninguna otra acción para proteger a las migrantes, y sólo hace alarde de que México participó en congresos y foros internacionales para hablar de DH y de población vulnerable en la migración.
Gretchen Kunher, directora del Imumi, dijo en entrevista que la principal carencia del informe fue la de no mencionar datos desagregados por sexo, ya que aunque detalla el número de personas que fueron beneficiadas con asistencia consular o con apoyos tras su repatriación, no dice cuántas de ellas fueron mujeres.
De igual forma, el documento apunta que el Instituto Nacional de Migración atendió a 269 migrantes víctimas de delito en territorio nacional –de las que 21 padecieron trata de personas–, pero no señala su procedencia ni su edad.
La experta también criticó que el informe no señala el número de quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió en contra de autoridades migratorias que extorsionaron, revictimizaron o incluso agredieron físicamente a personas migrantes.
También observó que el PEM es el documento que representa el mayor avance en materia migratoria a favor de la población vulnerable, pero que aún no se puede conocer su impacto.
La titular de Imumi dijo que el reto que enfrenta el gobierno mexicano en materia migratoria es el de reconocer en las políticas públicas a la población migrante irregular, la cual participa en el desarrollo económico del país y experimenta las principales vejaciones, aunque no está visible en el PND.
Además, el total de los supuestos avances mencionados en el Segundo Informe están vinculados con permitir y fomentar la participación de las y los trabajadores migrantes en México, sin que se hable de regulación a sus condiciones laborales o la erradicación del trabajo forzoso, la explotación y el secuestro.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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