Triunfalista Segundo Informe que omite fallas ante la violencia
A
la par que crecen los reclamos de la sociedad civil que denuncia el
desinterés del gobierno federal ante temas como el feminicidio, la
activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), y la desaparición
de mujeres y jóvenes, el gobierno federal asegura tener una
Administración Pública Federal (APF) con “perspectiva de género
transversal”.
Dentro del Segundo Informe de Gobierno –entregado ayer por la
Presidencia de la República al Congreso de la Unión– se presentan los
supuestos avances obtenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2014, es decir, los presuntos logros en las tres estrategias
transversales planteadas por el gobierno federal, una de ellas: la
perspectiva de género.
De acuerdo con el informe, el gobierno incorpora esta visión en todas
las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos y acciones
afirmativas de la APF.
Como parte de sus logros en esta materia, el gobierno de la República
resaltó la publicación del Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
(Proigualdad), y el incremento en el presupuesto etiquetado para la
igualdad de género, ya que para 2014 las erogaciones en la materia
alcanzaron un total de 21 mil 522 millones de pesos (mdp), distribuidos
en 115 programas presupuestarios de la APF.
Los programas a favor de las mujeres que el gobierno federal resalta en
el Segundo Informe son el Programa Nacional de Becas de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y
el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras,
estos dos últimos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol).
Lo que el gobierno federal olvidó mencionar son los faltantes en el
presupuesto denunciados en enero pasado por la Coalición por la Salud
de las Mujeres, cuando la agrupación acusó la opacidad con la que se
manejan los recursos destinados para mujeres embarazadas con VIH, y el
hecho de que el 60 por ciento del Ramo 12 de Salud está destinado al
Seguro Popular, sin que se cuenten con normas claras que permitan
monitorear estos recursos.
Además en el informe se omite que al cierre de septiembre de 2013 el
Seguro de Vida para Jefas de Familia apoyó sólo a 97 personas de hasta
23 años de edad ante el fallecimiento de su madre cabeza de hogar, pese
a que el programa recibió 400 mdp, recursos que tenía previstos para
beneficiar a por lo menos 15 mil personas.
Con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos
femeninos, el Segundo Informe destaca la publicación de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se establece
que los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de
género en candidaturas para los congresos federal y estatales.
El informe también presume que “para que las mujeres y niñas gocen de
sus derechos en sus comunidades y pueblos indígenas”, el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en coordinación con el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, tradujo la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belém do Pará) a 13 lenguas indígenas, y de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) a 16 lenguas autóctonas.
En tanto, el gobierno federal parece no acordarse de las 207 mil 162
niñas que hablan alguna lengua indígena, pero que no saben leer y
escribir en español ni en sus idiomas de origen.
A fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas y garantizarles acceso a una justicia efectiva, en su
Segundo Informe el Estado mexicano presumió la creación de cinco
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), que entre septiembre de
2013 a julio de 2014 atendieron a un total de 45 mil 529 mujeres
víctimas de violencia.
Enunció la publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, que es
de observancia obligatoria en toda la APF; la creación de la Línea
01800-Háblalo, que es de alcance nacional y proporciona, de manera
confidencial y gratuita, orientación psicológica y asesoría legal a las
mujeres en situación de violencia.
Agregó que en el segundo año de esta administración se actualizó el
Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las
Mujeres (que tiene registrado 90 mil 573 casos de violencia contra
niñas y mujeres y los datos de 67 mil 546 agresores).
Como otros “logros” del gobierno federal se encuentra el diagnóstico
del funcionamiento de los CJM en México, y la investigación “Futuros
personales de mujeres que viven violencia”, aunque no se precisa qué
instancia la elaboró.
Dentro de este rubro se enlistan el número de mujeres que han sido
atendidas en diferentes instancias y dependencias federales, así como
las campañas que se emprendieron para intentar frenar el hostigamiento
y acoso sexual en el medio laboral.
También se hace un recuento de todas las personas de la función pública
capacitadas en materia de Derechos Humanos (DH) y violencia de género.
En ese tema, lo que el Segundo Informe invisibiliza es la reiterada
negativa de activar la AVG luego de que tan sólo en este año se tienen
cuatro investigaciones en curso sobre la violencia feminicida en los
estados de Guanajuato, Morelos, México y Chiapas.
Cabe recordar que la incidencia del feminicidio y desapariciones de
mujeres y niñas, la falta de acceso a la salud, la no disminución de la
muerte materna (MM), el incremento de la violencia obstétrica y los
embarazos tempranos, las violaciones a las migrantes y las agresiones
contra defensoras y periodistas, son algunos de los temas denunciados
por organizaciones feministas y de defensa de los DH ante expertas
internacionales que visitaron el país.
Este año llegaron a México expertas del Comité de la CEDAW, como Silvia
Pimentel y Line Bareiro; la jurista internacional Alda Facio, y la
relatora especial de la ONU en materia violencia contra las mujeres,
Rashida Manjoo, a quienes se sumaron recientemente integrantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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