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Desde que fue anunciada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la reforma energética viene generando opiniones controvertidas, sobre todo porque la implantación de esa nueva política promueve una reforma constitucional y abre el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera. A pesar de las garantías de crecimiento económico y desarrollo para el país, la población del campo viene temiendo que, en realidad, sus tierras sean usurpadas y privatizadas.
Aprobada en diciembre de 2013, gracias a la alianza legislativa entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), la más reciente conquista del gobierno fue la aprobación de leyes secundarias que complementan la nueva norma para el sector energético.
El sitio web Chiapas Denuncia, medio de comunicación de organizaciones y movimientos sociales, denuncia que la reforma energética mexicana incluye la expropiación de tierras ‘ejidales’, que son propiedades rurales de uso colectivo de gran importancia para la vida agrícola del país. Las expropiaciones serían realizadas con la intención de dar espacio a las empresas que van a explotar petróleo y construir represas.
"La verdadera intención de estas reformas a la constitución política es despojar a las tierras ejidales, comunales, pequeños propietarios, del único patrimonio que tenemos como campesinos. La forma en que nos van a despojar: primero nos van a exigir que entremos a PROCEDE [Programa de Certificación de Direchos Ejidales y Titulación de Solares] o FANAR [Fondo de Apoyo para Nucleos Agrarios sin Regularizar], si no entramos no nos van a dar los programas de gobierno como Procampo, apoyos productivos, apoyos de beneficio social. Al aceptar el programa PROCEDE estás dando inicio a la privatización de las tierras, estarías cancelando los documentos que tienen los éjidos como la resolución presidencial, Carpeta Básica y el plan de deslinde de las tierras ejidales”, explican.
Con la adhesión a esos programas se facilitará el acceso al crédito en algunos bancos, como Azteca, Prendamex, entre otros, para los pequeños propietarios y familias campesinas, pero es necesario tener cuidado, pues el no pago de las cuotas de los préstamos podrá ocasionar, obviamente, el retiro de las tierras.
Otro temor es la invasión de empresas extranjeras. Chiapas Denuncia señala que Peña Nieto viene empeñándose en ofrecer a empresas de Estados Unidos, Europa y Asia los recursos naturales del país y la posibilidad de que ellas exploten regiones con oro, plata y uranio. Esta medida puede ser responsable de una intensa crisis alimentaria, además de producir falta de agua para la población del campo y de la ciudad.
Las organizaciones denuncian que la energía generada con la construcción de represas será exportada a América Central, Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, el precio de la energía para la población mexicana podrá subir cada vez más.
"El objetivo de los ataques es el despojo total. Quitar a los pueblos nuestros saberes, nuestras formas de construir una mirada, un sentido y un saber propio, nuestras formas de convivencia y, por supuesto, nuestros medios de subsistencia. Ello con el objetivo de convertirnos en individuos aislados, sin lazos sociales, sin arraigo a un territorio, a la tierra o a un barrio, dependientes al momento de alimentarnos y trabajar, para así dejarnos sin más alternativa que convertirnos en mano de obra barata y desechable”.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.co
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