En
su segundo año de gobierno, la gestión de Enrique Peña Nieto aún tiene
severos rezagos en salud, tales como prevenir complicaciones en el
embarazo, parto y puerperio; garantizar el acceso a anticonceptivos, y
atender de manera efectiva el cáncer de mama (CaMa) y el cérvico
uterino (CaCu).
Así lo reflejan las cifras y datos del Segundo Informe de Gobierno –entregado este lunes por el Ejecutivo al Congreso de la Unión–, que enlista los supuestos logros del gobierno federal en materia de salud y reconoce la labor de las parteras en el combate de la muerte materna (MM), así como los rezagos en materia de salud universal.
Al inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto fijó la meta de lograr un “México incluyente”, lo que implica el acceso a servicios de salud a toda la población, pero en dos años de gobierno apenas se ha avanzado en el rubro.
Como uno de los esfuerzos del gobierno federal, el informe destaca que se incrementaron los recursos públicos, pues el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud (Ss) presentó un aumento del 3 por ciento en 2014 con respecto al monto de 2013.
Cabe recordar que durante la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), voces ciudadanas denunciaron la falta de transparencia y de rendición de cuentas en los montos asignados a salud, especialmente en los destinados al Seguro Popular (SP) y la atención del VIH en mujeres embarazadas.
Uno de los grandes temas del informe es la planificación familiar y salud reproductiva. El gobierno federal reconoce que el número de usuarias activas de métodos anticonceptivos en la Ss –al mes de agosto de 2014– es de 3.1 millones, lo que representa una cobertura de apenas el 36.6 por ciento del total de mujeres unidas de 15 a 49 años edad.
Con respecto a las adolescentes menores de 20 años, el número de usuarias de métodos de control natal es de 314 mil 800 en unidades médicas, muy por debajo de los millones de jóvenes que tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA).
Es de destacar que el Segundo Informe no precisa cifras con respecto a la población indígena o de zonas rurales, que como han denunciado de manera reiterada grupos civiles es la que más obstáculos enfrenta para acceder a métodos de anticoncepción.
Agrega que aunque existe una oferta universal de pruebas de detección para VIH a todas las mujeres embarazadas, la cobertura es apenas de 58 por ciento.
Con respecto a la atención de CaMa y CaCu –de las principales causas de muerte en México–, se presume que a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se han destinado 7 mil 627.8 millones de pesos para 168 mil 998 casos en esta gestión.
También se destaca el número de mastografías, exploraciones clínicas y pruebas de virus de papiloma humano (VPH) realizadas en los diferentes servicios de salud.
No obstante la muerte por CaMa mantiene una tendencia ascendente. Se estiman 17.5 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años o más en 2013, lo que se traduce en un aumento respecto al valor de 17.1 decesos observado en 2012.
El anexo estadístico del informe da cuenta que el CaMa cobró la vida de 6 mil 154 mujeres hasta el mes de agosto de 2014, lo que es una cifra mayor de las 5 mil 823 defunciones estimadas hasta diciembre de 2013.
Mientras que el CaCu –que ha tenido una disminución en la tasa de incidencia – cobró la vida de 3 mil 719 mujeres en ocho meses de 2014 y 3 mil 784 durante 2013.
Otro de los puntos que destaca el informe son las acciones contra la MM. Según el gobierno federal, uno de los retos es la eliminación de las barreras de acceso a una atención oportuna y de calidad.
En este sentido, el Ejecutivo destacó la firma y puesta en marcha del Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas (AEO).
Según lo informado, del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 se establecieron y aprobaron los criterios de resolutividad (equipamiento, infraestructura, recursos humanos y equipo de traslado) aplicable a las unidades médicas que brindan esta atención.
En contraste, el Observatorio de Mortalidad Materna, mediante un recurso de transparencia detectó que el AEO ha sido limitado, ya que las instituciones solicitan el apoyo interinstitucional de manera excepcional.
Durante 2012 el IMSS fue la institución que otorgó un mayor número de atenciones por emergencias obstétricas a mujeres provenientes de otras instituciones (709 en total, de las cuales 693 tenían SP y 16, ISSSTE).
En segundo lugar, la Ss otorgó 540 atenciones en total, de las cuales 327 fueron para mujeres provenientes del IMSS y 213 para mujeres del ISSSTE. En último lugar se ubicó el ISSSTE, con 143 atenciones durante 2012, de las cuales 149 fueron para mujeres con SP y cuatro para mujeres afiliadas al IMSS.
Por otro lado, el gobierno federal asegura que intensificó la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal, incluyendo jefes de servicio de ginecobstetricia y directivos médicos delegacionales.
Los más de 20 casos de violencia obstétrica denunciados en los medios de comunicación y que incluso derivaron en la muerte de mujeres indígenas en estados como Chiapas y Nayarit, reflejan que México está lejos de garantizar la atención adecuada y con un enfoque en Derechos Humanos.
Si bien el Ejecutivo reconoce la labor de las parteras y presume que se han creado programas para su capacitación e incorporación en los servicios de atención en comunidades indígenas, omite que apenas el 60 por ciento de las mexicanas que necesita los servicios de una partera profesional y capacitada tiene acceso a ella, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Sobre la violencia obstétrica, altamente reprochada por organizaciones sociales, el Segundo Informe no menciona siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la materia; la reparación integral que debe a familiares y víctimas, y solo señala que en el marco del 150 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se participó en la elaboración del Informe para la Audiencia del Estado Mexicano sobre “Salud Materna y Denuncias de Violencia Obstétrica en México”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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