A pesar de lo que mandatan la legislación nacional y los acuerdos
internacionales en migración, en México menos de 1 por ciento de niñas,
niños y adolescentes que son detenidos por autoridades migratorias son
reconocidos como refugiados o reciben otro tipo de protección, reveló
Human Rights Watch (HRW).
En el informe “Puertas cerradas. El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central”, HRW señaló que el gobierno mexicano dificulta el acceso a refugio para las y los niños migrantes, además de que propicia su detención en estaciones migratorias, en lugar de procurarles cobijo adecuado, lo que contraviene el principio de interés superior de la niñez, establecido en leyes nacionales y en diversos tratados internacionales.
Además, HRW sugirió, como han acusado aquí grupos civiles, que Estados Unidos “apoyó” económicamente a México para que detuviera el cruce de niñas y niños migrantes, lo que propició que en 2015 más de 35 mil personas menores de edad fueran detenidas en los centros migratorios del país.
NIÑAS HUYEN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
La organización internacional recordó que en los países del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), la violencia de pandillas (“maras”) persigue desde hace más de 10 años a niñas, niños y adolescentes, quienes se ven orilladas a viajar a México en busca de seguridad.
En Honduras, más de 400 personas menores de 18 años murieron en la primera mitad de 2014, la mayoría víctimas de la violencia pandillera, quienes las presionan incluso para que se unan a las “maras” bajo amenazas de daño físico, muerte o contra su familia.
Las niñas y mujeres adolescentes afrontan en mayor medida la violencia sexual y el acoso por parte de miembros de las pandillas, explicó HRW.
El organismo constató con testimonios que las personas menores de edad salieron de sus países hacia México por razones de seguridad, luego de que fueran presionadas para unirse a la “maras”, amenazadas con violencia sexual y explotación, secuestros, así como sometidas a extorsión o víctimas de violencia en el hogar.
También hubo quienes aseguraron que emigraron porque las personas encargadas de su cuidado habían muerto.
DERECHOS DE PAPEL
HRW recordó que por ley México ofrece protección a las y los refugiados, así como a otras personas que podrían afrontar amenazas contra su vida o seguridad si regresan a sus países, pero los mismos datos oficiales refieren que menos de 1 por ciento (sin desagregar por sexo) de las niñas, niños y adolescentes detenidos por Migración en México son reconocidos como refugiados.
Y es que aunque “sobre el papel, la ley y los procedimientos mexicanos reflejan, en muchos aspectos, las normas internacionales”, HRW detectó “grandes discrepancias entre la ley de México y la forma en que se aplica”.
Las reglas son claras: las normas internacionales exigen una audiencia justa para cada solicitud de refugio; la evaluación de las solicitudes presentadas requiere tomar en cuenta el interés superior de la infancia; y las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados deben recibir representación legal u otro tipo de asistencia.
Los agentes de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración (INM) deben evaluar las necesidades de la infancia migrante, y la Ley de Migración de México exige que las y los menores de edad sean referidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Esa misma ley obliga a cualquier funcionario del INM o del gobierno que reciba una solicitud verbal o por escrito de asilo de una persona migrante de cualquier edad, a remitirla a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Además, las y los migrantes de cualquier edad que son víctimas de delito grave en México también pueden solicitar al INM una visa humanitaria
HRW encontró que niñas y niños que podrían cumplir los criterios para recibir asilo, afrontan múltiples obstáculos a la hora de presentar su solicitud cuando son detenidos por el INM. El obstáculo tal vez más desafiante, dijo la organización, es la práctica de someter a todas las niñas y niños migrantes a condiciones carcelarias.
En total, más de 35 mil niñas y niños en 2015 estaban detenidos en centros migratorios, más de la mitad no acompañados, pero incluso aquellos que llegaron al DIF estaban en condiciones de detención, ya que no asisten a la escuela, carecen de visitas supervisadas a jardines, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad.
Y a menos que necesiten atención médica especializada, permanecen en los refugios las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La detención, dijo HWR, es especialmente problemática para quienes quieren solicitar la condición de refugio, ya que –según los testimonios– los agentes del INM amenazan con que la solicitud de asilo significa la prolongación de su detención.
Otra dificultad es que los agentes del INM no informan a las y los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados; además, las autoridades no evalúan adecuadamente para determinar si sus solicitudes de asilo son viables; no dan asesoría jurídica u otro tipo de asistencia; y los procesos de resolución de las solicitudes no están diseñados en el interés superior de la infancia.
MÉXICO RECIBIÓ APOYO DE EU
Como señalaron activistas en 2015, HRW confirmó que el apoyo del gobierno de EU a la capacidad de México de aplicar medidas de control a la migración aumentó después de mediados de 2014, cuando empezó a llegar al país vecino un número sin precedente de menores de edad no acompañados y familias con niñas y niños desde Centroamérica.
Lo que incluso derivó en que el secretario de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, elogiara al gobierno de México por tomar “medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a EU”, y también en que las aprehensiones por parte del país del norte disminuyeran mientras que las detenciones en México aumentaron.
HRW enfatizó que la devolución de niñas y niños que experimentan violencia en sus países de origen incumple también las obligaciones de México para proteger a la infancia.
Si bien HRW buscó entrevistarse con altos funcionarios en México para su investigación, éstos no respondieron la solicitud, pero ayer el INM reviró en redes sociales que no recibe recursos económicos de ningún tipo de organismo o dependencia, nacionales o extranjeras.
El instituto aseguró que a través de los Oficiales de Protección de la Infancia prioriza la seguridad de las y los menores de edad, a quienes rescatan y dan el “retorno asistido” (no así refugio), y les ofrece un trato humanitario.
A contrapelo de los testimonios y de los organismos civiles, el INM también aseguró que todas las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros “rescatados” son canalizados al DIF y se les ofrece refugio, alimento y comunicación.
También argumentó que es su prioridad la reunificación familiar, con especial atención de las y los menores de edad que viajan no acompañados, y pidió que se realice “una valoración objetiva” de lo que está sucediendo en países en donde se origina la migración.
En el informe “Puertas cerradas. El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central”, HRW señaló que el gobierno mexicano dificulta el acceso a refugio para las y los niños migrantes, además de que propicia su detención en estaciones migratorias, en lugar de procurarles cobijo adecuado, lo que contraviene el principio de interés superior de la niñez, establecido en leyes nacionales y en diversos tratados internacionales.
Además, HRW sugirió, como han acusado aquí grupos civiles, que Estados Unidos “apoyó” económicamente a México para que detuviera el cruce de niñas y niños migrantes, lo que propició que en 2015 más de 35 mil personas menores de edad fueran detenidas en los centros migratorios del país.
NIÑAS HUYEN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
La organización internacional recordó que en los países del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), la violencia de pandillas (“maras”) persigue desde hace más de 10 años a niñas, niños y adolescentes, quienes se ven orilladas a viajar a México en busca de seguridad.
En Honduras, más de 400 personas menores de 18 años murieron en la primera mitad de 2014, la mayoría víctimas de la violencia pandillera, quienes las presionan incluso para que se unan a las “maras” bajo amenazas de daño físico, muerte o contra su familia.
Las niñas y mujeres adolescentes afrontan en mayor medida la violencia sexual y el acoso por parte de miembros de las pandillas, explicó HRW.
El organismo constató con testimonios que las personas menores de edad salieron de sus países hacia México por razones de seguridad, luego de que fueran presionadas para unirse a la “maras”, amenazadas con violencia sexual y explotación, secuestros, así como sometidas a extorsión o víctimas de violencia en el hogar.
También hubo quienes aseguraron que emigraron porque las personas encargadas de su cuidado habían muerto.
DERECHOS DE PAPEL
HRW recordó que por ley México ofrece protección a las y los refugiados, así como a otras personas que podrían afrontar amenazas contra su vida o seguridad si regresan a sus países, pero los mismos datos oficiales refieren que menos de 1 por ciento (sin desagregar por sexo) de las niñas, niños y adolescentes detenidos por Migración en México son reconocidos como refugiados.
Y es que aunque “sobre el papel, la ley y los procedimientos mexicanos reflejan, en muchos aspectos, las normas internacionales”, HRW detectó “grandes discrepancias entre la ley de México y la forma en que se aplica”.
Las reglas son claras: las normas internacionales exigen una audiencia justa para cada solicitud de refugio; la evaluación de las solicitudes presentadas requiere tomar en cuenta el interés superior de la infancia; y las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados deben recibir representación legal u otro tipo de asistencia.
Los agentes de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración (INM) deben evaluar las necesidades de la infancia migrante, y la Ley de Migración de México exige que las y los menores de edad sean referidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Esa misma ley obliga a cualquier funcionario del INM o del gobierno que reciba una solicitud verbal o por escrito de asilo de una persona migrante de cualquier edad, a remitirla a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Además, las y los migrantes de cualquier edad que son víctimas de delito grave en México también pueden solicitar al INM una visa humanitaria
HRW encontró que niñas y niños que podrían cumplir los criterios para recibir asilo, afrontan múltiples obstáculos a la hora de presentar su solicitud cuando son detenidos por el INM. El obstáculo tal vez más desafiante, dijo la organización, es la práctica de someter a todas las niñas y niños migrantes a condiciones carcelarias.
En total, más de 35 mil niñas y niños en 2015 estaban detenidos en centros migratorios, más de la mitad no acompañados, pero incluso aquellos que llegaron al DIF estaban en condiciones de detención, ya que no asisten a la escuela, carecen de visitas supervisadas a jardines, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad.
Y a menos que necesiten atención médica especializada, permanecen en los refugios las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La detención, dijo HWR, es especialmente problemática para quienes quieren solicitar la condición de refugio, ya que –según los testimonios– los agentes del INM amenazan con que la solicitud de asilo significa la prolongación de su detención.
Otra dificultad es que los agentes del INM no informan a las y los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados; además, las autoridades no evalúan adecuadamente para determinar si sus solicitudes de asilo son viables; no dan asesoría jurídica u otro tipo de asistencia; y los procesos de resolución de las solicitudes no están diseñados en el interés superior de la infancia.
MÉXICO RECIBIÓ APOYO DE EU
Como señalaron activistas en 2015, HRW confirmó que el apoyo del gobierno de EU a la capacidad de México de aplicar medidas de control a la migración aumentó después de mediados de 2014, cuando empezó a llegar al país vecino un número sin precedente de menores de edad no acompañados y familias con niñas y niños desde Centroamérica.
Lo que incluso derivó en que el secretario de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, elogiara al gobierno de México por tomar “medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a EU”, y también en que las aprehensiones por parte del país del norte disminuyeran mientras que las detenciones en México aumentaron.
HRW enfatizó que la devolución de niñas y niños que experimentan violencia en sus países de origen incumple también las obligaciones de México para proteger a la infancia.
Si bien HRW buscó entrevistarse con altos funcionarios en México para su investigación, éstos no respondieron la solicitud, pero ayer el INM reviró en redes sociales que no recibe recursos económicos de ningún tipo de organismo o dependencia, nacionales o extranjeras.
El instituto aseguró que a través de los Oficiales de Protección de la Infancia prioriza la seguridad de las y los menores de edad, a quienes rescatan y dan el “retorno asistido” (no así refugio), y les ofrece un trato humanitario.
A contrapelo de los testimonios y de los organismos civiles, el INM también aseguró que todas las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros “rescatados” son canalizados al DIF y se les ofrece refugio, alimento y comunicación.
También argumentó que es su prioridad la reunificación familiar, con especial atención de las y los menores de edad que viajan no acompañados, y pidió que se realice “una valoración objetiva” de lo que está sucediendo en países en donde se origina la migración.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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