Eduardo Ibarra Aguirre
Los
avances logrados por México a partir de considerar el respeto a las
garantías individuales como una política de Estado son seis, si nos
atenemos al juicio del titular del Ejecutivo federal. A saber:
Ampliación del reconocimiento constitucional a derechos fundamentales –como el de recibir una educación de calidad o el acceso a las tecnologías de la información–,
consolidación de una política de seguridad con mejores estándares en
materia de protección a las garantías ciudadanas, la incorporación del
enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas, el
fortalecimiento de las capacidades para salvaguardar derechos y apoyar a
los grupos vulnerables, el avance en la aplicación del nuevo sistema de
justicia penal y el impulso a nuevas leyes para combatir “con mayor
eficacia” la desaparición forzada y la tortura.
Si
lo anterior se observa con cuidado, los logros son nuevas leyes para
que se respeten las ya existentes en un país donde violar la legislación
es el “deporte” más practicado por gobernantes y gobernados, sobre todo
por los poderes fácticos cuya simple existencia es la negación de la
ley de leyes. También son enfoques e instituciones en proceso de diseño y
construcción cuando avanza el antepenúltimo año del gobierno que jura y
perjura mover a México.
El único dato duro
que pudo incluir en su discurso Enrique Peña Nieto para responder al
segundo informe de labores de Luis Raúl González al frente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que la recomendaciones a
las fuerzas y autoridades federales de seguridad disminuyeron de 31 en
2012 a ocho en 2015. ¡Excelente! Sólo que no es pertinente olvidar que
en tierras aztecas se denuncian tres de cada 100 presuntos ilícitos
cometidos. ¡El reino de la impunidad!
Hasta
se dio el lujo el presidente de aclarar que falta “camino por recorrer
para lograr “la absoluta observancia” del respeto al derecho
humanitario. Muchísimo camino falta para lograr la “mediana
observancia”. En particular se refirió al combate a la desaparición
forzada y la tortura, cuando varios de sus empleados criticaron hasta
la descalificación al relator Juan E. Méndez por estimar que en México
la tortura es generalizada y recientemente le negaron el derecho a
visitar el país, pero la oportuna protesta de los organismos civiles
independientes, no los subordinados, obligaron al gobierno a recular.
Suena
pertinente la convocatoria presidencial para que gobierno y sociedad
pujen más y mejor “para lograr un cambio cultural generalizado en favor
de la no discriminación, la inclusión, la legalidad, la tolerancia y el
respeto”. La enorme fuerza del ejemplo oficial sería un estímulo
formidable si no repite la ilegalidad y la intolerancia, como sucedió en
San Salvador Atenco y en Tlatlaya, estado de México, cuando el mismo
Grupo Atlacomulco gobernaba y aún dirige la entidad en alianza con
Eruviel Ávila.
También
si el respeto se practica para los acuerdos suscritos con el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues como dijo González
Pérez: “La verdad del caso Iguala es una. No puede construirse o
negociarse y debe ser la ciencia la que guíe la investigación en sus
aspectos técnicos más complejos y controvertidos” (5-IV-16).
Y
no, agrego yo, mediante campañas difamatorias, albazos y maniobras
políticas como la divulgada sobre el basurero de Cocula por la
Procuraduría General de la República, tanto que oxigena la impugnada
“verdad histórica” del “maestro” Jesús Murillo, misma que el GIEI
desmonta en forma gradual. Justo por ello Enrique Peña los mandará a sus
casas el 30 de abril.
Acuse de recibo
La
venta de automóviles aumentó en marzo de 2016 en 11.40 por ciento en el
mercado nacional respecto a marzo de 2015, lo que significa 116,863
unidades, pero sin respetar la norma de la OCDE para que la tecnología
utilizada permita 18
kilómetros de recorrido por litro, y Peña autorizó a las trasnacionales
13-14 Km. por litro. Pemex también metió las manos para vender más
gasolina. “¿Resultados? Los tenemos a la vista”, pregunta y responde el
doctor Américo Saldívar… María
Amparo Casar justificó en el noticiario Enfoque (7-IV-16) la ofensiva
política disfrazada de jurídica para desaforar a Andrés Manuel López
Obrador, operación en la que jugó un destacado papel la ahora
exitosísima analista que se dice independiente, pero en 2006-08
defendió y promovió la candidatura presidencial del dipsómano Felipe
Calderón… De la reportera Nidia Sánchez Hernández: “Extiendo una
invitación para que nos sintonicen por el 92.9 FM en el estado de
Veracruz y a través de internet por el link Familiaysociedad.caster.fm (.) Familia y sociedad sin violencia
es un programa de radio que se transmite los viernes en punto de las 4
pm” desde Xalapa. Los procesos de sanación, pancreatitis, derechos de
los consumidores, vivir en plenitud e inclusión social serán los temas.
“Síguenos en Facebook a través de: Familia y sociedad sin violencia”.
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