Una omisión de la reforma energética

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Terminó el proceso de aprobación de leyes secundarias para la reforma energética. Frente a una intensa propaganda gubernamental sobre los beneficios que tal reforma proporcionará a la nación, se alza el escepticismo comprensible de la ciudadanía. Por una parte, hay en ella omisiones e interrogantes que no encuentran respuesta; por la otra, se da un apresuramiento notable para ponerla en práctica, lo cual no deja tiempo para fortalecer, con conocimientos y capacidad de ejecución, las múltiples agencias reguladoras que se están creando.

Dentro de las interrogantes que no tienen respuesta se encuentra cuál es la vinculación entre el mayor peso que México busca en el panorama mundial de energía y la política exterior. Mucho se han mencionado “las mejores prácticas a nivel internacional” como un referente que ha inspirado la reforma energética y asegura sus beneficios. Pero nadie, al parecer, se ha preguntado sobre el papel de las cancillerías, u otras agencias del gobierno, en regular, orientar o determinar la relación con el exterior en materia de energía.

En Estados Unidos esa regulación es estricta. Ninguna compañía petrolera puede decidir libremente a quién exporta petróleo. Por su importancia estratégica, los hidrocarburos no son asuntos que se dejen totalmente en manos de las empresas privadas. El gobierno tiene sus objetivos prioritarios, relativos, entre otros aspectos, a la seguridad nacional.

En el Departamento de Estado existe una Subsecretaría para Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente, de la cual forma parte la Oficina de Asuntos Energéticos, uno de cuyos propósitos es manejar la geopolítica de la energía en los tiempos recientes mediante una diplomacia fortalecida con los principales importadores y consumidores.

En el caso de Brasil, durante la época del presidente Lula se estableció al interior del poderoso ministerio de relaciones exteriores conocido como Itamaraty una dirección especial para asuntos de energía, que ha cumplido su responsabilidad de lograr una buena coordinación con Petrobras. La posición de la cancillería y la empresa estatal no siempre marchaban por los mismos canales. Por lo tanto, era urgente coordinar los puntos de vista de ambas dependencias. Desde entonces, Petrobras participa activamente en diversas actividades de Itamaraty, incluyendo visitas de Estado al exterior y participación en delegaciones para asuntos multilaterales.

Más allá de la relación institucional entre la cancillería y las empresas petroleras, la importancia de los hidrocarburos en la economía obliga a pensar en la conveniencia de participar en instituciones significativas para la marcha de los mercados petroleros, como es la Agencia Internacional de Energía. Uno de sus propósitos es implementar medidas coordinadas de respuesta a emergencias, como la racionalización del uso de combustibles o limitación de la producción.

Sería un error valorar a esta institución únicamente como un freno eventual a la libertad para decidir sobre volúmenes de producción. La ventaja es que supone aceptar y desempeñar un papel en la gobernanza internacional en materia de energía. Objetivo que sería necesario para quien, como ocurre con el gobierno de Peña Nieto, se presenta como “actor con responsabilidad global”. Asimismo, permite convivir con el conocimiento y las preocupaciones que tienen otros Estados petroleros.

Desde la perspectiva de la congruencia entre política exterior y política energética, el punto central es el del medio ambiente. El año entrante es altamente probable que se logre un documento jurídicamente vinculante sobre cambio climático. México, líder en la política internacional sobre el tema, seguramente lo firmará. Estas y otras preocupaciones a nivel mundial indican que el avance hacia energías alternativas será prioritario en política internacional, a un ritmo más acelerado de lo que se prevé en la reforma energética mexicana, cuyo centro de gravedad son los hidrocarburos.

Finalmente, no se puede dejar de lado la reflexión sobre los recursos energéticos como instrumento de política exterior. Mucho puede contribuir a determinar el posicionamiento de México en las relaciones de poder internacionales el factor energía. Es una riqueza que puede apoyarnos en la diversificación de las relaciones exteriores del país, o integrarnos, aún con mayor firmeza, a la región de América del Norte. Puede ser un factor que contribuya a la mayor independencia de México en materia de ciencia y tecnología, o que nos someta más al saber de empresas extranjeras que sólo comparten parcialmente sus conocimientos. Puede ser un factor que promueva la formación de capital humano para ser líderes en el mundo del petróleo, o que nos deje como actores de segunda línea en búsqueda de inversiones.

Ahora bien, hasta ahora nadie ha volteado los ojos a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni se ha referido al aspecto político de la relación con el exterior en materia de energía; no se encuentra, en ninguno de los dictámenes que apoyaron las leyes secundarias, reflexión sobre el particular. Posiblemente ello indica que los únicos líderes de la nueva etapa del México petrolero serán “las fuerzas del mercado”. Frente a ellas, no existe proyecto para orientarlas y contrarrestar sus limitaciones. Desde esa perspectiva, las omisiones sobre la política exterior en la reforma energética son un motivo más para verla con escepticismo.