Mayeli Sánchez Martínez 1
En
el centro de la producción de decisión de cualquier sociedad está la
información; sin datos, lo que se pueda dialogar pierde fuerza y al
monopolizar la información se fomenta un uso del poder inequitativo
propio de gobiernos antidemocráticos.
La falta de acceso a la información nos coloca a las personas
comunes al margen de poder decidir sobre el presente y el futuro de los
territorios que habitamos. Esto es especialmente grave cuando desde el
gobierno se establecen programas de desarrollo económico cuyas
consecuencias viviremos las personas comunes en cuanto al posible
despojo de tierras, el deterioro del ambiente, la salud y las formas de
trabajo.
En el caso de la industria minera en México, existen 25 mil 352
concesiones que ocupan 13.07 por ciento del territorio (apenas un poco
por debajo del territorio que se cultiva, de 15.8 por ciento)2.
En la historia reciente del país se ha expuesto la falta de
transparencia por parte del gobierno para informar sobre esta
industria: un ejemplo es el largo peregrinar del pueblo wixárika, que
por años ha exigido la cancelación de siete concesiones mineras que
están en poder de la empresa canadiense Revolution Resources y que
ponen en riesgo sitios sagrados de este pueblo.
De 2003 a 2013, el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (Ifai) registró al menos 695 solicitudes de
información hechas a la Secretaría de Economía (SE) con el tema de la
minería.
En múltiples ocasiones la solicitud incluye que se den a conocer
datos sobre la ubicación geográfica de lotes mineros. Sin embargo, la
información continúa sin estar disponible y hasta la fecha la única
forma que existe para conocer la ubicación geográfica de los lotes
mineros es asistiendo a los archivos de la Dirección General de Minas,
donde sólo es posible consultar cinco expedientes por día y no se
permite sacar fotocopias simples de la documentación ni el uso de
dispositivos como teléfonos celulares para obtener imágenes de los
archivos (lo que implicaría a cualquier mexicano que no viva en el área
metropolitana costear una estancia de 5 mil 070.4 días hábiles para
poder acceder a la información) o pagando 4 millones 965 mil pesos por
un archivo de datos conocido como shapefile, que sin ser un
mapa, la SE pretende cobrarlo como si fuese el equivalente a 20 mil 360
planos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)3.
El 4 de febrero ingresé a la SE, mediante el portal Infomex, la
solicitud con folio 0001000012514 para pedir las coordenadas
geográficas de concesiones y asignaciones mineras de la República
mexicana en formatos digitales libres. Pese a que esta información
debería estar disponible de forma pública con criterios de máxima
publicidad y disponibilidad, de acuerdo con la ley minera vigente, y
que el derecho al acceso a la información está amparado por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la SE
se negó a entregar los datos y en un oficio sin número su unidad de
enlace respondió que no contaba con esta información, por lo cual
presenté un recurso de inconformidad. De forma inédita, el comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en un extenso estudio que consta en la
resolución con expediente RDA 1045/14, revocó la respuesta de la SE.
En
respuesta a este mandato, en el oficio 181.07636.DGRM.2014, fechado el
1º de agosto y notificado el 8 de agosto, la SE responde:
Como resultado de la búsqueda exhaustiva realizada, se localizaron, EN SU TOTALIDAD, las coordenadas geográficas del punto de partida de las concesiones mineras de la República mexicana que obran en los archivos de esta dirección... Cabe mencionar que dichas coordenadas geográficas son las que, en su caso, fueron utilizadas al momento de realizar la representación de los lotes mineros en la cartografía minera.
En archivo adjunto a la respuesta se envía una hoja de cálculo en la
que están las coordenadas del punto de partida. Usando tecnicismos para
justificar su falta de transparencia, la SE nuevamente se niega a hacer
entrega de la información fundamental para poder producir decisión. La
solicitud claramente pide
los datos geográficos de los polígonos de las concesiones mineras; un punto de partida es sólo el punto de referencia para poder determinar la ubicación de un lote minero.
Este punto de partida puede formar parte o no del perímetro del lote
minero, ni siquiera aporta información para conocer la dirección en la
que se encontraría el lote. La negativa constante de la SE impide a la
población conocer y decidir sobre un tema crucial como es la industria
minera.
1 Investigadora de Poder.
2 Datos obtenidos de estadísticas del Inegi reportadas para 2005 y
la solicitud de acceso a la información pública 0001000100314.
3 Ver solicitud de acceso a la información pública 0001000008414.
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