El Estado no nos engaña
FRAGUA
El pasado 6 de
septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su
último informe sobre la investigación del brutal ataque del 26 de
septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el cual dio como
resultado 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos, seis
ejecutados extrajudicialmente y más de veinte heridos.
El informe
del GIEI confirma la falsedad de las supuestas investigaciones e
informes de la Procuraduría General de la República (PGR) ; con
esto se desmorona la versión según la cual los estudiantes normalistas
fueron confundidos con un grupo del narcotráfico y posteriormente fueron
quemados en el basurero de Cocula. El teatro mediático se cae una vez más.
Los miembros del GIEI mostraron que la supuesta “verdad histórica”
sobre el caso de Ayotzinapa no es más que otra de las tantas mentiras
históricas a las que recurre el Estado para deslindarse de su
responsabilidad en los crímenes que comete contra estudiantes,
periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales y el
pueblo en general.
En sus más de 500 páginas, el Informe de
Ayotzinapa señala las diversas inconsistencias, omisiones, deformaciones
y ocultamientos que sostuvo el entonces procurador Jesús Murillo Karam
en el informe que dio sobre el caso Ayotzinapa. El Informe describe la
participación, como observadores o perpetradores, de policías
municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías
federales, soldados del 27 batallón de infantería y militares del
servicio de inteligencia. Es decir, en los hechos del 26 de
septiembre del 2014 participaron de manera activa y coordinada todas las
estructuras policiacas y militares del Estado.
También el
Informe señala que hubo comunicación entre los diferentes cuerpos
policiacos y militares durante el ataque y que las transcripciones de
dicha comunicación se encuentran en archivos a los cuales el GIEI no ha
tenido acceso. Ante esto, el informe sostiene la necesidad de
entrevistar a los militares del 27 Batallón; sin embargo, el Estado ha
hecho caso omiso a la petición, dando respuesta negativa para que los
expertos no entrevisten a los militares. El GIEI refutó la tesis
principal del Estado, defendida como “verdad histórica” por Jesús
Murillo Karam, la cual sostenía que los 43 normalistas
detenidos-desaparecidos habían sido quemados en el basurero de Cocula
por sicarios del cártel de Guerreros Unidos y que no había quedado
rastro de los estudiantes ni posibilidad de encontrar sus restos.
José Torero, uno de los investigadores del GIEI y experto en ciencias
del fuego, aseguró que el evento que narró Murillo Karam no pasó, ya que
científicamente es imposible. Las conclusiones que ofrece parten
de un estudio científico que apela a ciertos hechos como, por ejemplo,
que para quemar un cuerpo a la intemperie se necesitarían 700 kilos de
madera o 310 kilos de llantas a lo largo de 12 horas, por lo que para
incinerar 43 cuerpos requerirían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300
llantas durante un tiempo de 60 horas. El informe de la PGR señala que
el fuego en el basurero de Cocula sólo duró seis horas.
Otro
dato que mencionó Torero es que el fuego hubiera generado una columna de
humo de 280 metros, lo que significa que los habitantes de Cocula se
hubieran percatado, lo cual no sucedió. El informe del GIEI menciona
éstas y más contradicciones, irregularidades y omisiones de la versión
oficial del Estado sobre la masacre de Iguala, por lo que sostenemos
nuevamente que la “investigación” de la PGR ofende a las familias de los
normalistas y la inteligencia del pueblo.
La investigación
del GIEI evidencia una vez más las mentiras que sostiene el Estado para
ocultar su responsabilidad directa en los hechos de Iguala. Como
podemos observar y recordar, casi todas las contradicciones que encontró
el GIEI durante su investigación ya habían sido señaladas por diversos
reporteros, investigadores, organizaciones sociales y algunos de los
normalistas sobrevivientes. Ante este escenario, es pertinente recordar
que el objetivo de la desaparición forzada es paralizar al pueblo,
organizado o no, para que no proteste contra el despojo y la explotación
capitalista que, por medio de reformas neoliberales, se ha venido
profundizando en nuestro país.
Sin embargo, lo que el GIEI
no se “anima” a decir y no dirá, dado que la delimitación de sus
funciones y los intereses a los que sirve no se lo permiten, es que la
masacre de Iguala es a todas luces un crimen de Estado, crimen cometido
para aterrorizar, cuyas víctimas son ejemplo de organización y lucha
contra las medidas neoliberales. No es que los estudiantes tuvieran
“mala suerte” al agarrar el “camión equivocado” y si no lo hubieran
hecho nada hubiera pasado; no, que nadie se confunda. El Estado mexicano
es un Estado burgués (de eso no debe cabernos la menor duda) que ejerce
la violencia contra las clases explotadas y desposeídas para imponer la
voluntad de la clase burguesa sin importar el dolor y la sangre que
derrame en el pueblo. Quienes esto escribimos rechazamos toda la
demagogia del Estado y de los medios de comunicación, los cuales se
esfuerzan por deformar la verdad de los hechos. Nosotros seguiremos impulsando la organización popular para enfrentar el terrorismo de Estado.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 11 de FRAGUA,
órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación
Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.
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