Pretende acallar reclamo de justicia por agresiones a mujeres
Como un castigo por adelantado, ahora la policía mexiquense podrá legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas eléctricas contra las personas que atenten contra el orden y la seguridad aunque, a decir de activistas, estos mecanismos se utilizarán contras los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el cual se pretende esté concluido en 2020.
Aunque México está en la mira de organismos internacionales por la tortura sexual ejercida por cuerpos de seguridad en el Edomex en 2006, la iniciativa, bautizada como “Ley Atenco” pero renombrada por las comunidades mexiquenses como “Ley Eruviel” –porque fue el gobernador quien la propuso y la avaló–, fue aprobada por el Congreso local el pasado 17 de marzo y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado de México.
Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez –Doña Trini–, líderes del FPDT que en 2001 y luego en 2006 impidieron la expropiación de sus tierras para la construcción de un aeropuerto, aseguraron que esta ley lleva implícita una dedicatoria de Enrique Peña Nieto (gobernador mexiquense de 2005 a 2011) hacia los pobladores de Atenco, que desde hace 16 años se defienden ante los abusos del poder.
Desde 2001 el FPDT lideró la resistencia cuando en octubre de 200l el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto, y publicó un decreto expropiatorio de la tierra ejidal en San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.
Tras el anuncio y la pretensión del gobierno federal de pagar 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra a los ejidatarios, comenzaron las manifestaciones campesinas.
El proyecto del aeropuerto resurgió en la gestión de Peña Nieto y según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 2015 ya se habían concluido los análisis ambientales, hidrológicos y de espacio aéreo, por lo que este año ya se trabaja en el campamento de obras, pero se planea que para 2020 opere el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Del Valle, el líder detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 años de prisión por los delitos de secuestro, secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, por participar en las protestas de Atenco, dijo en entrevista que con esta ley se pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse, y que incluso es un paso para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto.
AJUSTE DE CUENTAS
Las cuentas entre Peña y los líderes del FPDT están pendientes y por eso Del Valle consideró que no es de sorprender que se expida una ley para reprimirlos, pues las autoridades estatales y federales han utilizado muchos medios para engañar a la población sobre el proyecto aeroportuario, acallar su exigencia de justicia, y con ello quebrar el movimiento de resistencia.
El líder recordó que los comuneros que en 2001 se organizaron para defender su territorio con protestas y acciones legales echaron para atrás el proyecto, y en agosto de 2002 Fox abrogó el decreto expropiatorio.
Cuatro años después del triunfo del FPDT, agrupación que cobró renombre a nivel nacional e internacional, hubo un intento por acabar con esta organización que mostró ser exitosa pues, a decir de activistas, el gobierno estatal provocó a los ejidatarios porque impidió que los floricultores de Texcoco se plantaran afuera del mercado Belisario Domínguez para vender sus productos.
El 2 de mayo de 2006 los ejidatarios de Atenco acordaron con las autoridades municipales y estatales que se permitiría la venta de los floricultores; sin embargo el 3 de mayo la policía los desalojó por la fuerza, hecho que provocó la indignación y bloqueos carreteros por parte de comuneros, y desembocó en los operativos policiacos del día siguiente, que culminaron en una represión que hoy sería avalada por la ley.
Doña Trini sostuvo que la ley recién aprobada legaliza la represión ordenada por el ex gobernador Peña Nieto y por los políticos mexiquenses del llamado Grupo Atlacomulco; además alertó que con esta acción las mujeres y los hombres que participen, o que siquiera se acerquen a cualquier movilización, estarán en más riesgo de ser víctimas de agresiones policiacas como en 2006.
En aquella ocasión en Atenco y Texcoco, los tres niveles de gobierno coordinaron los operativos y el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, ordenó la intervención de tres mil policías municipales, estatales y federales para reestablecer el orden ante las manifestaciones. Según grupos de Derechos Humanos, hubo una proporción de 10 policías por cada ciudadano.
Los testimonios sobre abusos policiacos, amenazas de asesinato y desaparición, golpes, detenciones arbitraras, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres, llegaron hasta el Parlamento Europeo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), entre otras instancias internacionales.
Hubo más de 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, y 27 de éstas fueron agredidas sexualmente. Once de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que analiza el caso para determinar si las víctimas y el Estado mexicano llegan a una solución amistosa, o si pasa ante la Corte Interamericana para que emita una condena.
Al respecto, Martha Pérez Pineda, también integrante del FPDT, dijo que la “Ley Eruviel” es un intento para borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la CIDH, pero también es una norma que legalizará las futuras represiones policiacas contra las personas que se organicen y levanten la voz por la defensa de la tierra, el agua y la vida.
Aunque la ley diga que el uso de la fuerza se hará en el marco del respeto la dignidad humana, la activista advirtió que podría servir también para justificar la tortura sexual pues, sin esta ley, en 2006 se dijo que el “abuso sexual” no era un delito grave y ahora habrá más elementos para desacreditar las posibles denuncias de las víctimas.
VIOLACIONES NO SE OLVIDAN
Las 11 sobrevivientes de Atenco acudieron a organismos internacionales para evidenciar al Estado mexicano por permitir la represión y no garantizarles justicia, al violentar su derecho a la integridad, libertad, garantías judiciales y protección a la honra y dignidad.
En los operativos de hace una década los policías utilizaron toletes, bombas de gas lacrimógeno y petardos, ahora con la “Ley Eruviel” a la policía se le dotará de armas de fuego, cartuchos, esposas, candados de pulgares, cinturones plásticos e instrumentos incapacitantes y de control, como aerosoles irritantes y dispositivos para descargas eléctricas, un equipamiento que se podrá usar incluso para intervenir “asambleas ilegales”.
Es por ello que las comunidades alertaron que si esa vez las diversas violaciones a Derechos Humanos (DH) quedaron en la impunidad, ahora será peor.
Por las denuncias de violación sexual en Atenco, en un primer momento se detuvo a 21 policías acusados de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero después fueron liberados y ya en 2012 la Procuraduría General de Justicia del DF anunció la detención de tres policías, sin embargo ninguno fue consignado por tortura o violación sexual.
En 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las 11 víctimas, informó que, de los casi tres mil policías municipales, estatales y federales que participaron, había 28 acusados de tortura por omisión, es decir, de no evitar las agresiones contra las mujeres, 12 de ellos están encarcelados y 16 tenían órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
Este actuar de las autoridades se podría reforzar con la “Ley Eruviel”, ya que según su artículo 47, quienes ejerzan labores de seguridad privada también deben acatar esta ley; además el artículo 51 señala que no se sancionará a quienes no ejerzan la ley, pero en el artículo 53 dice que a los funcionarios que no hagan uso de la fuerza pública se les iniciará una investigación interna por responsabilidades administrativas, civiles o penales.
MÁS REPRESIÓN
Por su parte, Berenice Sánchez, indígena de San Francisco Magú, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, y defensora del agua, relató que ya desde 2015 los policías estatales intervinieron reuniones donde la población elegía a sus autoridades comunales.
Por eso advirtió que si se permite esta ley, no pasará mucho tiempo para que otros estados aprueben normas similares para reprimir la protesta social, pero estas legislaciones contrarias a los DH no son nuevas en México.
A decir del investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Moguel, ya hay otras legislaciones similares como la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo; la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza en Chiapas; y la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en Puebla, conocida como “Ley Bala”.
De acuerdo con el informe “Control del Espacio Público 3.0”, realizado por el Frente para la Libertad de Expresión y la Protesta Social, en San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz y Oaxaca hay proyectos de ley para regular las manifestaciones, y con ello dar facultades a los cuerpos de seguridad para cometer atropellos.
Moguel señaló que en este momento es necesaria la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o del organismo defensor en el Edomex, para que escuchen la postura de los grupos civiles y hagan uso de su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Para hacer frente a esta ley, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, no descarta ir ante los juzgados de Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca para interponer amparos por una ley que atenta contra el derecho a la libertad, la manifestación y la libre expresión.
Hasta ahora, según el defensor, hay cuatro formas de detener la ley: la primera es que Eruviel Ávila la vete; la otra es que no publique su reglamento y por tanto no se aplique; la tercera es que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad, o que la ciudadanía acuda a los juzgados a interponer amparos, a fin de que se analice si la ley viola DH y por tanto que no se aplique.
Con dedicatoria al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el
gobierno del Estado de México aprobó una ley que faculta a la Policía
Estatal para reprimir las protestas sociales que en el futuro traten de
impedir, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto en el
municipio de Texcoco, tal y como sucedió hace 10 años.
Como un castigo por adelantado, ahora la policía mexiquense podrá legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas eléctricas contra las personas que atenten contra el orden y la seguridad aunque, a decir de activistas, estos mecanismos se utilizarán contras los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el cual se pretende esté concluido en 2020.
Aunque México está en la mira de organismos internacionales por la tortura sexual ejercida por cuerpos de seguridad en el Edomex en 2006, la iniciativa, bautizada como “Ley Atenco” pero renombrada por las comunidades mexiquenses como “Ley Eruviel” –porque fue el gobernador quien la propuso y la avaló–, fue aprobada por el Congreso local el pasado 17 de marzo y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado de México.
Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez –Doña Trini–, líderes del FPDT que en 2001 y luego en 2006 impidieron la expropiación de sus tierras para la construcción de un aeropuerto, aseguraron que esta ley lleva implícita una dedicatoria de Enrique Peña Nieto (gobernador mexiquense de 2005 a 2011) hacia los pobladores de Atenco, que desde hace 16 años se defienden ante los abusos del poder.
Desde 2001 el FPDT lideró la resistencia cuando en octubre de 200l el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto, y publicó un decreto expropiatorio de la tierra ejidal en San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.
Tras el anuncio y la pretensión del gobierno federal de pagar 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra a los ejidatarios, comenzaron las manifestaciones campesinas.
El proyecto del aeropuerto resurgió en la gestión de Peña Nieto y según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 2015 ya se habían concluido los análisis ambientales, hidrológicos y de espacio aéreo, por lo que este año ya se trabaja en el campamento de obras, pero se planea que para 2020 opere el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Del Valle, el líder detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 años de prisión por los delitos de secuestro, secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, por participar en las protestas de Atenco, dijo en entrevista que con esta ley se pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse, y que incluso es un paso para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto.
AJUSTE DE CUENTAS
Las cuentas entre Peña y los líderes del FPDT están pendientes y por eso Del Valle consideró que no es de sorprender que se expida una ley para reprimirlos, pues las autoridades estatales y federales han utilizado muchos medios para engañar a la población sobre el proyecto aeroportuario, acallar su exigencia de justicia, y con ello quebrar el movimiento de resistencia.
El líder recordó que los comuneros que en 2001 se organizaron para defender su territorio con protestas y acciones legales echaron para atrás el proyecto, y en agosto de 2002 Fox abrogó el decreto expropiatorio.
Cuatro años después del triunfo del FPDT, agrupación que cobró renombre a nivel nacional e internacional, hubo un intento por acabar con esta organización que mostró ser exitosa pues, a decir de activistas, el gobierno estatal provocó a los ejidatarios porque impidió que los floricultores de Texcoco se plantaran afuera del mercado Belisario Domínguez para vender sus productos.
El 2 de mayo de 2006 los ejidatarios de Atenco acordaron con las autoridades municipales y estatales que se permitiría la venta de los floricultores; sin embargo el 3 de mayo la policía los desalojó por la fuerza, hecho que provocó la indignación y bloqueos carreteros por parte de comuneros, y desembocó en los operativos policiacos del día siguiente, que culminaron en una represión que hoy sería avalada por la ley.
Doña Trini sostuvo que la ley recién aprobada legaliza la represión ordenada por el ex gobernador Peña Nieto y por los políticos mexiquenses del llamado Grupo Atlacomulco; además alertó que con esta acción las mujeres y los hombres que participen, o que siquiera se acerquen a cualquier movilización, estarán en más riesgo de ser víctimas de agresiones policiacas como en 2006.
En aquella ocasión en Atenco y Texcoco, los tres niveles de gobierno coordinaron los operativos y el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, ordenó la intervención de tres mil policías municipales, estatales y federales para reestablecer el orden ante las manifestaciones. Según grupos de Derechos Humanos, hubo una proporción de 10 policías por cada ciudadano.
Los testimonios sobre abusos policiacos, amenazas de asesinato y desaparición, golpes, detenciones arbitraras, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres, llegaron hasta el Parlamento Europeo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), entre otras instancias internacionales.
Hubo más de 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, y 27 de éstas fueron agredidas sexualmente. Once de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que analiza el caso para determinar si las víctimas y el Estado mexicano llegan a una solución amistosa, o si pasa ante la Corte Interamericana para que emita una condena.
Al respecto, Martha Pérez Pineda, también integrante del FPDT, dijo que la “Ley Eruviel” es un intento para borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la CIDH, pero también es una norma que legalizará las futuras represiones policiacas contra las personas que se organicen y levanten la voz por la defensa de la tierra, el agua y la vida.
Aunque la ley diga que el uso de la fuerza se hará en el marco del respeto la dignidad humana, la activista advirtió que podría servir también para justificar la tortura sexual pues, sin esta ley, en 2006 se dijo que el “abuso sexual” no era un delito grave y ahora habrá más elementos para desacreditar las posibles denuncias de las víctimas.
VIOLACIONES NO SE OLVIDAN
Las 11 sobrevivientes de Atenco acudieron a organismos internacionales para evidenciar al Estado mexicano por permitir la represión y no garantizarles justicia, al violentar su derecho a la integridad, libertad, garantías judiciales y protección a la honra y dignidad.
En los operativos de hace una década los policías utilizaron toletes, bombas de gas lacrimógeno y petardos, ahora con la “Ley Eruviel” a la policía se le dotará de armas de fuego, cartuchos, esposas, candados de pulgares, cinturones plásticos e instrumentos incapacitantes y de control, como aerosoles irritantes y dispositivos para descargas eléctricas, un equipamiento que se podrá usar incluso para intervenir “asambleas ilegales”.
Es por ello que las comunidades alertaron que si esa vez las diversas violaciones a Derechos Humanos (DH) quedaron en la impunidad, ahora será peor.
Por las denuncias de violación sexual en Atenco, en un primer momento se detuvo a 21 policías acusados de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero después fueron liberados y ya en 2012 la Procuraduría General de Justicia del DF anunció la detención de tres policías, sin embargo ninguno fue consignado por tortura o violación sexual.
En 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las 11 víctimas, informó que, de los casi tres mil policías municipales, estatales y federales que participaron, había 28 acusados de tortura por omisión, es decir, de no evitar las agresiones contra las mujeres, 12 de ellos están encarcelados y 16 tenían órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
Este actuar de las autoridades se podría reforzar con la “Ley Eruviel”, ya que según su artículo 47, quienes ejerzan labores de seguridad privada también deben acatar esta ley; además el artículo 51 señala que no se sancionará a quienes no ejerzan la ley, pero en el artículo 53 dice que a los funcionarios que no hagan uso de la fuerza pública se les iniciará una investigación interna por responsabilidades administrativas, civiles o penales.
MÁS REPRESIÓN
Por su parte, Berenice Sánchez, indígena de San Francisco Magú, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, y defensora del agua, relató que ya desde 2015 los policías estatales intervinieron reuniones donde la población elegía a sus autoridades comunales.
Por eso advirtió que si se permite esta ley, no pasará mucho tiempo para que otros estados aprueben normas similares para reprimir la protesta social, pero estas legislaciones contrarias a los DH no son nuevas en México.
A decir del investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Moguel, ya hay otras legislaciones similares como la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo; la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza en Chiapas; y la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en Puebla, conocida como “Ley Bala”.
De acuerdo con el informe “Control del Espacio Público 3.0”, realizado por el Frente para la Libertad de Expresión y la Protesta Social, en San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz y Oaxaca hay proyectos de ley para regular las manifestaciones, y con ello dar facultades a los cuerpos de seguridad para cometer atropellos.
Moguel señaló que en este momento es necesaria la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o del organismo defensor en el Edomex, para que escuchen la postura de los grupos civiles y hagan uso de su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Para hacer frente a esta ley, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, no descarta ir ante los juzgados de Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca para interponer amparos por una ley que atenta contra el derecho a la libertad, la manifestación y la libre expresión.
Hasta ahora, según el defensor, hay cuatro formas de detener la ley: la primera es que Eruviel Ávila la vete; la otra es que no publique su reglamento y por tanto no se aplique; la tercera es que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad, o que la ciudadanía acuda a los juzgados a interponer amparos, a fin de que se analice si la ley viola DH y por tanto que no se aplique.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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