Colectivo La digna voz
El
pasado infame-informe de gobierno de Enrique Peña confirma que la clave
para lograr imponer las directrices de las corporaciones
internacionales también llamadas reformas tiene dos caras: la
centralización política y la militarización del territorio nacional. El
resultado es el retroceso evidente en algunos de los tímidos logros de
la hoy desaparecida transición a la democracia que tanto entusiasmo
causo entre los admiradores del poder.
El triunfo de Peña en las
elecciones de 2014 canceló cualquier posibilidad de que el proceso
político inaugurado en los años ochenta siguiera con vida. De hecho fue
la puntilla que revirtió la tendencia a desmantelar el presidencialismo
mexicano, reculando sin miramientos para alimentar la ilusión del
regreso de la presidencia imperial. Los dos sexenios panistas
fortalecieron la idea entre los políticos de que la única manera de
(des) gobernar el país e imponer de una vez por todas el neoliberalismo
era echando mano de la tradición autoritaria.
Las
consecuencias de lo anterior se pueden constatar en la subordinación
sin condiciones (excepto el pago generoso a las bancadas de los
partidos en el congreso) del poder legislativo a los proyectos del
ejecutivo, pieza central en el sistema político tradicional. Y si bien
es cierto que hoy el congreso es plural (tiene varios colores que no
ideologías) el resultado es el mismo: sometimiento generalizado al
presidente. Para algunos puede parecer que las negociaciones para
lograr consensos en las cámaras son un ejemplo de democracia
deliberativa pero el hecho es que votan lo que los líderes de las
bancadas acuerdan entre ellos -siguiendo la sacrosanta línea del
presidente- de espaldas a la nación a la que dicen representar y de los
propios miembros de sus bancadas, quienes se limitan a votar de acuerdo
a las órdenes de sus dirigentes. No hay debates en el pleno ni
polémicas de altura. Todo está prefabricado para ofrecer una imagen de
civilidad y responsabilidad y al mismo tiempo ocultar la imposición y
el sometimiento.
Al mismo tiempo, las flores de la
transición, entre las que destaca el INE y el IFAI hoy muestran una
regresión innegable para ponerse a la altura de las circunstancias
centralizadoras. El primero se ha convertido en un monstruo que
pretende centralizar la organización de los procesos electorales cuando
ni siquiera podía organizar de manera transparente los procesos
electorales federales. Se argumenta a favor de la creación del INE que
los gobernadores se habían convertido en el fiel de la balanza
electoral en sus estados, controlando a los órganos electorales
locales. Cuesta trabajo pensar que arrebatándoles dicho poder para
dárselo a uno sólo, el presidente, la democracia electoral va a
mejorar, evitando los dedazos, el uso de recursos públicos en las
campañas y el fraude electoral. Menos aun cuando el fiel de la balanza
ahora será un individuo que ganó las elecciones innovando en el fraude
electoral.
Por su parte, las reciente reforma en materia de
transparencia y acceso a la información ha demostrado su sintonía con
el proyecto presidencial al negarse a defender el derecho a la
privacidad frente a las novedades de la reforma en telecomunicaciones,
la cual legaliza el espionaje por parte del estado sin necesidad de
justificar frente a un juez para hurgar en la vida privada de las
personas. Además, y en la línea de la tendencia centralizadora, el IFAI
podrá conocer o incluso atraer resoluciones de los órganos garantes
locales que le parezcan relevantes. Les podrá corregir la plana a los
institutos de acuerdo a los intereses del presidente y su grupo para
castigar o presionar a los gobiernos estatales a su antojo.
Y
si todo lo anterior, que es sólo una muestra del proceso de
recentralización política que estamos viviendo en México, no logra
mantener el orden social pues ya están en la calle las fuerzas armadas
para contener cualquier brote pue ponga en peligro el proyecto
neoliberal. Pero además, su presencia sistemática en la ciudad y en el
campo con retenes, patrullajes y operativos construyen un ambiente de
temor y angustia que en muchos casos sirven, más que para contener la
violencia para desmovilizar a la sociedad impidiendo que se organice y
se manifieste. En los dos años del gobierno de Peña, el gasto militar
no ha dejado de aumentar y no sorprendería que las próximas reformas
tengan la finalidad de blindar legalmente las intervenciones militares
en la seguridad pública, como lo han solicitado reiteradamente los
altos mandos castrenses.
Así que para todos aquellos que se
vanaglorian del éxito de las reformas (entendido éste como lo fácil que
fue imponerlas en el congreso) habrá que recordarles que este tipo de
operaciones políticas tienen siempre un costo. Nada es gratis en
política y la pregunta no es si la pobreza aumentará, porque los hechos
la responden y la responderán sin tapujos, sino si la paz social
necesaria para saquear los recursos naturales de México será posible
sólo con la propaganda oficial triunfalista y convenientemente
aderezada por los medios de comunicación. Pero eso no parece
preocuparles a los que estacionaron sus automóviles en plena plancha
del zócalo para rendirle tributo al tlatoani encopetado: para eso están
las bayonetas.
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