Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Foto: Miguel Dimayuga
El único momento en el cual el espejismo de que el México autoritario
quedaba atrás fue al comenzar el gobierno de Vicente Fox, precisamente
cuando se vivía la euforia de su victoria electoral el domingo 2 de
julio de 2000.
Sin embargo, la ilusión no se sostiene; diversos hechos incontrovertibles desnudan la realidad.
Apenas se celebraba el segundo aniversario del arribo al poder de un
presidente electo democráticamente en las urnas cuando, el 27 de
diciembre de 2002, Ricardo Salinas Pliego y sus huestes de TV Azteca se
apoderaron violentamente de las instalaciones de Canal 40, en el cerro
del Chiquihuite, con la complacencia y connivencia del gobierno federal,
dando pie a la célebre respuesta presidencial: “¿Y yo por qué?”, al ser
interrogado por un periodista sobre su inacción ante los hechos.
En su sexenio 28 periodistas fueron asesinados; el gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó a un sindicato a modo para silenciar al
periódico Noticias de dicha entidad, que le resultaba incómodo; acordó
en secreto con Televisa los términos del llamado decretazo del 10 de
octubre de 2002, para beneficiar a las televisoras y radiodifusoras
disminuyendo los tiempos fiscales; y su esposa, Marta Sahagún, entabló
demandas civiles contra Proceso y la periodista Olga Wornat, por daño
moral.
Pero esto sería apenas una muestra de lo que acontecería a finales
del sexenio. El 16 de diciembre de 2005 la periodista Lydia Cacho fue
ilegalmente detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla para
enfrentar la acusación por calumnias que había interpuesto el empresario
Kamel Nacif. El 14 de febrero de 2006 se darían a conocer las
grabaciones de una conversación ente el empresario y el gobernador
poblano, Mario Marín, que daba cuenta del abuso de poder del llamado, a
partir de ese momento, “Góber precioso”.
El 19 de abril de 2006 la Policía Federal arremete contra los
huelguistas de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, con un saldo
de dos muertos y 40 lesionados. En mayo de ese mismo año, el entonces
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordena el uso de la
fuerza pública contra los floristas de San Salvador Atenco, con saldo
de dos muertos y la violación de al menos 26 de las mujeres detenidas
durante el operativo policiaco.
Y faltaba la despedida, el 27 de octubre de ese mismo 2006, cuando
las fuerzas federales desalojaron a los integrantes de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca del Zócalo de la capital de ese estado,
con saldo de cuatro muertos. Estas son sólo unas perlas (seguramente
habrá algunas más que quedaron fuera de este recuento) que muestran que
incluso en el sexenio de la esperanza democrática, el México autoritario
estuvo muy presente.
La revista sería insuficiente para hacer el recuento de los abusos
durante el sexenio de Felipe Calderón y los primeros 40 meses del
gobierno de Peña Nieto, pues como bien señaló Javier Sicilia en el
aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “Si la
administración de Felipe Calderón se caracterizó por exaltar la
violencia y construir un Estado de excepción, criminalizando a las
víctimas y reduciéndolas a un ‘se están matando entre ellos’ o a ‘bajas
colaterales’ que no le importan al Estado, la de Enrique Peña Nieto y
del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se caracteriza
por gobiernos que niegan la violencia y la tragedia humanitaria del
país, que entierran a las víctimas en el silencio y que asesinan,
criminalizan y persiguen a todas las organizaciones y personas que han
tomado el camino de la verdad y la justicia”.
Para no dejar lugar a dudas de la veracidad de las denuncias de
Álvarez Icaza y de Sicilia, se suceden los acontecimientos que los
respaldan: Osorio Chong anuncia que el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes se irá del país este mes, cuando concluya su
segunda estancia de medio año, sin importar el estado que guarden las
investigaciones respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos
en Iguala; la justicia militar exonera (pues no puede considerarse que
la condena de un año que le impuso a uno de ellos fue por motivo de la
masacre que perpetraron) a los siete soldados incriminados por la
ejecución de 22 personas en Tlatlaya.
Y, como cereza en el pastel, el Congreso del Estado de México aprueba
una legislación para permitir el uso de la fuerza pública, incluyendo
armas de fuego, cuando consideren ilegal alguna manifestación o
protesta; es decir para recrudecer la criminalización de las protestas
sociales.
Siga o no adelante la integración de la averiguación previa contra
Álvarez Icaza y aunque su resultado sea el no ejercicio de la acción
penal, el México autoritario está más vigoroso que antes y sigue
reforzándose.
Sin embargo, además de este reforzamiento del autoritarismo hay dos
elementos que sí marcan diferencias con el histórico: el debilitamiento
del control que ejercían sobre los medios de comunicación masiva y el
cinismo de la actual clase política mexicana.
En la era de la globalización y las tecnologías de la comunicación es
imposible ocultar la información; hoy los políticos, por más plumas y
micrófonos que compren, no pueden evitar que se difundan las evidencias
de sus abusos; y ante la imposibilidad de ocultarlos, la respuesta es el
cinismo, la descalificación, la agresión y el intento de
amedrentamiento.
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