Perversión de la consulta popular

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los legisladores pospusieron tanto como pudieron la incorporación a la Constitución de los instrumentos de democracia directa. Cuando finalmente cedieron, aunque con acotaciones importantes que buscan limitar las posibilidades de que la ciudadanía acceda a la llamada consulta popular, decidieron monopolizar las solicitudes y pervertir el uso de dicho instrumento.

Los instrumentos de democracia directa tienen fundamentalmente dos intenciones: permitir que sean los mismos ciudadanos quienes directamente decidan sobre asuntos que se consideran fundamentales para la vida nacional y abrir a los ciudadanos vías institucionales para controlar el poder de sus representantes.

En el primero de los casos, en muchos países se establece como un candado para las reformas constitucionales el que necesariamente tengan que ser ratificadas en un plebiscito, lo que blinda a las Cartas Magnas de los caprichos de los legisladores. En otros casos permite a los grupos parlamentarios sin fuerza suficiente en el Congreso para sacar adelante reformas legales, lograrlas por la vía del respaldo popular.

En cuanto a la segunda intención, la idea es que el ciudadano tiene una vía para someter a la soberanía popular actos de autoridad (administrativos, por parte de los Ejecutivos o legislativos, como reformas legales o constitucionales) que considere lesivos para la mayoría. Es decir, revertir o ratificar las decisiones de los representantes electos, lo cual los obliga a ser más cuidadosos con sus actos de poder, pues la ciudadanía tiene la posibilidad de echarlos abajo.

Los legisladores se cuidaron de colocar en la legislación secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, diversas disposiciones con la intención de dificultar la posibilidad de que los ciudadanos pudieran hacer uso de dicho instrumento (Proceso 1949).

Entre las normas no previstas en la Constitución y establecidas en la ley destacan la imposibilidad de firmar dos solicitudes de consulta popular, es decir, los ciudadanos únicamente pueden firmar una solicitud y en caso de que firmen más de una, únicamente será contabilizada la primera en tiempo. Pero además de ello obligaron a que en al menos 17 entidades de la república obtengan el respaldo de 1% de los ciudadanos que forman la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Desde antes de que se aprobara la legislación, el PRD y el todavía potencial partido político Movimiento de Regeneración Nacional ya habían expresado su intención de convocar a una consulta popular sobre la reforma energética. Aunque el tema de la consulta y el objetivo de la misma es idéntico, revertir la reforma en la materia, decidieron duplicar esfuerzos, dificultar más su trabajo –especialmente por las consideraciones establecidas en el párrafo superior– y eventualmente convertirse en factor determinante –suponiendo que haya ciudadanos que firmen las dos solicitudes– para fracasar en el intento.

Hace algunas semanas el PAN decidió impulsar una consulta popular sobre el tema de los salarios mínimos, por lo cual ya inició su campaña de recolección de firmas.

Y, por si todavía no fuera suficiente, esta misma semana el PRI decidió llevar a consulta popular la reducción a la mitad de los diputados plurinominales y la eliminación de dicha representación en el Senado, y aunque el Revolucionario Institucional tiene el número suficiente de legisladores en ambas cámaras para hacer la solicitud con 33% de los legisladores, decidió hacerlo por la vía de conseguir 2% de las firmas de los ciudadanos del padrón.

Así los cuatro partidos, que casi con toda seguridad obtendrán los cuatro primeros lugares en las preferencias electorales de los ciudadanos, se encuentran hoy recolectando firmas para solicitar la realización de una consulta popular.

Para el PRD y Morena era la única vía que tenían para revertir la reforma en la materia, pues la alianza de PRI y PAN garantizaba automáticamente la mayoría necesaria para sacar adelante las reformas legislativas; lo deplorable es que en lugar de unirse en la búsqueda de dicho objetivo, se dividan.

Pero PAN y PRI lo hacen con una triple intención: una es dificultar la consecución de las firmas por parte de las fuerzas de izquierda, pues nuevamente hay que recordar que los ciudadanos únicamente pueden firmar una solicitud de consulta popular y eventualmente los principales firmantes de la solicitud blanquiazul pueden repetirse con los del PRD y Morena, ya que el tema de los salarios mínimos es un tema dirigido fundamentalmente a las clases populares y, particularmente, a los más desprotegidos. Los priistas, en cambio (y más allá de que el actual presidente había hecho esa propuesta incluso desde antes de ser candidato) pretenden aprovechar la indignación popular que desataron los recientes escándalos de los legisladores federales.

La segunda intención de los dos partidos es intentar llevar más electores (que eventualmente simpaticen con sus candidatos) a las urnas, pues no hay que olvidar que son elecciones intermedias, que normalmente tienen un mayor abstencionismo que las presidenciales, y la izquierda podría tener una ventaja importante si el único tema de consulta (en la jornada electoral del primer domingo de junio de 2015) fuese el de la reforma energética, que evidentemente tiene más detractores entre los votantes de la izquierda. Es fundamentalmente una estrategia de mercadotecnia electoral.

Y una tercera intención es confundir al electorado, pues también por disposición de la legislación secundaria, independientemente del número de convocatorias, todas las preguntas se incluirán en una sola papeleta. Así, en caso de aprobarse, tres consultas (pues es obvio que las solicitudes del PRD y Morena, se fusionarían) las tres preguntas irían en una misma papeleta, en un orden no especificado en la legislación y, por lo tanto, incluso todavía sujeto a litigio.

Lo más lamentable es que los partidos políticos buscan que los ciudadanos se sumen a sus demandas, no ellos retomar las demandas ciudadanas; lo que sucede con las eventuales consultas populares es una muestra clara de la distorsión del papel de los partidos políticos en la política mexicana: En lugar de abanderar las demandas ciudadanas se dedican a intentar aprovecharlas para la consecución de sus intereses partidistas.