Alegatos
por Miguel Pulido
Los llamados Panama Papers
han venido a confirmar las peores sospechas sobre el sistema financiero
global. Obvio, el escándalo tiene sus propias implicaciones de acuerdo a
la realidad nacional.
Por lo pronto es evidente un nuevo conflicto de interés en el entorno
más cercano del Presidente Enrique Peña Nieto, el abuso en el que han
incurrido ciertos empresarios y la cobertura parcial o hasta el
involucramiento de Televisa y TV Azteca, las principales televisoras del
país.
Pero estos casos de uso de paraísos fiscales y empresas fantasma
tienen por contexto problemas estructurales que vale la pena revisar.
Aquí 3 de ellos.
1.- Un discurso que normaliza los delitos de cuello blanco.
Aclaremos algo: cuando hablamos de paraísos fiscales no estamos
hablando de una modalidad sofisticada del hábito de esconder el dinero
debajo del colchón.
De las prácticas -a veces en la frontera, a veces de plano en lo
ilegal- de Mossack-Fonseca hay reportes periodísticos desde hace más de 5
años. En 2012, The Economist los llamó: boca-cerradas y no cooperantes
con los gobiernos. También hay artículos de Bloomberg e incluso Reuters.
En 2014, la revista Vice fue más lejos y publicó un artículo que
tituló: la firma legal que trabaja para oligarcas, lavadores de dinero y
dictadores.
Mossack-Fonseca ha sido sujeto de múltiples investigaciones
criminales. En el caso de HSBC de lavado de dinero a cárteles de la
droga en México aparecían referidos una y otra vez. El 26 de enero,
empleados suyos fueron detenidos en Brasil acusados de lavado de dinero
en el escándalo de Petrobras.
Por eso son famosos: porque a pesar de servir a criminales comprobados, nunca dejan rastro de la ruta del dinero.
En días recientes, Vicente Fox salió a decir que no hay nada de
ilegal en usar un paraíso fiscal. Así empezaron con los casos de Jorge
Lankenau, Ángel Isidoro Rodríguez (a) el Divino o Carlos Cabal Peniche y
en esa tendencia, hace tres años devolvimos a Raúl Salinas millones de
los que nunca pudo probar su origen lícito.
Pronto escucharemos que invertir en paraísos fiscales es un acto
financiero casi tan inocente como comprar una tele a plazos sin
intereses.
No es así.
¿Por qué escoger como asesor legal a alguien cuya reputación es
impedir el rastreo del dinero, si no lo quiere esconder? ¿Por qué
metería Usted su dinero, si es limpio, a un sistema que lo hará cómplice
anónimo e involuntario de las peores atrocidades criminales?
2..- La debilidad para lidiar con los llamados grandes contribuyentes.
Cuando se trata de hacer que empresas y personas millonarias paguen impuestos, el SAT adolece incompetencia crónica.
El tema de los paraísos fiscales se inscribe en un campo más amplio
de la economía política. Los sistemas tributarios en general están
siendo notoriamente rebasados por las presiones políticas, las
estrategias legales o lo artilugios financieros de grandes intereses
económicos.
Por eso no puede obviarse la forma en que el SAT trata a los llamados
“grandes contribuyentes”. La evidencia muestra que muchas de las
grandes empresas son tratadas privilegiadamente (fuera de norma) por el
SAT.
Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación reportó en la
revisión de la Cuenta Pública de 2013 (primer año de gobierno de Peña
Nieto) que el SAT condonó indebidamente 1,120 millones de pesos a cinco
contribuyentes. Y sigue flotando en la memoria la condonación de más de
3,000 millones de pesos a Televisa.
Tenemos un sistema fiscal injusto con uso de paraísos fiscales y
tratos de privilegio. Expresiones de un mismo problema: debilidad
tributaria frente a los poderosos económicamente.
3.- Incapacidad institucional para combatir los flujos financieros ilícitos
Un estudio de Global Financial Integrity, una institución con sede en
Washington, señala que México ocupa el tercer sitio dentro de las
primeras 20 economías emergentes en exportar flujos de capitales
ilícitos, sólo después de China y Rusia.
Sólo en 2013 hubo fugas ilegales por 1.1 billones de dólares,
principalmente a paraísos fiscales como Suiza, las Islas Vírgenes
Británicas. Es dinero que se generó en nuestra economía, pero que
aprovecha las grietas y tuberías para irse sin dejar los impuestos que
corresponden.
¿Qué ha hecho el gobierno frente a tal situación?
Realmente poco, por no decir nada. De hecho, en general la capacidad
del gobierno mexicano para pelear contra los defraudadores fiscales es
mínima. En total, en 2 años, la Procuraduría Fiscal de la Federación
consiguió 454 consignaciones, obtuvo 88 sentencias condenatorias y la
recuperación de poco más de 78 millones de pesos.
¿Sólo 78 millones del total de miles que se defraudan y de los 18,000 que salen ilegalmente?
En un detallado artículo publicado en Horizontal, Jorge Romero
explica contundentemente el intríngulis en el que están los señalados
por los Panama Papers. La evidencia está a flote para hablar desde
evasión hasta la operación con recursos de procedencia ilícita.
Aunque sobre esto último pueden estar menos preocupados, pues la
incompetencia para actuar es mayor. En el tercer informe de gobierno,
Enrique Peña Nieto presume que la reforma financiera permitió que se
bloquearan 407 millones de pesos y 5 millones de dólares de dudosa
procedencia, y que se logró el aseguramiento de 260 millones de pesos y
115 mil dólares.
Para poner la cifra en perspectiva, los dólares bloqueados y
asegurados (con inteligencia financiera) por el gobierno son una
diezmilésima parte (el .012%) de los ingresos de los cárteles (estimados
en 40 billones de dólares). Ni hablar del resto de operaciones con
recursos de procedencia ilícita que hay en el país.
Sin duda, esos resultados no sólo son magros, son una confesión de incompetencia
4.- La inteligencia financiera es tan poca que alcanza apenas para los enemigos políticos
¿Dónde quedó ese aparato de inteligencia financiera que reveló las
triangulaciones y operaciones sospechosas e inusuales de Elba Esther
Gordillo? ¿Dónde el que iniciara investigaciones contra Marcelo Ebrard?
¿Sólo un caso firme y uno filtrado a la prensa en tres años?
Es obvio, más allá de este par de casos con obvias implicaciones
políticas, la capacidad institucional para investigar es ridícula.
Por eso, las revelaciones de los Panama Papers deben leerse a la luz del contexto económico, político y social que vivimos.
Ahí están, claramente, las claves de la impunidad. Una que funciona
de manera sistemática cuando los que delinquen, abusan o evaden son
millonarios o políticos. Y una impunidad que es prácticamente segura, si
son ambas cosas.
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