En nuestro país más del 50 % de los estados no entregan información suficiente sobre su gasto en publicidad oficial.
Desde
la reforma electoral 2007-2008 se prometió poner límites a la
publicidad oficial, para evitar la utilización de recursos públicos
para la promoción de funcionarios públicos y gobernadores; sin embargo,
la omisión del Congreso obstruyó la posibilidad de contar con una ley
reglamentaria del artículo 134 constitucional para esos efectos.
La
oportunidad para subsanar el escandaloso dispendio que hacen los
políticos con nuestro dinero para promocionarse estaba ahora en la
nueva regulación electoral que el Congreso realizó en este año, pero no
fue así. Mientras el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la
propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público”, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LEGIPE) en su artículo 242 párrafo 5 establece que los anuncios y
spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una
vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco
días después de la fecha en que se rinda tal informe, pero no establece
lineamientos concretos para evitar la promoción personalizada, este
vacío jurídico es aprovechado por la clase política que año con año
gasta miles de millones de pesos en propaganda personalizada tomando
como pretexto los informes de gobierno.
Los informes son un
mecanismo para que los gobernantes, funcionarios y legisladores rindan
cuentas de su gestión, así como transparentar el ejercicio de su
función pública, pero en lugar de eso los políticos los utilizan para
inundarnos de propaganda través de todos los medios posibles, el
dispendio para esos promocionales se ha conformado en un abuso y una
violación directa a la Constitución.
Es por eso que varios
ciudadanos decidimos acompañar la iniciativa de Fundar, Centro de
Análisis e Investigación A. C., para ampararnos en contra de esta
práctica, y solicitar ante las instancias judiciales la suspensión de
la publicidad con promoción personalizada de Enrique Peña Nieto porque
viola el derecho a la información, además de ser una práctica que
vulnera la calidad del debate democrático.
En nuestro país más
del 50 por ciento de los estados no entregan información suficiente
sobre su gasto en publicidad oficial, tan sólo en este año la
administración federal ha reportado un gasto cercano a los 5 mil
millones de pesos, esto es la mitad de los recursos que se necesitan
para construir los 57 mil kilómetros de fibra óptica para que la red
troncal de la Comisión Federal de Electricidad para que la mayor parte
de la población tenga acceso a la banda ancha, de acuerdo al Programa
Nacional de Infraestructura.
Si además sumamos a esta cifra el
gasto que no reportan estados y municipios, estamos hablando de
ingentes cantidades de dinero para promover carreras políticas con
dinero, que sale directamente de nuestro bolsillo, lo cual no solamente
es inconstitucional sino también inmoral.
Tocará ahora al Poder
Judicial resolver sobre este amparo colectivo, si usted como ciudadano
también se siente agraviado por el excesivo gasto en publicidad
judicial también puede unirse a este amparo, toda la información la
puede encontrar en www.fundar.org.mx
Opacidad también en el sistema público de radiodifusión
Junto
con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también se
aprobó la ley del denominado Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que
tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de
lucro.
Sin embargo, hasta el momento aún no hay claridad
respecto de lo que será este sistema, si sólo será una cadena nacional
de televisión pública o también tendrá una cadena nacional de radio,
hasta ahora lo único que se ha concretado es el traspaso de la
infraestructura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales a este
nuevo Sistema, como sociedad deberíamos de contar con la suficiente
información sobre el diseño institucional de este sistema, pues al ser
de naturaleza pública debiera de manejarse con toda la transparencia
que requiere un proyecto de esta dimensión y que se supone sería el
contrapeso y la alternativa con la que contaríamos los ciudadanos ante
el cuasi monopolio de la opinión pública que tienen las televisoras
comerciales, pero no es así.
De acuerdo a los transitorios 26 y
28 de la ley tanto el Presidente del Sistema como la conformación
Consejo Ciudadano (integrado por nueve ciudadanos) deberán nombrarse
por dos terceras partes del Senado después de 60 días naturales a la
entrada vigor de la ley. En el caso del primero el Presidente tendrá
que mandar su propuesta al Congreso, mientras para el segundo debiera
de hacerse una amplia convocatoria pública, sin que hasta el momento
sepamos tampoco nada de ella.
El asunto no es menor pues tres
ciudadanos de dicho Consejo formarán parte de la Junta de gobierno,
instancia donde se definirán las políticas editoriales y el
funcionamiento del sistema, y aunque tendrán desventaja por la
sobrerepresentación de funcionarios de gobierno, su presencia puede ser
un importante contrapeso para evitar que la cadena nacional de
televisión pública sea la vocería oficial del gobierno en turno.
¿Habrá Controversia IFT?
Este
10 de septiembre vence la fecha para que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) pueda interponer una controversia
constitucional por invasión de sus facultades aprobadas en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así que quedan pocos
días para saber si ese órgano regulador con autonomía constitucional
defiende lo que la Carta Magna le dio y la ley le quitó, especialmente
en lo que se refiere a su facultad para regular los mercados y la
competencia económica. En pocas palabras quedan pocos días para saber
de que esta hecho el IFT.
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