Los
lectores de diarios y revistas saben bien, desde hace rato, que el
Grupo México que encabeza el conocido saqueador de los recursos de la
nación, Germán Larrea, es una asociación que desde 2006 ha seguido y
sigue una política laboral que ha buscado y busca, por todos los
medios, liquidar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, para
imponer en las ramas de la minería y la siderurgia contratos colectivos
de protección patronal con el apoyo de sindicatos charros,
afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y a la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, o, de plano, a
organismos integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos
Independientes, centro y cabeza del sindicalismo blanco en el país. La
implantación de dicha política ha traído como consecuencia asesinatos
de trabajadores, golpizas de decenas de compañeros y miles de
despedidos y boletinados.
Sin embargo, no es todo. En fechas
recientes, la ambición sin límites y la irresponsabilidad de Grupo
México, han producido y producen graves accidentes que destruyen y
perjudican la vida humana, animal y vegetal, contaminan ríos, arroyos,
lagunas, lagos y mantos freáticos, deterioran el ambiente y, para
completar el cuadro, son incapaces de reconocer sus atentados contra
las riquezas naturales de la nación y el pueblo.
El derrame, responsabilidad de Grupo México
La última agresión contra la naturaleza y el bienestar de la población,
se dio en el estado de Sonora con el famoso derrame que es objeto de
comentarios en México, Perú, Estados Unidos y el mundo. El 6 de agosto
del año en curso, en la mina Buenavista del Cobre, de Cananea, Sonora,
el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre
acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afecta a los municipios
de Cananea, Arizpe, Ures, San Felipe, Banámichi y Baviócara. Pese a la
magnitud del accidente, el monopolio minero no avisó a la población
sonorense y dio la callada por respuesta a la gravedad de la coyuntura.
En consecuencia, los resultados comenzaron a manifestarse en la muerte
de reses, la contaminación de tierras de cultivo y la afectación de la
pesca, el ambiente y los bienes de los campesinos y pobladores en
general, así como de la salud de los habitantes de la región.
A las sustancias tóxicas derramadas, hay que sumar el arsénico, cadmio,
aluminio, hierro, manganeso, cromo, plomo, níquel y cobre que
contaminan los ríos Bacanuchi y Sonora. Es una verdadera catástrofe.
El monopolio que encabeza Germán Larrea, segundo hombre más rico de la
República Mexicana, es responsable de que los cuerpos de 63 mineros
muertos en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, permanezcan en
el fondo de la mina sin que sean rescatados para tener una sepultura
digna. Para impedir el rescate, este consorcio arguye una serie de
ideas propias de capitalistas trogloditas, sin responsabilidad social,
al mismo tiempo que utiliza supuestos principios jurídicos… ¡para
mantener en el socavón los restos de los mineros fallecidos! Es una
política claramente criminal.
Propuestas adecuadas
En forma correcta, aunque tardía, el día 18, ante el Ministerio Público
Federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una
denuncia penal por delito ambiental en contra del consorcio Grupo
México y la empresa Buenavista del Cobre, filial de aquél, por su
presunta responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi en Cananea, Sonora.
Conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, podría y
debería sancionarse al monopolio minero con 40 millones de pesos.
Mientras tanto, los municipios sonorenses de Arizpe, San Felipe,
Banamichi, Aconchi, Baviácora y Ures preparan una demanda civil por
daños causados por la mina Buenavista del Cobre, filial del Grupo
México, que han detenido las actividades agrícolas, pecuarias y
pesqueras, debido a la contaminación de las agua fluviales.
El miércoles 20 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión aprobó un exhorto al gobierno de la Federación para que mande
cancelar la concesión otorgada sobre la mina Buenavista del Cobre al
Grupo México, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias
tóxicas en los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi. Se acordó,
asimismo, pedir al gobierno estatal, a la Comisión Nacional del Agua y
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ordenen la
cancelación de labores de la mina Buenavista del Cobre mientras se
estiman los estropicios causados. También se solicitó a estas
instancias que eleven denuncias ante la Procuraduría General de la
República con el objeto de que se ejerzan las sanciones pertinentes.
Contra la lógica y el sentido común, Buenavista del Cobre publicó una inserción pagada el 21 de agosto en Milenio, Excélsior
y otros diarios, en la que “precisó”: “La información al día de hoy,
después de los estudios técnicos realizados, nos indica que el 6 de
agosto pasado como consecuencia de las lluvias por arriba de la media,
durante el mes de julio y los primeros días de agosto, en la región de
Cananea, Sonora se provocó un incremento notable en el volumen de agua
y solución ácida de sulfato de cobre contenida en un represo del nuevo
Sistema Tinajas 1 en proceso de construcción por el contratista
TECOVIFESA que unos días antes estaba prácticamente vacío. La solución
de sulfato de cobre es materia prima para la producción de cobre mas no
se trata de un desecho o residuo peligroso”.
Y agregó muy
oronda: “Buenavista del Cobre hace patente que estas acciones y las que
seguirá instrumentando en los próximos días obedecen a su
compromiso con el cuidado del medio ambiente y con las comunidades
aledañas a las instalaciones mineras En este contexto rechazamos las
acciones legales punitivas anunciadas por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente dada la naturaleza fortuita del incidente y la
pronta y completa respuesta de la empresa”.
Los estropicios
contra el agua de Sonora, la población y los recursos naturales de la
nación cometidos por Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo
México, han concitado, concitan y seguramente seguirán concitando un
enorme descontento social, que, en parte, reflejan el sindicato minero,
los medios de comunicación críticos y diversas organizaciones
naturistas, considerando que es una entidad con un gran desierto. Las
propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, para
enfrentar la grave situación generada por el egoísmo empresarial, son
las siguientes:
“1. Que se realice una investigación a fondo
de los daños ecológicos en Sonora, por especialistas independientes e
imparciales que sólo obedezcan las leyes, para que se castigue a los responsables, de modo ejemplar y rápido para satisfacción de la ciudadanía hoy en peligro.
“2. Que se aplique todo el peso de las leyes, incluso las penales, a los que cometieron este derrame
, producto del afán desmedido de ganancias del Grupo México, lo cual
los lleva a descuidar e ignorar totalmente las condiciones de trabajo,
la ecología, la salud de los trabajadores y de las poblaciones del
entorno. Lo más conveniente es que a Grupo México se le quite la
concesión que tiene otorgada en Cananea o que suspendan la operación de
la empresa hasta que se realicen las investigaciones a fondo”.
Por su parte, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el
18 de agosto levantaron como demandas:
“Saneamiento de la
Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las
actividades tanto humanas como ecosistémicas.
“Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.
“Monitoreo mensual hecho por centros de investigación serios, basados
en la mejor ciencia por al menos cinco años para la detección de
metales pesados y otros contaminantes
“Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
“Total transparencia y acceso público a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.
“El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad”.
Unidad clasista de las organizaciones del capital
En solidaridad con el Grupo México, los principales líderes
empresariales expresaron, el 22 de agosto, sus discrepancias con las
propuestas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
afirmando que el monopolio minero “se ha comprometido con México”. Con
gran descaro, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, sostuvo que dicho consorcio ha
invertido mucho en seguridad para impedir derrames, por lo que no está
de acuerdo en quitarle la concesión de la mina Buenavista del Cobre.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, señaló a su vez que “Grupo México es una empresa muy
seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita
porque genera miles y miles de empleos”. Los capitalistas, pues, exigen
que las cosas continúen como hasta ahora. Mayor descaro es difícil de
encontrar.
Bajo la administración de Enrique Peña Nieto se han
reformado el Artículo 27 constitucional y sus leyes r eglamentarias,
que permiten la “ocupación temporal” --léase expropiación-- de tierras
ejidales y comunales para ser entregadas a las compañías de Estados
Unidos y otros países imperialistas, para explotar el petróleo y la
electricidad. De conformidad con esta legislación, se avecinan graves y
violentos atentados contra los campesinos, pueblos y comunidades. De lo
que puede ocurrir, en tales condiciones, es un adelanto lo ocurrido en
el estado de Sonora, donde el gran capital, para ahorrarse unos
millones de pesos, ocultó información, buscó y busca desinformar a la
opinión pública, se niega a resarcir los daños provocados y continúa
agrediendo a los trabajadores mediante la imposición de
representaciones sindicales a su servicio y bajo su control.
El
sindicato minero, los pobladores de los municipios afectados por la
irresponsabilidad de los capitalistas de Grupo México, las
organizaciones ecologistas y el pueblo mexicano deben imponer las
demandas ya antes citadas ante este atentado criminal de la gran
burguesía minera. No sería correcto dejar hacer y pasar a vivales que
sobreexplotan a los obreros del subsuelo, deterioran el ambiente y
despojan a la nación de sus recursos naturales. La movilización es
indispensable para resarcir los estropicios esparcidos por el gran
capital.
Para concluir, unas palabras acerca de los saqueadores
de las riquezas nacionales. No obstante formar parte por el monto de su
enorme fortuna, de la gran burguesía mexicana, latinoamericana e
internacional, Germán Larrea debe ser considerado como un jefe patronal
que forma filas en el círculo de lumpen-burgueses que, pese a sus
riquezas mal habidas, son, sin duda, miembros de la burguesía rascuache
del país, por su política laboral, por su actitud ante sus
connacionales, y, claro está, por su posición genuflexa ante los
vecinos septentrionales. Todo su proceder así lo indica. Pensar algo
diferente no sería conveniente y justificado.
Nota:
Este
texto está apoyado en documentos del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana, la empresa Buenavista del Cobre Grupo México, el Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas, la Red Mexicana de Afectados por
la Minería, y artículos, editoriales y reportajes de La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal.
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